Empleados municipales piden
La Confederación Nacional de Funcionarios Municipales de Chile se ha mostrado inquieta por los reiterados atentados y asaltos en contra de sus equipos. Piden garantías para que puedan desplegarse en los territorios bajo estado de excepción constitucional.
La situación de violencia que por largo tiempo ha envuelto a la Macrozona Sur y el estado de excepción que a nivel local rige en las provincias de Arauco y Biobío llevaron a la Confederación Nacional de Funcionarios Municipales de Chile (Asemuch) a solicitar la contratación de un seguro de vida y una asignación de riesgos para los trabajadores que se desempeñan en estas zonas críticas, incluida La Araucanía. El argumento fue entregado la última semana de enero a la comisión de Gobierno Interior de la Cámara, en donde los dirigentes de este gremio de 60 mil miembros expusieron su inquietud frente a actos violentos sufridos por los funcionarios.
Lisetty Sotelo, directora nacional de Asemuch, relata que los actos de violencia se han ejercido no sólo contra los funcionarios municipales, sino que contra los bienes municipales y los propios municipios. Ejemplifica que ha habido casos en los que se han quemado casas edilicias, sobre todo en La Araucanía, además de asaltos a trabajadores que salen a terreno en vehículos municipales, "con casos que han sido dramáticos, porque años atrás tuvimos a un colega al que asaltaron, encañonaron, le dispararon en una pierna, la que perdió desde la rodilla hacia abajo".
Todo este tema y la preocupación constante, agrega, produce un daño psicológico muy grave. "Hoy nuestros colegas tienen miedo de salir a trabajar y no saber si regresan o no a la noche a sus hogares (...) Estamos frente a hechos de carácter terrorista, pero nosotros como funcionarios municipales estamos desprotegidos, sin medidas de seguridad necesarias, así que no es una situación agradable y es de riesgo para cualquier funcionario público y municipal", enfatiza la dirigente.
Las solicitudes
Desde la Asemuch insisten en que un seguro de vida para funcionarios públicos y municipales no será la solución definitiva, sino que "un mero paliativo", pero sí que ayudará para que la persona afectada o su familia no quede desamparada ante un acto violento. La idea es que ese seguro pueda operar de manera automática.
Respecto a la asignación por riesgos para la Macrozona Sur, dicen que permitiría, por un lado, generar recursos para cubrir los seguros. Por otro, se abriría la posibilidad de implementar sistemas de comunicación que sean eficientes, que eviten el problema de quedarse sin señal telefónica en ciertas rutas, o que faciliten la solicitud de ayudas. Es decir, todo lo que permita mejorar la gestión territorial, excepto dotar a estos equipos con elementos de defensa personal, "ya que eso no es parte de sus competencias".
Por esa razón, de hecho, la agrupación se muestra en contra del proyecto de ley que busca fortalecer la seguridad municipal y que esta semana fue despachado de la Cámara. El argumento apunta a que las funciones de seguridad son privativas de las Fuerzas Armadas y los equipos de orden y seguridad, que el rol coadyudante es difuso y que tampoco existe la formación necesaria para cumplir con dichas tareas.
"Creo que esas asignaciones y seguros debieran ser con un pago del tesoro público, porque los municipios no se encuentran en las condiciones económicas de solventarlo. Es el Estado de Chile el que decide que una determinada zona está en un estado de excepción constitucional, entonces es el mismo Estado el que tiene que dar las garantías y recursos suficientes para que esas comunas tengan cómo respaldar a sus trabajadores públicos y municipales", señala Sotelo.
Rol del congreso
La presidenta de la comisión de Gobierno Interior, la diputada del distrito 21 Joanna Pérez, detalla que estas solicitudes fueron expuestas en vista del riesgo que conlleva para este tipo de empleados salir a terreno en zonas críticas y que eso se enmarca en el proyecto que pretende impactar en las capacidades preventivas y operativas de los municipios en su rol coadyuvante con la seguridad pública.
"Estamos involucrando estos elementos en algunas personas que tienen ese rol coadyudante, pero hay personas de las áreas social, fomento productivo o salud y educación municipal que nos han hecho ver este tema (...) Este es un asunto no menor que el gobierno no ha abordado, porque no ha considerado una asignación especial, que es lo que piden los funcionarios en esta zona por el riesgo que involucra estar bajo estado de excepción", dice Pérez.
Según la parlamentaria, esta es una realidad que hay que incorporar por medio de la discusión del erario nacional 2025.
La inquietud de la Asemuch fue respondida por la Delegación Presidencial del Biobío a través de un oficio enviado a la comisión de Gobierno Interior el 9 de febrero. A nombre de la delegada Daniela Dresdner, el Ejecutivo indicó que en sus registros no existen denuncias realizadas por funcionarios municipales de la Región del Biobío que estén asociadas a la materia, y que se agradecerá informar sobre alguna situación de riesgo o denunciar hechos que hayan sido causados a personas en general en la zona, "con la finalidad de resguardar la seguridad".
EL SUR contactó a la Delegación Presidencial para conocer alguna novedad al respecto. Dijeron que aún no recibían denuncias e insistieron en la necesidad de dar cuenta de este tipo de hechos a los organismos correspondientes.
seguro de vida y asignación por violencia en Macrozona Sur
60 mil personas componen la Confederación Nacional de Funcionarios Municipales de Chile.