Por Agencias/Redacción

El Presidente Gabriel Boric anunció ayer el envío de una nota de protesta a Venezuela por las declaraciones de su fiscal general, Tarek William Saab, que el miércoles apuntó a los servicios de inteligencia de nuestro país como supuestos responsables del crimen del exmilitar antichavista Ronald Ojeda, en febrero pasado en Santiago.

"Instruí al canciller presentar una nota de protesta (...) Chile es un país serio, donde las instituciones funcionan, donde hay separación de poderes, donde el Ministerio Público está llevando una investigación seria y responsable", indicó el mandatario.

Boric dijo que "los comentarios del fiscal venezolano dan cuenta efectivamente de que no hay voluntad adecuada para resolver un caso que es tremendamente complejo" y aseguró que "vamos a insistir en todas las instancias sin ingenuidad para que esto cambie y vamos a adoptar todas las medidas que estén a nuestro alcance" para dar con los responsables del crimen.

"Cuando se insulta, se denigra o se pone en cuestión a las instituciones de nuestro país, lo que tenemos que hacer es actuar con mucha claridad y firmeza", indicó el gobernante, que rechazó sin embargo romper relaciones diplomáticas con Caracas como exige la oposición.

Ojeda, disidente del Gobierno de Nicolás Maduro y asilado político en Chile, fue secuestrado el pasado 21 de febrero en la capital y sus restos fueron hallados diez días después en una toma de la periferia, sepultados debajo de un bloque de cemento y adentro de una maleta.

La Fiscalía vinculó en abril el crimen con la banda criminal Tren de Aragua, nacida en una cárcel venezolana y extendida por Chile, Perú, Colombia y Bolivia, y pidió apoyo a las autoridades venezolanas para esclarecer los hechos.

Dichos inesperados

Hasta el momento, solo hay un joven venezolano detenido, pero hay otros dos sospechosos con órdenes de detención, que las autoridades creen que están en Venezuela.

El fiscal general de Venezuela, Tarek William Saab, aseguró el miércoles que el crimen de Ojeda fue una operación para "enturbiar" las relaciones entre ambos países, en la que participaron cuerpos de inteligencia chilenos y extranjeros "con intereses espurios", al tiempo que rechazó que los dos sospechosos vayan a ser extraditados a Chile en caso de ser detenidos.

También remarcó que el gobierno chileno "no ha querido facilitar información que permita la localización de los sospechosos, que dicen ellos, estarían en Venezuela".

El caso lleva meses generando fricciones entre ambos países y acusaciones de falta de cooperación por parte de Chile hacia Venezuela.

Boric ya llamó a consultas el pasado 11 de abril al embajador en Caracas, Jaime Gazmuri, que retomó sus funciones diplomáticas unos día después.

"Lo importante es que se sepa la verdad y que haya justicia. En eso yo confío plenamente en las instituciones chilenas", agregó Boric.

Otros organismos

La ministra del Interior, Carolina Tohá, también respondió a las declaraciones del chavismo sobre el homicidio de Ronald Ojeda.

"El país primero va a seguir insistiendo con Venezuela, porque Venezuela tiene compromisos en esta materia. Cuando se es parte de organismos internacionales, hay acuerdos bilaterales en esta materia, hay participación en Interpol, pero vamos además a recurrir a organismos multilaterales, y en esos foros vamos a llevar el punto de vista de Chile", aseguró Tohá.

"Del punto de vista de cómo trabajamos en Chile, nos parece totalmente inadecuado que autoridades de Chile, o con mayor razón de otro país, planteen mediáticamente sospechas respecto a causas de esta naturaleza. Esa no es la forma seria en que se enfrenta una investigación y vamos a hacer saber esa molestia de Chile, y también la exigencia a que Venezuela colabore en el hallazgo de estas personas sospechosas por todas esas vías".

Sobre una medida diplomática más drástica, como romper relaciones con Caracas, la jefa del gabinete explicó que "romper relaciones suele prestar muy poca utilidad a los objetivos del país. Sin embargo, eso no quiere decir que nuestro único vehículo sean las notas de protesta".

El gobierno, a través de la ministra del Interior, Carolina Tohá, llamó ayer a la Fiscalía y al Poder Judicial a analizar las "falencias" que permitieron que cinco miembros del Tren de Aragua quedaran en libertad luego de que el Tribunal de Garantía de Los Vilos revocara su prisión preventiva y se decretara su arresto domiciliario, más de una caución de cinco millones de pesos por cada uno.

El miércoles en la noche, la Corte de Apelaciones de La Serena ordenó mantener la prisión preventiva para los imputados, pero ya estaban en libertad y solamente uno se entregó a la PDI en Los Vilos.

A todos se les imputan delitos de asociación ilícita, secuestro y robo con intimidación.

Cuando fueron enviados a prisión preventiva en 2023, se les formalizó por lo menos por tres casos de secuestro.

"La policía ya tiene más o menos identificado dónde estarían" los prófugos, aseguró la ministra Tohá y además comentó que "los organismos que participaron de esa audiencia (Fiscalía y Poder Judicial) corresponde que hagan la evaluación de cómo cada una de estas instituciones actuó".

La titular de Interior añadió que "como Gobierno expresamos nuestra preocupación por decisiones de este tipo cuando se trata de grupos criminales que tienen los antecedentes que tenía este y de personas que, en casos similares, han tenido comportamientos de fuga".

"Nos preocupa y nos sorprende que en un caso en que tan evidentemente iba a pasar esto, se tome una decisión de este tipo. Ahí ciertamente hubo falencias que tendrán los organismos que evaluar", dijo Tohá.

El fiscal regional de Coquimbo, Patricio Cooper, ordenó una investigación administrativa en la Fiscalía de Los Vilos por lo sucedido en la audiencia de revisión de cautelares donde se dejó en libertad a los delincuentes.

La Corte Suprema declaró como admisible el recurso con el que el líder de la Coordinadora Arauco Malleco (CAM), Héctor Llaitul, busca anular la condena a 23 años de cárcel a la que fue condenado por delitos de incitación y apología a la violencia, usurpación violenta, hurto de madera y atentado a la autoridad.

La Corte Suprema deberá determinar ahora, sin un plazo aún establecido, si acoge o rechaza la solicitud judicial presentada por Llaitul, que pretende anular el juicio en su contra y por el cual el dirigente mapuche inició el pasado lunes una huelga de hambre en la cárcel de Concepción.

A través de un comunicado, "exigió" la revisión de su caso por parte del máximo tribunal chileno, apuntando a la aplicación de la Ley de Seguridad Interior del Estado en su contra como a "la utilización de testigos protegidos para el logro de una larga e injusta condena".

Llaitul pidió "condiciones carcelarias dignas y de respeto a los derechos humanos de los presos políticos mapuche" y "la libertad" de sus hijos Ernesto y Pelentaro Llaitul, ambos en prisión preventiva e imputados por diversos delitos, en causas separadas, en las regiones del Biobío y La Araucanía.

De 56 años, el dirigente condenado dirige la CAM, órgano de carácter terrorista que reivindica periódicamente ataques incendiarios y armados en el sur del país.

Su detención y posterior encarcelamiento se enmarcan en una investigación abierta en 2020 por el Gobierno del hoy fallecido Sebastián Piñera, tras la presentación de una querella por unas polémicas declaraciones de enero de ese año mientras se juzgaba a otro militante de la CAM.

En julio de 2022, pocas semanas antes de ser detenido y ya bajo la administración del presidente Boric, el Gobierno decidió ampliar la querella.