Por Felipe Cuevas Mora

Durante la última semana, tres proyectos clave para el Gran Concepción obtuvieron la recomendación satisfactoria (RS) que asigna el Ministerio de Desarrollo Social a las iniciativas que se buscan financiar con dineros públicos: el electrocorredor de transporte de la ruta 160, el mercado y puente Perales de Talcahuano.

Dicha recomendación proviene del resultado del análisis técnico económico (Rate), proceso a través del cual el Sistema Nacional de Inversiones verifica la validez de la alternativa de solución a un problema que puede generar en un periodo de tiempo determinado.

Según datos recogidos por este medio desde los registros de Desarrollo Social, la Región del Biobío cuenta actualmente con 526 proyectos con RS para este año, que se elevan a un monto de $2,7 billones: de dichos montos, $642 mil millones se solicitaron ejecutar este año.

El área que concentra una mayor inversión es Transporte ($1,5 billones aprobados como monto total y $298 mil millones en ejecución este año), y del total de montos aprobados $1,6 billones están destinados para la ejecución de proyectos, otros $939 mil millones para estudios de perfil y diseños.

Solo este año se han asignado más de 271 recomendaciones satisfactorias a iniciativas que suman una inversión de un billón de pesos; en el caso de los proyectos vía FNDR se han aprobado 143 iniciativas que suman una inversión de $242 mil millones.

Entre los proyectos que concentran una mayor inversión aprobada están el puente Ferroviario ($228 mil millones), la normalización de la tercera etapa del Hospital las Higueras ($202 mil millones), la construcción de la planta de isomerización de la Refinería Biobío ($180 mil millones), la ampliación del servicio ferroviario de la línea 2 del Biotrén ($156 mil millones y la reposición de la ruta P-70 Peleco-Tirúa ($117 mil millones).

Dinamizar procesos

El seremi de Desarrollo Social Hedson Díaz explicó que la entrega de la recomendación satisfactoria para cada uno de los proyectos contempla que "tenga rentabilidad social, un equilibrio entre la inversión pública y el beneficio que va a tener. Nuestra misión es cuidar los recursos públicos, y al aprobar los proyectos se busca que tenga pertinencia en el territorio, un impacto relevante y favorezca la calidad de vida de las personas".

Junto a ello, cuenta que una de las labores centrales que se ha realizado en los últimos meses apunta a acortar los plazos de entrega de RS, pasando en algunos casos de seis u ocho meses a solo 15 días hábiles: "La superintendencia de Evaluación Social nos dio la tarea de acortar los plazos para la revisión, obtener las observaciones y aprobaciones en menor tiempo, 15 días hábiles. Esto nos permite desmitificar que siempre se decía que el problema estaba en Desarrollo Social, pero estamos acortando plazos con la modernización de procesos".

"Tuvimos que mejorar estándares internos, revisar procesos permanentemente, revisar exigencias internas y eso permite que tengamos un sistema robusto con mucha experiencia", añade.

Labor intesectorial

Díaz también destacó la coordinación intersectorial que ha permitido acortar plazos, apurar la tramitación y así iniciar los procesos de licitación.

"Permanentemente estamos revisando los puntos críticos a nivel intersectorial, reuniéndonos con las carteras, municipios o el Gobierno Regional. Fruto de eso es la participación en el comité de seguimiento de inversión pública, donde se trabaja con los equipos técnicos y eso permite resolver dificultades que surgen día a día, además de la revisión permanente a nivel de permisología", dijo el seremi de Desarrollo Social.

Junto a ello, aclaró que la labor de la cartera llega hasta la entrega de las RS, ya que los servicios ejecutores son los que financian los proyectos.

"Permitimos que la ejecución continúe, y ahí cada sector debe gestionar los recursos que permiten las licitaciones y darán cuenta del trabajo formal. Acá determinamos que al inversión pública sea acorde y con equilibrio en el gasto fiscal, ese es nuestro propósito y siempre llamamos a que los sectores que ingresan proyectos cuenten con las garantías de que tendrán los recursos", complementó.

1,5 billones de pesos concentra el área de transporte, la que concentra mayor aprobación presupuestaria

Al observar el detalle de las instituciones que más recursos han aprobado técnicamente para luego iniciar las inversiones, destacan la Dirección de Vialidad del Ministerio de Obras Públicas con $530 mil millones, seguida por la Empresa de Ferrocarriles del Estado con $529 mil millones, la Seremi de Vivienda con $457 mil millones, el Servicio de Salud Talcahuano con $230 mil millones y la Refinería Petróleo Biobío con $226 mil millones.

Varias de ellas agrupan varios proyectos y destacan entre las principales ejecutoras de obras en el Biobío.

A inicios de la próxima semana, la Universidad del Bío-Bío (UBB) espera relicitar el proyecto que contempla la construcción del Planetario Regional, el segundo y más austral del país.

Esto, luego de que el 9 de mayo pasado se declarara inadmisible el primer proceso abierto en Mercado Público dos meses antes: en concreto, y según da cuenta el acta universitaria, la única empresa que ofertó para realizar los trabajos propuso un 47% más del presupuesto inicialmente destinado ($6.200 millones).

En concreto, la empresa UTP Suizcorp SPA -integrada por las empresas Suizcorp SPA, Patagonstar SPA y Evans and Sutherland Computer Corporation- ofertó un total de $7.449 millones para desarrollar en 699 días las obras en el campus Concepción.

Pese a cumplir con la documentación requerida y las puntuaciones, la comisión evaluadora indicó en el informe que "la oferta sobrepasa aproximadamente un 46,79% (más del 20% del presupuesto comprometido por el Gobierno Regional), por lo que esta comisión estima que la licitación pública sea declarada inadmisible, considerando que la oferta presentada supera los fondos disponibles, salvo mejor parecer de la autoridad contratante".

Consultada la casa de estudios, indicaron que la situación representa un motivo de preocupación, y que a inicios de la próxima semana se iniciará un nuevo proceso de licitación para adjudicar las obras.

El coordinador institucional del proyecto, Erik Baradit explicó que "esperamos que haya más de un empresa que postule y se interese en desarrollar este proyecto".

Fuentes de este medio indicaron que, en caso de no prosperar una segunda licitación, la estatal buscará abrochar el contrato por medio de un trato directo.

El proyecto tendrá dos niveles, en los que se distribuirán espacios para exposiciones, auditorio, talleres de laboratorio, bodega y archivo y la sala principal con sistema de proyección de video y audio, además de dependencias de administración y servicios.

La exsenadora Jacqueline van Rysselberghe informó que hoy viernes dejará de cumplir labores como siquiatra forense en el Servicio Médico Legal (SML), a un mes de haber iniciado funciones y luego de que se cuestionara el informe realizado a Juan Otárola, condenado por violación a los Derechos Humanos en dictadura, donde estableció que él se encontraba con enajenación mental y debería cumplir en su casa su pena de 15 años en prisión por la Matanza de Laja San Rosendo.

Dichos cuestionamientos llevaron al SML a realizar un sumario administrativo y al ministro en visita Carlos Aldana a solicitar un nuevo peritaje debido a "que de lo reflexionado se colige que la perito debió inhabilitarse para realizar la pericia encomendada y al no hacerlo, se acoge la tacha respectiva, restándole toda validez, debiendo, en consecuencia, designarse un nuevo perito para realizar su cometido", según se lee en el escrito emitido por la Corte de Apelaciones.

Van Rysselberghe explicó que su salida se da en medio de los cuestionamientos, y señaló a Radio Biobío que "conversé telefónicamente con el director regional del SML, le planteé mi posición y mañana voy a hacerlo formalmente, en presencia, para poder ir a entregar las claves y todo lo que corresponde".

"Nunca pensé que iba a generar toda esta polémica y situación que me parece que no tiene ningún sentido", añadió.

Durante la tarde de ayer, equipos de la Brigada de Delitos Económicos de la Policía de Investigaciones realizaron nuevas diligencias en torno a la arista ProCultura del Caso Convenios, que indaga la Fiscalía de Aysén.

En concreto, se requisaron los teléfonos celulares de al menos seis funcionarios del Ministerio de Vivienda y Urbanismo (Minvu), y del Servicio de Vivienda y Urbanización (Serviu) , entre ellos el de la seremi Claudia Toledo, y algunos funcionarios indagados.

Estas diligencias se suman a las realizadas a fines de abril, cuando equipos del Ministerio Público concurrieron a las oficinas públicas de Minvu, Serviu y del Gobierno Regional.

"Estos servicios son fundamentales porque se autorizan y se implementan por estas instituciones", dijo en aquella ocasión el fiscal regional Carlos Palma.