Por Felipe Cuevas Mora

Mientras una comitiva liderada por el gobernador Rodrigo Díaz inició ayer su camino a Oporto, Portugal, para ser parte de una serie de actividades del Campeonato Mundial de Rally, en las oficinas del Gobierno Regional nuevas diligencias vinculadas al Caso Convenios aumentan la presión frente a posibles nuevas acciones de los órganos fiscalizadores

En concreto, se conoció que la Fundación Educación Financiera (Fundef) presentó esta semana un recurso de protección ante la Corte de Apelaciones de Concepción para evitar el cierre del convenio suscrito con el Gore por $380 millones para llevar adelante el programa "Transferencia a organizaciones de voluntariado".

Cierre solicitado el 2 de abril, en medio de los cuestionamientos generados a la fundación que es indagada por la Fiscalía, y que ya ha sido motivo de revisión por parte de la Contraloría: en un preinforme de enero, se detectaron irregularidades en la contratación por parte de la fundación de personas que desempeñan labores en el Gore; en septiembre -en el marco de una sesión extraordinaria- se confirmó la contratación de dichas funcionarias.

Dicha solicitud de cierre fue ratificada ayer en la sesión ordinaria del Consejo Regional a través de un voto político, donde además se informó el avance de las medidas protransparencia adoptadas en agosto pasado.

Entre ellas se detalló que en julio se entregará el informe final de la auditoría externa contratada, en diciembre se presentará la nueva plataforma Sagir (dispuesta para ingresar documentación de programas) y que hasta ahora 877 fundaciones están inscritas en el registro obligatorio levantado por el Gore.

A ello se suma que la Fiscalía Regional abrió de oficio una nueva investigación que busca abordar los traspasos del Gore a la fundación Leitat por $720 millones.

Cuestionamientos

En el escrito ingresado a la Corte de Apelaciones por parte del representante legal de Fundef, Carlos Careaga, se solicita "suprimir la acción arbitraria e ilegal que supone la suspensión del Convenio de Transferencia de Recursos, celebrado con fecha 15 de diciembre de 2022", apelando a que se ha realizado una "adecuada gestión y cumplimiento de los objetivos señalados", y que "la evaluación técnica ha destacado que las faltas administrativas observadas no representan causales de término del convenio".

En el documento se detalla el paso a paso ocurrido en torno a la realización del programa, y se detalla que al momento de informarse la suspensión del convenio -debido a un proceso de revisión jurídica-, se presentaron amenazas de no visar las rendiciones por parte de los funcionarios del Gore.

En concreto, se detalla que en un correo Careaga informó la continuidad del programa pese a la decisión del Gore, a lo que la funcionaria Ignacia Maturana indicó que "de acuerdo con la ejecución, puedo entender la decisión, sin embargo, los gastos efectuados a partir de la fecha de recepción del correo que notifica el requisito de suspensión (2 de abril del 2024, en este caso), serán automáticamente rechazados. Por favor, te pido considerar esta arista en tu decisión".

"Estimamos que la orden de suspensión y no uso de recurso procura, en la línea de la actitud que ha desplegado la recurrida, presionar y forzar un incumplimiento del convenio por parte de Fundef y, así, dar la apariencia de legalidad a su actuar injusto y oblicuo", se lee en el escrito.

Discusión política

Dicha información fue dada a conocer en la última sesión ordinaria del Consejo Regional ayer de forma sorpresiva por el administrador regional Iván Valenzuela, luego de una amplia discusión iniciada en la Comisión de Gobierno durante la mañana, con el objetivo de la concretar la solicitud de algunos consejeros de cerrar el programa, lo cual fue ratificado con un voto político del consejo.

Javier Sandoval indicó que "ahí ocurrió una contratación de personas que se desempeñaban en el Gore y que incluso viajaron a Santiago. No necesitamos más evidencia para cumplir esta medida", mientras que su par Camila Arriagada expuso que "el Core no puede pedir el cierre anticipado de los proyectos, pero si no hacemos estas solicitudes en lo formal y en el acuerdo de la comisión de Gobierno. Se podría haber aclarado en la mañana, y nos ahorramos esto".

"Somos un consejo soberano, político y no mezclemos peras con manzanas con lo judicial. No puede ser que tengamos que estar pauteando lo que se debe hacer, y estamos pidiendo al gobernador que cierre ese convenio", añadió el consejero Gabriel Torres.

La votación terminó con 20 votos a favor, tres en contra y una abstención. Sólo queda esperar la acción que adopte el Ejecutivo liderado por Rodrigo Díaz sobre esta materia y a casi un año de que explotara el Caso Convenios.

A través de un reportaje de Biobio Chile, se conoció el desarrollo de un convenio entre el Gore y la Fundación Leitat por $720 millones, que buscaba establecer un centro de innovación espacial, y para lo cual se entregaron boletas por $15 millones al exdiputado Ricardo Rincón, hermano de la senadora Ximena Rincón, presidenta de Demócratas, partido que buscaba llevar como candidato a gobernador a Díaz.

Las boletas se emitieron entre junio y septiembre del año pasado, y dicho vínculo político motivó que la Fiscalía abriera de oficio una indagatoria para esclarecer irregularidades.

A través de un mensaje en la cuenta de la red social X, la Fiscalía Regional dijo que "se determinó de oficio iniciar investigación a partir de los antecedentes expuestos en este reportaje publicado hoy. A cargo de la indagatoria estará la fiscal de anticorrupción, María José Aguayo".

Consultado por este medio, el equipo de comunicaciones del Gore declinó entregar comentarios apelando a que el gobernador se encuentra fuera del país.

Uno de los expositores del seminario de infraestructura desarrollado por el Gobierno Regional y el Consejo de Políticas de Infraestructura fue el presidente de EFE Eric Martin, quien abordó algunos de los principales proyectos de desarrollo que se llevan adelante en la zona.

Sobre los avances del puente ferroviario sobre el río Biobío, destacó que "vamos en cronograma, en un 45% de avance de obras del puente y en el caso del túnel, la primera quincena de junio las dos bocas se van a unir. Estamos avanzando en cronograma, bastante tranquilos y superando las dificultades del año pasado con un invierno terrible y así mantenemos la línea de producción. Estamos bien encaminados".

Respecto al desarrollo de la conexión ferroviaria Santiago-Chillán, apuntó a que "el reporte de este mes ha sido bastante bueno, en el sentido de que a la comunidad le ha interesado los tiempos que estamos haciendo y hay que prosperar", y sobre la posibilidad de generar una conexión hacia el Biobío, dijo que "la combinación con Concepción siempre es una alternativa que estamos evaluando: una posibilidad es que lo hagan los propios privados, y otra es que lo hagamos nosotros, algo que está en examen y no está resuelto. Nunca dejamos de mirar esas buenas posibilidades de hacer algo interesante para nosotros".

Sobre la adquisición de nuevos trenes, Martin expuso que "es un proceso largo que no tarda menos de 18 meses".

45% de avance

El Arzobispado de Concepción anunció este miércoles a través de un comunicado la expulsión del presbítero Roberto Valderrama de la Iglesia Católica, luego ser denunciado en 2022 por cometer abusos sexuales mientras realizaba ritos de sanación y exorcismo.

En la misiva se señala que se ha notificado al exsacerdote del "término del proceso administrativo penal en su contra, en el que se ha dictaminado la pena de expulsión del estado clerical, por delitos reservados a la competencia del Dicasterio para la Doctrina de la Fe", lo cual fue informado a las víctimas.

Además, se indica que Valderrama, quien ejercía en la parroquia El Sagrario de Concepción, "conforme las normas canónicas, podrá presentar por escrito la solicitud de revocación del decreto condenatorio en un plazo de diez días. Mantendremos nuestro compromiso con la verdad, justicia y reparación".

Por su parte, la familia de quien realizada la primera denuncia manifestó en un comunicado que "la primera denunciante en este caso fue su prima, quien sufrió agresiones sexuales al interior de la Parroquia del Sagrario en Concepción, mientras participaba en uno de los ritos de exorcismo a cargo del mencionado sacerdote. SV hizo su denuncia ante la Iglesia Católica y a través de las redes sociales, lo que motivó a más mujeres a denunciar los abusos sufridos".