Por Nicolás Álvarez Arrau

A través del royalty minero, iniciativa apoyada por el Ejecutivo que modifica los impuestos que pagan las grandes empresas del sector y que establece la distribución de mayores recursos a gobiernos regionales y municipios de todo el país, gran parte de las administraciones comunales de la Región recibieron recientemente un total de $7.348 millones, monto que corresponde al 50% de lo que obtendrán en 2025. En el caso del Gobierno Regional del Biobío, este año se incorporaron al presupuesto $8.997 millones por este concepto, lo que aumentará a cerca de $18.000 millones el año próximo.

"Esta inyección de recursos es muy importante para la Región, pues permite financiar iniciativas que habilitan proyectos que apuntan al desarrollo productivo, la promoción de la investigación científica y tecnológica, en línea con la Estrategia Regional de Desarrollo y fomento de las actividades productivas", plantean desde el Gore. Desde allí insisten en que "hemos podido financiar distintas obras civiles en las 33 comunas de la Región y programas FIC en alianza con universidades regionales, que posibilitan buscar la solución a distintas problemáticas que se presentan en el Biobío", algo a lo que se suman planes de fomento ejecutados por Fosis, entre otras acciones.

Desde el organismo explican, eso sí, que si bien se trata de un incremento a las arcas regionales, parte del fondo proveniente del royalty fue agregado al FNDR, "compensando la subida del royalty y quedando la suma final más menos en los mismos montos proyectados".

Mirada de los consejeros

Aunque la distribución de los recursos es un tema que aún no se ha tratado, parte de los consejeros regionales consultados creen que hay aspectos cruciales que requerirán ser atendidos por medio de estos fondos. La presidenta de la comisión de Fomento Productivo, Brenda Vigueras, cree que la prioridad tiene que estar puesta en la materialización de instrumentos públicos para el desarrollo económico local, ya sea para la pequeña, mediana y gran industria, sobre todo en atención a que hoy la Región ha visto cómo muchas empresas son cerradas.

"Muchos aserraderos y otras firmas están siendo cerradas, por lo que tenemos una mano de obra que está quedando rezagada. Hay un daño en la empleabilidad, con cifras de cesantía que aumentarán en la zona, y eso es doloroso", dice la consejera, quien agrega que los dineros deben apuntar a desarrollar nuevos emprendimientos y negocios que, a su juicio, podrían relacionarse al ámbito del turismo, "que tiene un polo de desarrollo bastante importante en la Región".

Su par Luis Santibáñez, expresidente de las comisiones de Fomento Productivo y Presupuesto, advierte que en primer lugar hay que evitar que los fondos se destinen a programas de inversión de transferencia de terceros, "que pueden revertir problemas desde el punto de vista de la ejecución y de la rentabilidad". Para ello, ve como una buena alternativa invertir en ciencia, tecnología, innovación y fomento productivo, "caminos que multiplican los recursos del Estado, en especial si tenemos en consideración que son platas que vienen de impuestos específicos de la minería que tiene factores de fomento productivo, innovación y desarrollo".

"Por lo tanto, en esta región hay que hacer la apuesta con la proporción local en ese mismo orden, es decir, darle un buen destino a los recursos mediante la innovación, y ahí se pueden trabajar materias asociadas a madera, pesca, servicios, transformación digital o apoyo a medianas y grandes empresas en contratación de mano de obra, desarrollo industrial tecnológico o maquinarias. Todo lo que genere rentabilidad", aventura.

Tanto Vigueras como Santibáñez esperan que el gobernador Rodrigo Díaz desarrolle una propuesta de inversión que considere la opinión de los consejeros. La idea es que pueda estar lista este primer semestre, a fin de dar tiempo a la ejecución presupuestaria de la segunda parte del año.

Luego de ocho días, las trabajadoras eventuales de Puerto Coronel depusieron la huelga de hambre que iniciaron el pasado 30 de mayo. Esto, después de acusar incumplimientos en los acuerdos por parte de la empresa.

Las cinco mujeres buscaban que se les devolvieran los puestos de trabajo, así como también que se retiraran las querellas que la firma puso en contra de un grupo de estibadores. Cabe recordar que las portuarias indicaron que sólo depondrían la huelga si el gerente general del puerto (Patricio Román) era retirado de su cargo.

Según explicó el presidente del sindicato 1 de trabajadores eventuales, Raúl Cabeza, la razón de la baja de la medida se debió a problemas de salud de las trabajadoras, quienes fueron derivadas a centros asistenciales.

Por su parte, el alcalde de Coronel Boris Chamorro, instó a continuar las mesas de diálogo para "llegar a un buen entendimiento de ambas partes".

Los trabajadores esperan que la mesa entre la empresa, eventuales y autoridades se retome este lunes.

Con la instalación de transmisores satelitales solares en patos jergón grande (Anas georgica) en la Región del Biobío, el Servicio Agrícola y Ganadero (SAG) continúa su trabajo de seguimiento de las rutas y elaboración de mapa de dispersión espacial de aves silvestres. Este es un proyecto que busca conocer el movimiento de estas especies silvestres y así establecer un mapa de riesgo en el contexto de la emergencia por influenza aviar de alta patogenicidad.

La iniciativa permitirá conocer las rutas de vuelo, las zonas de nidificación y concentración de aves silvestres, así como su georreferenciación. El trabajo ayudará a establecer un mapa de riesgo de influenza aviar asociado al contacto que estas aves tienen con aves de traspatio, centros de producción intensiva y áreas de concentración de avifauna.

Alexis Zepeda, jefe de la División de Protección de los Recursos Naturales Renovables del SAG, señaló que los dispositivos, instalados en forma similar a una mochila, transmiten señales a los satélites ARGOS, permitiendo geolocalizar a las aves en cada paso satelital.

El director regional de la entidad, Roberto Ferrada, destacó los esfuerzos realizados en los cuerpos de agua situados dentro de un radio de 10 kilómetros de algunas avícolas industriales de relevancia, como la laguna Trupán, "con el objetivo de identificar qué planteles pueden tener mayor o menor riesgo. Es importante recordar que nuestra Región fue severamente afectada por la influenza aviar".