Propuestas para la Siderúrgica Huachipato
La noticia de la decisión del directorio de la Compañía Siderúrgica Huachipato de suspender de forma indefinida sus operaciones dentro de los próximos tres meses caló hondo en la Región del Biobío y, por lejos, es una de las situaciones ligadas al ámbito económico que ha tenido mayor repercusión en la comunidad, por el valor histórico que tiene la empresa y el estrecho lazo que ha construido en su extenso funcionamiento con el desarrollo regional.
La situación de fragilidad financiera fue alertada desde el año pasado por la empresa e informada de manera reiterada no sólo a las autoridades, sino también a la opinión pública a través de constantes análisis y entrega de datos y cifras que mostraban que la operación iba de mal en peor. Hubo señales concretas, que no solo se quedaron en anuncios, como el cierre de la unidad del laminador de barras, recientemente realizado en febrero pasado. Otra situación que hacía evidente la preocupación eran las acciones que realizaban en conjunto los directivos de la empresa y las organizaciones sindicales, que han mantenido el tema presente ante autoridades, gremios y la propia comunidad.
La profunda crisis de la planta ubicada hace más de 70 años en Talcahuano se advertía y avanzaba, con pérdidas de un millón de dólares diarios durante 2023, especialmente afectada por su incapacidad para competir con los precios del acero chino, especialmente bolas de molienda, que mantienen precios 40% más bajos. Por esta razón es que la empresa siderúrgica solicitó salvaguardias por un 25%, pero la Comisión Antidistorsiones recomendó sobretasas arancelarias solo de 15% para esas importaciones, aunque de paso reconoció que existía una competencia desleal.
Tras recibir la respuesta de la instancia, la decisión de la empresa no se hizo esperar y fue dada a conocer en la misma jornada: el cierre escalonado de la planta de Talcahuano. La determinación ha causado preocupación entre los habitantes de la comuna y de la Región, así como una seguidilla de reacciones de las autoridades locales que, sin duda, pudieron tener la misma firmeza y variedad de propuestas en los meses previos a este anuncio.
Desde que el directorio de la firma hiciera pública su decisión de suspender operaciones, los planteamientos de posibles salidas a la crisis se han sucedido con gran rapidez, así como también los reproches, que dado el apremio tal vez deberían tener un protagonismo menor con el fin de entregar a la situación la atención que merece. En los últimos días se han propuesto distintas ideas, como por ejemplo el reciente anuncio de un grupo de parlamentarios locales, que impulsarán una reforma constitucional destinada a proteger la industria acerera. Según anunciaron, la iniciativa sería presentada el próximo 1 de abril y en su artículo único establece que "durante los tres años siguientes a la publicación de la presente reforma constitucional, toda importación de productos de acero como alambrones, acero de refuerzo para la construcción, barras y bolas de moliendo de minerales, de origen de la República Popular China, estará gravada con arancel del 50%".
Se trata de una medida legislativa, que requiere plazos y votos para que se concrete, pero que sus impulsores aseguran que podría ser aprobada. Por otro lado, expertos indican que el principal apoyo sería poder brindar este 25% de salvaguardia. Si se logra revertir el escenario, además plantean que un punto importante es analizar cómo están operando los tratados de libre comercio que tiene Chile y la forma en que Huachipato retomaría su competitividad en la industria para evitar que el actual escenario se repita en el corto plazo.
Sin embargo, hasta el momento se desconocen las alternativas que se barajan desde el Gobierno para evitar el cierre de Huachipato y el ministro de Economía, Nicolás Grau, ha sido duramente criticado por no entregar una solución previa. Se informó ya tuvo una reunión con representantes del Grupo CAP, pero ninguno de los participantes entregó detalles sobre lo conversado.
A nivel local, la delegada Daniela Dresdner informó que el ministro Grau arribará a la Región del Biobío en los próximos días para reunirse con los trabajadores y las empresas que están involucradas en esta crisis, pero también sin precisar en qué jornada precisa. El exministro de Hacienda, Ignacio Briones, de paso en Concepción reconoció que se trata de una industria que no solo es una actividad empresarial, sino que es parte de la cultura del Biobío, pero afirmó es difícil imaginar que el Estado pueda ir en apoyo de una empresa privada, por lo que importante sería apoyar la reconversión de los trabajadores.
Después de jornadas de análisis y discusión en torno a la situación de la emblemática siderúrgica, se mantiene la incertidumbre respecto de su destino final y cuáles serán las novedades que finalmente se confirmarán en los próximos días.
La determinación ha causado preocupación entre los habitantes de la comuna y de la Región, así como una seguidilla de reacciones de las autoridades locales que, sin duda, pudieron tener la misma firmeza y variedad de propuestas en los meses previos a este anuncio.