Jadue queda en prisión preventiva y Vallejo pide respetar a la justicia
"No se puede pasar por alto el riesgo que genera su permanencia en el cargo (de alcalde) para el patrimonio de la comuna, entendiendo que esto podría incluso configurar un peligro de reiteración", sostuvo la magistrada.
Durante 120 días permanecerá en prisión preventiva el alcalde de Recoleta y exprecandidato presidencial, Daniel Jadue (PC), mientras es investigado por fraude, cohecho, fraude al fisco reiterado, estafa y delito concursal, vinculado a la Asociación Chilena de Farmacias Populares (Achifarp). La decisión se adoptó luego de cuatro días de formalización, con jornadas que se extendieron hasta por ocho horas y, sin embargo, siempre fue acompañado por adherentes.
"Me juzgan por nuestra gestión transformadora. No hay ni un peso en mi bolsillo, pero me dan la máxima cautelar. Apelaremos a esta medida desproporcionada", fue publicado en la cuenta de X del jefe comunal, minutos antes de ser conducido por gendarmes al vehículo que lo trasladó al Anexo Penitenciario Capitán Yáber, donde han estado otros detenidos por corrupción, como Carlos Alberto Délano y Raúl Torrealba.
La defensa tiene cinco días para apelar a la privación de libertad ordenada por la jueza Paulina Moya, bajo el argumento de que "la libertad de los imputados Jadue y (el exsecretario ejecutivo de Achifarp, José Matías) Muñoz resulta peligrosa para la seguridad de la sociedad".
"No se puede pasar por alto el riesgo que genera su permanencia en el cargo (de alcalde) para el patrimonio de la comuna, entendiendo que esto podría incluso configurar un peligro de reiteración", sostuvo la magistrada.
Entre los argumentos destacó la compra de insumos médicos por $1.384 millones para Achifarp, sin que estos fueran solicitados por los municipios, razón por la que permanecen en bodega, sin uso. Luego se sumaron prótesis auditivas y glucómetros, además de -en plena pandemia -mascarillas y alcohol gel por $20 millones, junto al traspaso de $204 millones a la Universidad de Concepción para fabricar Interferón, medicamento contra el covid-19 que no fue autorizado por el Instituto de Salud Pública (ISP).
"Este tribunal se pregunta si este contrato con (la empresa) Best Quality era tan desventajoso como dicen los imputados, por qué no se ejercieron acciones legales", cuestionó Moya.
Igualdad ante la ley
Antes de anunciar la medida, Moya destacó que "este tribunal no toma en cuenta filiaciones ni ideologías políticas para tomar su decisión. En efecto, nuestra Constitución y nuestro sistema penal establecen como principio básico la igualdad ante la Ley", lo cual "implica que nadie debe recibir un trato preferencial, y que las decisiones judiciales deben basarse únicamente en los hechos del caso, en los antecedentes aportados y en las leyes aplicables, sin considerar factores extralegales".
Esto porque el abogado de Jadue, Ramón Sepúlveda, hace unos días acusó a la Fiscalía de "persecución política" contra su representado. Ayer, agregó que "esta resolución es del todo injusta, desproporcionada, pero además con falta de antecedentes claros respecto a los delitos que se han imputado al alcalde".
La ministra vocera, Camila Vallejo (PC), pidió "respetar la autonomía del Poder Judicial. (...) A todos los partidos, incluso a una alcaldesa le hemos hecho el llamado a respetar el trabajo de las instituciones, porque en ultima instancia, independiente de la opinión que se tenga sobre las causas que lleva un fiscal, son los tribunales y la Justicia la que termina determinando si es que hay delitos".