Por Nicolás Álvarez Arrau

El Congreso tramita hoy, en su primer trámite constitucional, el proyecto que busca establecer una nueva ley de pesca. El debate ha crispado los ánimos de buena parte de los actores asociados al rubro, en especial los industriales, quienes en innumerables ocasiones han alertado sobre las consecuencias que una norma de este tipo tendría en el empleo. Biobío, según dicen, sería una de las regiones más perjudicadas con la iniciativa que impulsa el gobierno de Gabriel Boric.

En ese debate entra Ricardo García, gerente general de Camanchaca, firma con una fuerte presencia en las comunas de Coronel y Tomé. Según dice, la medida nace de una serie de premisas falsas -una de ellas, por ejemplo, que la actual legislación es corrupta- y que en el caso de que esta sea despachada en sus actuales términos, la presencia nacional de la compañía se verá duramente perjudicada: no habrá otra opción que cerrar la operación de Iquique y dejaría en entredicho la operación de la planta coronelina.

"En Camanchaca tenemos nuestra principal planta industrial pesquera en Coronel, que permite una gran capacidad de descarga de pesca, no solamente las industriales, sino que también las artesanales, y que alimenta tres plantas ubicadas en un mismo lugar: la de congelados de jurel, de conservas y la de harina y aceite (...) Esa operación de Coronel puede quedar en entredicho con un mal proyecto de ley que sea aprobado", precisa el ejecutivo, quien agrega que en el lugar laboran en temporada -de diciembre a julio- unas 855 personas, cuyos empleos tienen buenos sueldos, cotizaciones previsionales y de salud al día, seguro de la mutualidad, alimentación y vestuario.

A nivel regional, el sector industrial cuenta con 6.500 puestos de trabajo directo y otros 4.000 que entregan las pymes que trabajan exclusivamente con la pesca industrial. Se estima por parte del sector que la mitad de estas plazas, unas 5.250, se pierdan si se aprueba la iniciativa hoy, lo que a juicio de García representaría "una bomba de racimo" para la Región del Biobío que "destruye al sector y obliga a una refundación completa de la industria que no sabemos dónde va a terminar".

Premisas discutidas

"Un elemento falso es afirmar que la propuesta de ley, tal como está presentada, no tendrá impacto en el empleo, desarrollo y actividad económica regional. Es falso, porque el sector pesquero requiere planificación y mucha inversión en activos fijos, horizontes de tiempo prolongados para desarrollarse, preparar gente, capacitar, hacer funcionar las plantas y barcos y abrir los mercados. Presentar un proyecto de ley donde las licencias para poder pescar duran solamente 10 años hace imposible el trabajo", dice.

En esa línea, añade que también es falso decir que se puede mantener el trabajo licitando el 50% de las cuotas. "Las compañías que nosotros hacemos funcionar y que dan empleo pagan impuestos, exportan y están establecidas, es decir, ya hicieron su inversión sobre la expectativa de que iban a poder recuperar sus inversiones en el futuro. Pero si de la noche a la mañana aparece una normativa que le quita a uno el 50% de lo que puede capturar, no hay ninguna seguridad de que podamos seguir funcionando", afirma.

--¿Cuál será la estrategia bajo un escenario tan negativo como el que describe?

-Si el proyecto sale tal como está, no hay nada que hacer. Obviamente, como esta es una apropiación indebida de derechos, sin pagar indemnización a cambio, tendríamos que ejercer todas las acciones legales que podamos tomar, y las hay.

-¿Siente que el planteamiento de su sector ha tenido una débil acogida por parte de los parlamentarios que discuten el proyecto?

-Nuestros gremios están haciendo ver en las instancias que corresponden nuestras observaciones, pero desgraciadamente en el gobierno no ha habido voluntad de escuchar. En la reunión que tuvo la comisión de Pesca en la Universidad de Concepción no llegó ningún parlamentario de otras regiones ajenas a Biobío, es decir, no hubo interés, ni del presidente de la instancia (Jorge Brito), de estar aquí y discutir los problemas de esta mala propuesta con la Región.

Respecto al fraccionamiento vigente, precisa que estos fueron fruto de un acuerdo logrado en la Mesa Pesquera de 2011, donde participaron los distintos actores del sector. Suma que estos tendrían un plazo de vigencia de 20 años y que se trató de un acuerdo prelegislativo, fuera del Congreso Nacional y meses antes del inicio del trámite legislativo de la actual ley.

"Por ende, no es fruto del trabajo legislativo. Este acuerdo significó cambios en los fraccionamientos vigentes en recursos como el jurel, sardina y anchoveta, merluza común, merluza del sur, entre otros. Estos traspasos fueron valorizados en más de US$ 34 millones en favor del sector artesanal", subraya.

Un total de $59 millones serán destinados a financiar proyectos de ciencia y tecnología impulsados por instituciones de educación superior de toda Latinoamérica. Se trata del programa BRAIN Chile (Business, Research, Acceleration and Innovation), impulsado por el Centro de Innovación de la Pontificia Universidad Católica de Chile, en conjunto con la Escuela de Ingeniería y la dirección de Transferencia y Desarrollo, y Banco Santander.

La coordinadora de Proyectos de la Dirección de Emprendimiento del Centro de Innovación UC, Javiera Cuevas, explicó que recientemente se realizó una visita a las diferentes universidades de la Región del Biobío, en la cual "hicimos charlas, nos pusimos de acuerdo también en base a algunos proyectos que ya tenían en consideración para sumarlos a la convocatoria y estuvimos trabajando con académicos y resolviendo dudas. Fue bien provechoso, porque en Concepción hay mucha innovación y emprendimiento", destacó.

Las iniciativas deben provenir de una investigación o tesis realizada en una casa de estudio latinoamericana, por un equipo conformado por -al menos - un estudiante de pre o postgrado, académico o investigador que estudie o trabaje en dicha institución, tener como objetivo la resolución de un problema vigente en alguna industria, y presentar los primeros resultados.

"Generalmente están asociadas a facultades de ingeniería, pero también podrían ser, por ejemplo, de ciencias sociales o de datos. Basta con que tengan la primera interfaz de datos que da luces de que funciona", afirmó.

Desde el 9 de mayo que la Declaración Jurada de ingreso al país se puede realizar de forma digital a través del sitio web www.ingresoachile.cl o con un código QR que está disponible en distintos puntos del control fronterizo del aeropuerto Carriel Sur.

El director del SAG, Roberto Ferrado, señaló que "esta herramienta permitirá agilizar el proceso de entrada al país, evitando el uso de papel y ahorrando recursos".

Por su parte, el director (s) de la Aduana de Talcahuano, Andrés Barrientos, indicó que "esta Declaración Jurada Digital es un trabajo conjunto que emprendimos con el SAG hace ya un par de años. Hemos ido avanzando paulatinamente en su implementación en diversos pasos fronterizos, hasta llegar a Carriel Sur. Es muy importante que los servicios públicos sigamos entregando este tipo de herramientas que faciliten la experiencia de los viajeros que ingresan a nuestro país".

Este documento lo exige el SAG y Aduana para declarar productos que se portan.