Por Karlyng Silva Leal

Oriunda de Valparaíso y con más de siete años de experiencia en distintas unidades de la región, la prefecta inspectora Claudia Chamorro ya cumplió un mes y medio a cargo de la Región Policial del Biobío, periodo que no ha estado exento de contingencias, marcando el apoyo que la institución ha estado brindando de forma paralela a la continuidad de diversas indagatorias.

Como primera mujer que lidera la zona policial local, la prefecta inspectora destacó la importancia de abrir estos caminos para que más mujeres se atrevan. "Considero que la PDI ha sido pionera incorporando mujeres como policías y detectives, esa apertura está hace muchos años y cada vez son más las interesadas en formar parte de la institución, parte de ello es el alto ingreso que tenemos a la Escuela de Investigaciones Policiales", planteó.

Esto también fue mencionado durante su cuenta pública hace una semana, instancia en la que se relevó que la zona cuenta con 280 mujeres en el cuerpo de detectives, pero también apuntando a los lineamientos que han sido determinados a nivel nacional para enfocar el trabajo de la institución en la migración, fortalecer la investigación criminal a través de tecnologías y la articulación interinstitucional.

"Biobío tiene tres grandes provincias, con un despliegue territorial y especialización en muchas áreas como los homicidios, robos, delitos sexuales (...) La PDI tiene que prospectar escenarios criminales, nos adaptamos a lo que está sucediendo, a la dinámica delictual del entorno; esto obliga a la profesionalización, especialización y capacitación permanente de nuestro personal, así las investigaciones tienen todo lo necesario para que el Ministerio Público pueda realmente hacer justicia a través de fallos condenatorios", planteó la jefa regional.

-¿Qué lineamientos se están implementando en la zona a nivel institucional?

-En términos generales, se apunta a la fiscalización masiva de extranjeros bajo una lógica investigativa y de análisis del fenómeno para conocerlos, no solo desde el punto de vista estadístico; poder determinar quienes son las personas que están en la ciudad, qué están haciendo y por qué están acá. La migración nunca ha sido un delito, es un derecho humano, entonces hay que verlo desde el aporte intercultural y eso es lo que estamos potenciando al tener estos registros regulados para saber en qué condición están en nuestra región.

Además de eso, el llamado es a fortalecer la investigación criminal, dotar a los laboratorios de criminalística con nuevas e innovadoras tecnologías y especialización científica que permita robustecer los resultados investigativos. También adaptarnos al modelo de persecución penal que tiene el Ministerio Público, que sin duda tiene varios desafíos que tenemos que trabajar y en el cual la coordinación y el trabajo interinstitucional con todos los actores que formamos parte del aparataje de seguridad es tremendamente relevante.

-Hoy parte de los delitos complejos que tiene la región son los homicidios. ¿Cómo han estado abordando estas investigaciones?

-A propósito del plan Calle Sin Violencia, como institución tenemos un equipo que está trabajando junto a la Brigada de Homicidios, específicamente en aquellos delitos que no presentaban resultados o no tenían un imputado conocido. Pero también se mantiene el trabajo con las distintas unidades territoriales, con distintos enfoques y reajustando la estrategia que debe ser sometida a análisis para ver si da o no resultado; y en estos momentos estamos trabajando transversalmente para optimizar el recurso humano y conseguir resultados positivos.

No obstante, no tener un imputado identificado complejiza los casos, las investigaciones hoy demandan un abordaje mucho más científico, de mucho análisis criminal y en ese contexto están siendo de más largo aliento. Esto es lo que a veces las personas no están muy dispuestas a esperar, porque obviamente se ven afectadas, pero los casos se van sumando y es una dinámica que no tiene freno.

Cuenta pública

Durante la cuenta pública realizada la semana pasada a nivel regional, la institución dio cuenta de que en todo el 2023 recibieron 11.064 órdenes de investigar y 10.359 órdenes de detención, contabilizando a un total de 3.496 personas efectivamente aprehendidas. Así también, en el último año se mantuvieron 16 grupos de investigación para abordar focos criminales, de estos 7 estuvieron concentrados en la Provincia de Concepción, 5 en Arauco y 4 en Biobío.

El grupo Microtráfico Cero (MT0) ha logrado concretar 728 procedimientos entre el año pasado y este, deteniendo a 697 personas e incautando 523 mil dosis de diferentes drogas. Estos equipos recibieron 127 denuncias ciudadanas, decomisaron 63 armas de fuego y realizaron 198 operativos en sectores cercanos a establecimientos educacionales.

La Brigada Antinarcóticos realizó 192 investigaciones y 198 procedimientos, deteniendo a 289 personas por delitos asociados a la ley de drogas. Las sustancias incautadas entre el 2023 y 2024 fueron avaluadas en más de $3 mil 300 millones, siendo la gran mayoría cannabis sativa (311 kilos); seguida por cocaína base (83 kilos) y clorhidrato de cocaína (14 kilos), también decomisaron 52 armas.

Por otra parte, la Brigada de Investigaciones Policiales Especiales (BIPE) desarrolló 469 causas y efectuó 40 procedimientos con un total de 116 detenidos y 24 armas incautadas. Los detectives de Cibercrimen Concepción desarrollaron 158 investigaciones por pornografía infantil y 87 por delitos informáticos. Desde Migraciones y Policía Internacional controló a más de 28 mil extranjeros y denunció a 4.048 por comisión de delitos, ingreso clandestino o exceder plazos en sus documentos.

En un fallo unánime, el Tribunal Oral en lo Penal de Los Ángeles condenó al gendarme Carlos Contreras Villa a 20 años de cárcel como autor del homicidio calificado de su colega, Milton Sandoval Rubillot, hechos ocurridos en noviembre del 2021 en la comuna de Mulchén.

Al finalizar el juicio, el tribunal dio por acreditado que cerca de las 7:30 horas de la mañana del 23 de noviembre, la víctima conducía rumbo a Angol desde Los Ángeles y que en la localidad de Coihue en Negrete se detuvo a un costado de la carretera donde Contreras Villa lo esperaba. Este último subió al vehículo y agredió a la víctima con un arma blanca en el rostro, cuello, brazos y tórax.

Aunque la víctima intentó huir con un bolso, el condenado lo alcanzó y le dio nuevas estocadas, causándole la muerte por un traumatismo cérvico - toráxico complicado.

La jueza de Los Ángeles, Katy Videla, indicó que "el tribunal consideró la extensión del mal causado, ello en relación a las circunstancias de comisión del delito, esto es la premeditación conocida, la alevosía y la extrema violencia y crueldad ejercida por el acusado al cometer el crimen, para posteriormente darse a la fuga, por lo que se fijó la pena en el máximo legal e, incluso, por sobre lo pedido por la Fiscalía, accediendo a la petición de pena de la parte querellante".

Además, el tribunal acogió la demanda civil que solicitaba una indemnización por el daño moral causado, ordenando a Contreras Villa pagar $50 millones a la viuda y a la hija de la víctima, respectivamente.

Una vez que el fallo quede ejecutoriado, el tribunal dispuso que se proceda a la toma de muestras biológicas del sentenciado para determinar su huella genética e incorporación en el registro nacional de ADN de condenados.

La Corte de Apelaciones de Concepción acogió el recurso de protección presentado por vecinos de los sectores Boca Sur, Michaihue y Candelaria, quienes recurrieron a la justicia para movilizar la acción de las autoridades locales ante los efectos que la congestión vial ha generado en el diario vivir de los residentes.

En el recurso de amparo, los vecinos sostienen que desde marzo del año pasado la congestión vehicular en San Pedro de l Paz en torno a la ruta 160 y la Avenida Pedro Aguirre Cerda ha alcanzado niveles críticos, generando nuevos y graves trastornos e impactos a la vida de las personas que circulan y habitan el sector.

Entre estos se mencionan las dificultades diarias para desplazarse por los acceso a las avenidas Michaihue y Daniel Belmar, amenazando la seguridad, integridad física y salud de las personas sin existir medidas que solucionen o mitiguen los problemas.

La delegada regional, Daniela Dresdner, indicó que "con el plan Más Movilidad hemos estado avanzando en los temas de conectividad, donde San Pedro es una de las preocupaciones más relevantes. Lo que se ha hecho respecto al perímetro de exclusión (...) y también todas las medidas para ayudar al flujo del tránsito van en esa misma línea".

No obstante, el fallo de la Corte ordenó a las diversas autoridades coordinar sus funciones para dar una solución al conflicto y en un plazo de 30 días informar al tribunal de alzada sobre los avances de este trabajo.