Caso Convenios: Biobío es la zona donde Fiscalía investiga el mayor número de fundaciones
De los casi $90 mil millones que pesquisa el Ministerio Público en todo el país, $8.130 millones responden a convenios firmados en la zona. Autoridades políticas piden más avances en diligencias.
Fue en el marco del trabajo de la comisión investigadora de la Cámara de Diputadas y Diputados que indaga las irregularidades en las transferencias de fondos públicos a fundaciones u organizaciones sin fines de lucro, conocida como el Caso Convenios, donde el director de la Unidad Anticorrupción de la Fiscalía Nacional, Eugenio Campos, detalló las implicancias de este caso que explotó hace un año tanto a nivel nacional como en el Biobío.
Según los antecedentes presentados este martes, de los $89.971 millones pesquisados en todo el país por parte de las distintas unidades regionales de Fiscalía, casi un 10% responden a traspasos concretados en la Región del Biobío por cerca de $8.130 millones.
Además, es la Región donde se investiga al mayor número de fundaciones, un total de 23 organizaciones, de las cuales 21 responden a dineros traspasados por el Gobierno Regional y dos por el Ministerio de Vivienda y Urbanismo.
"Estos montos no responden a la comisión de delitos, sino que a materias de investigación. En algunos de estos casos hay se han formalizado a personas ante indicios de delitos, otros cuestionados por faltas administrativas", explicó.
A casi un año de que explotara el Caso Convenios en el Biobío, la Fiscalía Regional tiene abiertas 14 aristas investigativas -los casos por Urbanismo Social y ProCultura fueron derivados a otras regiones- y ha formalizado delitos a un total de nueve personas solo por la arista vinculada a la Fundación En Ti, cuestionada por gasto de $250 millones traspasados para ejecutar un programa de recuperación en Barrio Norte.
Desde el Gobierno Regional declinaron entregar declaraciones pese a las consultas de este medio.
Apurar diligencias
El vicepresidente de la Cámara de Diputados y legislador por el distrito 20, Eric Aedo (DC) manifestó que "es muy lamentable ver cómo estos casos de corrupción han dañado el proceso de descentralización por el cual tanto hemos trabajado, donde hemos visto cómo algunos gobernadores han basado su liderazgo en la compra de conciencias y el pago de favores políticos".
Además, apuntó a que "la historia de la región y de nuestra gente no se merece este estado de las cosas Acá sin duda hubo mala gestión, pero se debe esclarecer si además se cometieron delitos de corrupción. Y en eso pedimos a la Fiscalía que pueda apurar los procesos para conocer toda la verdad lo antes posible y que sean castigadas las personas involucradas".
La diputada del distrito 20, y miembro de la comisión investigadora, María Candelaria Acevedo (PC) expuso que "las cifras que se nos han relevado no dejan de ser sorprendentes y por lo mismo es que espero que las investigaciones logren avanzar lo más rápido posible, porque no podemos aceptar que estos dineros, más de $90 mil millones no lleguen hasta la ciudadanía", y apuntó a que "se ha afectado a la confianza de la ciudadanía, y también el traspaso de competencia hacia las regiones, frenando iniciativas relevantes como el proyecto de Regiones Más Fuertes. Ante eso debemos buscar mecanismos que nos permitan mejorar los mecanismos de control en los estamentos públicos".
Críticas a díaz
Desde el Consejo Regional, en tanto, se mantiene la preocupación respecto al avance de las diligencias en los tribunales de justicia y se apunta a la responsabilidad del gobernador Rodrigo Díaz en estos hechos.
El consejero Javier Sandoval afirmó que "lamentablemente Rodrigo Díaz llevó al Gobierno Regional a transformarse en la institución, de las de su tipo, con más investigaciones en curso por la Fiscalía, todo mientras continúan demandas sin atender mediante la justificación que eran responsabilidad de los ministerios", y planteó que ha existido un despilfarro de los recursos regionales.
Su par Piero Blas dijo que "es lógico que la cantidad de fundaciones vayan en aumento puesto que cuando esto comienza a estallar, y lo poco que hemos podido aportar, termina reforzando el cuestionamiento más relevante y la teoría principal que es financiamiento irregular de la política, al financiar programas que no se cumplen en los plazos correspondientes".
"La señal del Poder Judicial debe ser una sanción ejemplar, evitar que estas personas aparezcan en el sistema político y que haya un antes y un después respecto al uso de fondos públicos y la transparencia con que se destinen", sumó.
8.130 millones de pesos en traspasos a fundaciones son los que investiga el Ministerio Público en la Región del Biobío

