El plan para reimpulsar la conexión vial en Arauco y Biobío
La inversión estatal supera los $14.686 millones. Alcaldes de estas provincias valoran las acciones y reconocen que se tome en cuenta a las comunidades indígenas, pero advierten que los procesos siguen siendo lentos y que se requiere atraer a más empresas a las zonas.
Por Nicolás Álvarez Arrau / nicolas.alvarez@diarioelsur.cl
Con una inversión que supera los $14.686 millones, el Ministerio de Obras Públicas y representantes del Plan Buen Vivir avanzan hoy en la construcción y mejora de los caminos indígenas de las provincias de Arauco y Biobío, territorios que en algunos casos han esperado por cerca de una década para contar, por ejemplo, con asfalto básico. Los propios dirigentes de las comunidades presentes en estas zonas han planteado que los problemas en sus rutas afectan la seguridad de los traslados, un tema que se vio complicado en los últimos años a raíz del recrudecimiento de la violencia rural y la crisis económica que trajo la pandemia, eventos que alejaron la presencia estatal y de los privados.
Actores locales y de gobierno insisten en que los esfuerzos están de vuelta y que el trabajo efectuado, sobre todo en comunas como Tirúa, Cañete o Alto Biobío, es valorable. Eso sí, plantean que, más allá de la inversión informada, los procesos siguen siendo demorosos, que el número de empresas que participan de las licitaciones aún es débil y que por lo mismo es necesario repensar la estrategia burocrática en zonas de rezago para que los proyectos corran a una velocidad mayor y así la conectividad de ambas provincias alcance, por fin, un nivel que las acerque al desarrollo.
Los proyectos que se reimpulsan
Desde el Ejecutivo explican que el problema de conectividad que aqueja a estas zonas, en especial al cono sur de Arauco, responde a rezagos de avance en proyectos de caminos indígenas. Así, en coordinación a Vialidad, el año pasado se detectaron contratos que venían de 2017 y que no se habían podido ejecutar, lo que estuvo muy de la mano a un intenso proceso de diálogo con comunidades "que hablaban de contratos sin terminación en años anteriores", según el coordinador regional del Plan Buen Vivir, Juan Recabarren.
"Hay diferentes factores que explican el rezago. Efectivamente, los hechos de violencia en algún momento significaron dificultades a la hora de contar con oferentes, pero en eso ha habido un trabajo de todas las instituciones públicas para difundir las condiciones, que hoy son bastantes favorables en desplazamientos. Hubo también un momento en que los precios que se ofertaban por las empresas excedían significativamente los valores que estaban programados, y eso genera un problema", dice Recabarren.
Lo cierto es que en este momento la inversión en vialidad enmarcada en este plan supera los $14.686 millones y se concentra en las comunas de Tirúa, Cañete y Alto Biobío, con $5.113 millones, $4.623 millones y $2.338 millones, respectivamente. El resto del monto y los contratos, que están en distinta etapa de avance, se reparten entre Contulmo, Lebu, Los Álamos y Arauco (ver infografía).
Dentro de las iniciativas en ejecución están, por ejemplo, las terminaciones de los planes "Conservación plan indígenas año 2020" (Tirúa), "Conservación caminos indígenas año 2019" (Cañete), "Conservación de caminos indígenas Valle del Queuco año 2023" (Alto Biobío) y "Terminación conservación caminos indígenas año 2021, comunidad Caupolicán y Huenchún" (Cañete).
Para retomar el tranco, el representante del Plan Buen Vivir explica que antes de las faenas hubo una especie de avanzada, es decir, jornadas de conversación con las comunidades indígenas, "en donde teníamos en todas las comunas proyectos que, según los comuneros, estaban atrasados, pero eso se ha ido resolviendo. De hecho, está previsto que este año abordemos el último rezago que queda y empezamos ya los planes 2023-2024: dos contratos en Tirúa y dos en Cañete".
Desde el Ministerio de Obras Públicas, el seremi Hugo Cautivo afirma que este año se generará un punto de inflexión en la materia, en el sentido de que se avanzará en acuerdos territoriales que permitan también focalizar la mirada hacia sectores cordilleranos y la zona sur de Arauco. Esos acuerdos, explica, serán empujados, en parte, por una cuadrilla especial creada a partir del Plan Buen Vivir y que depende de la Dirección de Vialidad, "con la idea de que sea compuesta por personas que provienen de estos territorios y se pueda generar un diálogo mucho más directo y efectivo con las comunidades desde el punto de vista de la recuperación de confianzas y el respeto cultural que nos exigen".
Cautivo menciona además otro tema innovativo: la experiencia de Alto Biobío con un contrato global, donde se contratará específicamente a una empresa para que pueda desarrollar un trabajo enmarcado a la iniciativa de Huellas Indígenas. "Sabemos que tenemos muchas dificultades para abordar algunos tramos de caminos que son propios de las comunas, en especial en el área cordillerana y por las dificultades que tienen desde el punto de vista estructural, pero esto nos tiene bastante esperanzados porque este año habrá un punto de inflexión", insiste.
Trabas y desafíos pendientes
"El plan tiene una muy buena intención de poder invertir, porque hay recursos para hacerlo, pero esa buena intención va más adelante de la realidad; eso ha topado con la típica burocracia administrativa, la metodología y el sistema, que son bastante lentos. Entonces, chocas con la institucionalidad, lo que significa que no se ha avanzado mucho en poder concretar (proyectos)", plantea Cristián Peña, alcalde de Lebu y presidente de Arauco 7.
Aunque destaca el proceso participativo, la autoridad comunal puntualiza que los diálogos realizados para la concreción de caminos indígenas llevan, naturalmente, a que el lapso desde que se propone una idea hasta que se materializa sea mucho más extenso, "y ahí no queda más que tener paciencia". Por lo mismo, piensa que lo que se requiere es una política especial que priorice la construcción y mejora de la conectividad en este tipo de vías, quizá en la línea de lo que plantea el seremi Cautivo respecto a las cuadrillas.
"Tal vez, hay que generar cambios en los procesos de licitación. Si son de administración directa, hacerlo en forma más acelerada, con tiempos de resolución más acotados. Acá tenemos los recursos, pero son los mismos procedimientos y recetas", dice Peña, quien reconoce que la coordinación con el Ejecutivo es óptima y que también es necesario buscar una fórmula que atraiga más a las empresas, porque "ahora los montos son demasiado ajustados".
Ese es un punto que tienen en cuenta en el gobierno y, de hecho, es uno de los desafíos para fortalecer la conectividad vial. Según Juan Recabarren, si bien la presencia de firmas en Biobío y Arauco se ha venido trabajando "de buena manera", reconoce que todavía falta avanzar en gestión para que más empresas estén presentes en las licitaciones que se hacen en las provincias, "pues entre más compañías tengamos, estos procesos van a ser más fluidos y no tendremos licitaciones que queden desiertas o con sobreprecios".
Desde el sector cordillerano, el alcalde de Alto Biobío, Nivaldo Piñaleo, refuerza la idea planteada por su par de Lebu e indica que la tarea ahora pasa por ver cómo invitar al sector privado para que pueda desarrollar grandes proyectos en las comunidades indígenas, siempre bajo el respeto de la cosmovisión de los grupos que allí viven. "Es verdad que hay un tema burocrático, porque la vuelta que se da con estas iniciativas es larga. Nosotros hicimos un trabajo de hormiga, pero dimos la vuelta larga, por eso es importante que tanto parlamentarios y Ejecutivo puedan resolver esa traba y agilizar los procesos, porque para concretar un camino indígena podemos demorar entre cinco o diez años, entendiendo que sólo el asfalto demoró una década", enfatiza el alcalde, que al mismo tiempo reconoce la acción de continuidad que se empuja hoy junto al Ejecutivo.
Cabe señalar que en enero de este año el gobierno presentó una reforma que involucra autorizaciones tramitadas por 37 tipos de servicios, asociados a 16 ministerios, y que tiene por objetivo la simplificación de los procesos, reduciendo sus tiempos y proporcionando más certeza a la inversión.