Por Karlyng Silva Leal

Con el fin de la prórroga de la antigua regulación del transporte público licitado del Gran Concepción, este 1 de abril fueron 35 las empresas que lograron suscribirse al nuevo perímetro de exclusión. Según informaron desde la Seremi de Transportes, de las dos líneas que aún estaban pendientes por temas de documentación, San Pedro logró finalizar el proceso, mientras que Base Naval tuvo que suspender operaciones a la espera de completar los trámites administrativos.

El seremi de Transportes, Héctor Silva, detalló que "la línea 22 (San Pedro) logró inscribir su flota la semana pasada, por lo tanto se le dio operación desde el 1 de abril. Base Naval (línea 56) acreditó el pago de sus deudas previsionales pendientes, sin embargo, eso debe verse reflejado en los certificados oficiales de la Dirección del Trabajo. Estamos a la espera de eso, se supone que es un trámite que debería tardar poco y después de eso se incorporaría a la nueva regulación".

Además, Silva comentó que esperan solucionar rápidamente lo pendiente y con eso "tener a todas las líneas operando en el perímetro y también estamos contentos, porque con la línea San Pedro funcionando bajo la nueva regulación, que tiene un gran despliegue, nos permitirá mejorar la operación del transporte público en el sur de San Pedro de la Paz, que es un de los sectores más complicados en este tema".

Caso de base naval

Al no alcanzar a cumplir los plazos establecidos con la prórroga de la antigua normal, este lunes ninguna de las 22 máquinas que dispone la empresa Moreira e Hijos que administra los Buses Base Naval salió de circulación, dejando de prestar el servicio habitual desde el interior del recinto de la Armada en Talcahuano hasta el sector Los Fresnos en Concepción.

Sobre esto, el representante legal de dicha empresa, Carlos Moreira confirmó que la línea no se encuentra operando con el transporte de pasajeros, ya que para suscribir el contrato con el Ministerio Público el certificado F30 (que registra las multas y deudas de un empleador) debe estar sin anotaciones.

"Si bien es cierto que pagamos toda la deuda previsional, aún falta el trámite administrativo de eliminar las anotaciones. Pretendemos lograrlo esta semana para suscribir contrato a más tardar la próxima semana y comenzar a operar de inmediato", agregó Moreira.

Con este recorrido menos, son cerca de 5 mil los pasajeros habituales que no contarán con el servicio por al menos un par de días. Para abordar esta situación, el seremi planteó que hay un plan de contingencia en curso. "El viernes se le comunicó al resto de las empresas que realizan un recorrido similar para que refuercen su operación, Base Naval opera con cerca de 20 máquinas, por lo tanto creemos que podemos cubrir esa falta de servicio con este refuerzo", planteó, agregando que se trata de una empresa que solo representa el 1,16% de toda la flota del sistema.

Perímetro de exclusión

Cabe recordar que el proceso para contar con una regulación moderna para el transporte licitado comenzó oficialmente el año pasado, con lo cual cada empresa debía presentar una serie de documentos para suscribir el nuevo contrato con el Estado. Ya que no todas las líneas pudieron lograrlo al 31 de diciembre y comenzar a funcionar conforme al nuevo perímetro desde el 1 de enero, la cartera decidió prorrogar este inicio hasta el 31 de marzo.

Respecto a este hito, el seremi planteó que la expectativa es que se pueda avanzar en la implementación de mejoras en la frecuencia del transporte para beneficiar a los usuarios.

"Desde marzo se están realizando mediciones sobre los servicios prestados por las líneas para la elaboración de un ranking de cumplimiento. Además, se están evaluando y se espera la pronta implementación de diversos refuerzos en la operación en diversas zonas identificadas, como lo es el sur de San Pedro de la Paz, Hualqui, Penco y Los Cerros de Talcahuano", agregó Silva.

1,16% es lo que representa la línea Base Naval dentro de toda la flota del sistema que recorre el Gran Concepción

El perímetro de exclusión al que están suscritas las empresas permite que el Ministerio de Transporte pueda aplicar mejores herramientas de fiscalización y seguimiento al servicio que prestan en las calles, tales como el uso de GPS online, la posibilidad de aplicar pago electrónico, entre otros.

Una de las medidas que se espera aplicar es la elaboración de un ranking en el que se miden los rendimientos operacionales de estas líneas, permitiendo que el Ministerio de Transportes pueda sancionar a aquellas que presten el peor servicio.

Daños avaluados en más de $10 millones en el Parque Ecuador es lo que le atribuye la Municipalidad de Concepción a un grupo de 14 comerciantes ambulantes e ilegales que durante los últimos meses se han instalado sin autorización en las áreas verdes, generando perjuicios avaluados en más de $10 millones para la administración edilicia.

Es por esta razón que el municipio presentó una querella criminal por el delito de daños por estas ocupaciones irregulares que han causado daño al Bien de Uso Público que comprende la totalidad del parque, lo que ha sido constatado por los inspectores municipales en diversas oportunidades.

El director de Asesoría Jurídica, Adolfo Muñoz, explicó que "con la instalación de juegos y camas inflables que se realizan en el parque, especialmente los fines de semana, se daña el césped y esto fue avaluado por las unidades técnicas en un valor que oscila los $10 millones. Es por esta razón que se interpuso una querella en contra de comerciantes ilegales que realizan estas actividades en el parque, que habían sido fiscalizados anteriormente por los equipos de seguridad pública, para ser más específicos, fueron 14 personas que fueron fiscalizadas".

Muñoz agregó que estas mismas personas no acudieron a la citación que los equipos de seguridad les realizó, continuando con sus actividades ilícitas en el parque, por lo mismo la querella se presentó de forma individualizada y, además, va dirigida a quienes resulten responsables, por lo que se pueden sumar más personas.

Los puestos que se instalan con camas elásticas, juegos inflables, ingresan vehículos no autorizados a las áreas verdes, generan basurales y vierten desechos en la zona, han provocado que en diversas áreas del parque el césped no pueda crecer y muera, dejando espacio también para que cierto tipo de hongos proliferen.

Esta situación implica que se está dedicando un mayor tiempo de limpieza en el lugar, provocando también daños al sistema de riego en las válvulas de acople rápido, rotores y en algunos casos a medidores, sumado a esto que en muchas ocasiones la red de riego es utilizada de forma ilegal por los vendedores ambulantes, lo que a juicio del municipio está aumentando el deterioro del funcionamiento de partes vitales del parque.

Los 14 comerciantes

ilegales fueron

citados por equipos de

seguridad, sin embargo no acudieron a la instancia.

En prisión preventiva quedó Jasmina Andía López, quien este fin de semana fue detenida en Penco por personal de Carabineros, confesando el delito de homicidio en contra de un hombre en el sector Malaquías Concha de Lirquén, ambos arrendatarios de habitaciones por separado en un mismo inmueble.

La fiscal de Concepción, Sandra Vejar, detalló que la imputada había mantenido una discusión con la víctima, identificada como Marcelo Vega Marín de 55 años, este domingo 31 de marzo. Ambos estaban en un domicilio ubicado en el Barrio Chino de Lirquén.

En un momento, el hombre se cansó y se recostó en el living, ocasión que la mujer habría aprovechado para atacarlo con un cuchillo, provocándole una herida penetrante en el tórax que le quitó la vida.

La fiscal indicó ante el tribunal que la agresora actuó a traición y sobresegura, ya que el hombre no tuvo la posibilidad de defenderse, por lo que se le formalizó por homicidio calificado. Además, la imputada mantiene condenas previas por los delitos de robo por sorpresa y robo con violencia, por lo que no tenía una irreprochable conducta anterior.

El juez Juan Pinochet Tejos ordenó el ingreso en prisión de la imputada por considerar que su libertad constituye un peligro para la seguridad de la sociedad, fijando el plazo para la indagatoria en 3 meses.