Por Agencias

Una gran operación contra el expresidente Jair Bolsonaro, así como también varios de sus exministros de Estado y militares con quienes colaboró estrechamente, inició este jueves la Policía Federal de Brasil. Ello por su supuesta implicación en un intento de Golpe de Estado -ocurrido en enero del año pasado-, el cual buscaría mantener en el poder al mandatario luego de su derrota en las elecciones presidenciales de 2022.

El operativo, desplegado en distintos estados brasileños, implicó la ejecución de 33 órdenes de allanamiento en los domicilios de los sospechosos, cuatro órdenes de prisión preventiva y la imposición de 48 medidas cautelares.

Registros

Efectivos policiales irrumpieron este jueves en una de las casas del líder de ultraderecha, en Angra dos Reis, en Río de Janeiro, donde además le comunicaron el plazo de 24 horas del que dispone para entregar su pasaporte, por orden del juez de la Corte Suprema, Alexandre de Moraes. Adicionalmente, otra medida que se dictó en contra del ex presidente fue la prohibición de ponerse en contacto con otros personeros investigados.

Según fuentes de la investigación, además de Bolsonaro, el operativo incluyó el registro de los exministros entre 2019 y 2022, y generales del Ejército Walter Braga Netto, Augusto Heleno y Paulo Sérgio Nogueira, además del excomandante de la Marina, Almir Garnier Santos, el líder del Partido Liberal (PL), Valdemar Costa Neto, y el extitular de Justicia Anderson Torres.

El Diario 'O Globo sostuvo que los cuatro detenidos son los coroneles del Ejército Marcelo Câmara y Bernardo Romão Corrêa Netto, el ex asesor de Bolsonaro Filipe Martins, y Rafael Martins, mayor del Ejército.

La Policía Federal informó que la operación busca precisar si los personeros investigados son parte de una "organización criminal" relacionada con las tentativas de golpe de Estado que buscaban evitar la asunción de Luiz Inácio Lula da Silva en enero del 2023.

Añadieron que el grupo investigado conformó distintos núcleos de actuación para divulgar sospechas de fraude en las elecciones de 2022 -incluso antes de que se realizaran-, con la idea de "legitimar una intervención militar". Ello, mientras preparaban actos para abolir el Estado de Derecho con apoyo de militares; lo anterior concluyó con un intento de asonada el 8 de enero del año pasado, cuando miles de adherentes de Bolsonaro invadieron y destrozaron sedes de la Presidencia, el Congreso y la Corte Suprema, episodio por el cual también es investigado el ex mandatario.

Lula se pronuncia

"Es muy difícil para el Presidente de la República pronunciarse sobre un operativo de la Policía Federal que se desarrolla en secreto. Espero que no se produzcan excesos y se aplique el rigor de la ley. Sabemos de los ataques que hubo a la democracia. Necesitamos saber quién los financió. Vamos a esperar las investigaciones", comunicó Lula da Silva en su cuenta de X.

Más tarde, no obstante, añadió durante una entrevista radial que "creo que no hubiera ocurrido sin él", sin aludir a su antecesor. "Es necesario aprender: en una elección democrática, la gente pierde y la gente gana.El ciudadano que estaba en el Gobierno no estaba preparado para ganar, para perder, y no estaba preparado para salir".

"Vamos a esperar a las investigaciones", reiteró.

El partido que lidera el presidente argentino, Javier Milei, La Libertad Avanza, presentó un proyecto para derogar la ley del aborto, según se conoció este miércoles, aunque el ingreso de la iniciativa a la sede parlamentaria es del 5 de febrero.

El proyecto pide la derogación de la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE), aprobada el 30 de diciembre de 2020 y promulgada el 14 de enero de 2021, y que el aborto sea un delito penal tanto para la mujer como para quienes participen en la intervención.

Además, el texto no presenta eximente en los casos de violación, aunque deja a criterio del juez que disponga la excepción de la pena para la mujer "en atención a los motivos que la impulsaron a cometer el delito, su actitud posterior, y la naturaleza del hecho".

La mujer sería sancionada con cárcel de uno a tres años.

Según el proyecto que lleva la firma de los diputados Oscar Zago, jefe del bloque de La Libertad Avanza; Lilia Lemoine -influyente y persona muy cercana al ámbito de Milei- y otros cuatro legisladores más, habría penas de 3 a 10 años para quienes provoquen el aborto de una mujer sin su consentimiento -que podrían llegar a 15 en caso de fallecimiento de la madre-.

En el caso de que haya consentimiento, las penas serían de 1 a 4 años, que podrían aumentar a 6 si la mujer fallece.

"no está en agenda"

El texto presentado en la Cámara de Diputados va encabezado por el lema que el Ejecutivo de Milei publicó recientemente en el Boletín Oficial: la declaración de 2024 como 'Año de la defensa de la vida, la libertad y la propiedad'.

Durante su discurso en el Foro Económico Mundial, celebrado en enero en Davos (Suiza), el mandatario atacó las agendas del feminismo y del medioambiente que, según dijo, el socialismo ha conseguido colar en los organismos internacionales.

No obstante, el vocero presidencial, Manuel Adorni, dijo ayer que "(este proyecto) no es parte de la agenda del presidente. No ha sido una decisión del presidente. No está impulsado de ninguna manera por el Poder Ejecutivo".

Aprobada el 30 de diciembre de 2020 y promulgada el 14 de enero de 2021, la ley 27.610 de Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE) permite interrumpir voluntariamente el embarazo hasta la semana 14 de gestación de forma segura, legal y gratuita, siempre en un máximo de diez días desde su requerimiento.

La accidentada central atómica de Fukushima sufrió una fuga de agua radiactiva en su sistema de filtración de líquido contaminado, parte del cual fue a parar al subsuelo, según la operadora, que hasta el cierre de esta edición no detectó ningún "impacto en el exterior" del vertido.

El incidente se produjo el miércoles debido a una válvula que permaneció abierta de forma errónea durante una operación de trasvase de agua contaminada llevada a cabo por los trabajadores de la planta en el marco de una inspección, según informó la compañía eléctrica Tokyo Electric Power (Tepco).

Tepco estima que hasta 5,5 toneladas de agua pudieron verterse en el interior del recinto de la central Fukushima Daiichi, y calcula que el líquido podía contener hasta 220 veces el nivel máximo de materiales radiactivos como el cesio-137 fijado por las autoridades niponas.

La operadora acordonó la zona del incidente y procedió a recoger el líquido derramado, aunque se cree que parte del mismo fue a parar al subsuelo, que será también retirado y analizado.

Tepco explicó que por el momento "no se ha detectado ningún impacto medioambiental" en el exterior de la planta a raíz del incidente, que se produjo dentro del sistema de purificación y canalización del agua contaminada de la planta para su vertido en el mar de forma controlada.

La planta accidentada por el terremoto y el tsunami de marzo de 2011 comenzó en agosto pasado a descargar en el Pacífico las grandes cantidades de agua procesada que se generan y almacenan en sus instalaciones, medida que durará 30 años y que es supervisada por el Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA).

Esta agua es tratada mediante un complejo sistema de filtrado que elimina la mayor parte de los elementos radiactivos nocivos, menos el tritio (isótopo nuclear presente en la naturaleza), antes de su almacenamiento en tanques para ser vertida.

China pidió ayer a Japón "transparencia" después de la fuga y calificó la gestión japonesa como "caótica".

La exclusión de la carrera electoral del candidato por la paz, el opositor Boris Nadezhdin, dejó hoy sin rival al presidente ruso, Vladimir Putin, que tiene ahora el camino expedito para su reelección en marzo, con la guerra en Ucrania como principal eslogan.

"No me rechazan a mí, sino a las decenas de millones de personas que ansían cambios", aseguró Nadezhdin en Telegram, dirigiéndose a la Comisión Electoral Central (CEC).

La oposición al Kremlin acusa a Putin de poner trabas para el registro de Nadezhdin por temor a que aglutine a todos los descontentos no solo con la guerra, sino con la deriva autoritaria del Kremlin.

A diferencia de 2018, cuando hasta ocho candidatos concurrieron a las presidenciales, en esta ocasión Putin se medirá con tres candidatos con escaso carisma presentados por partidos con representación parlamentaria que apoyan la campaña militar rusa.

Defectos de forma

La CEC rechazó el registro del opositor debido a los errores detectados en más del 15% de las firmas que remitió el 31 de enero para postular su candidatura.

Dictaminó que Nadezhdin presentó 95.587 firmas válidas, cuando necesitaba 100.000, al contar con el apoyo de un partido sin representación parlamentaria (Iniciativa Ciudadana).

En particular, estableció que el equipo del opositor cometió diferentes errores de forma, entre los que figurarían once almas muertas, al utilizar bases de datos no actualizadas.

"No se debe cruzar la frontera en la que en las listas en favor de los candidatos aparecen personas ya fallecidas", aseguró Nikolái Buláev, subjefe de la CEC.

Además, algunos de los recolectores de firmas no estaban autorizados para ello por notario o se identificaron incorrectamente, menudencias que el equipo de Nadezhdin considera insuficientes para invalidar.

Mientras, en el caso del presidente, Vladimir Putin, recordó que los funcionarios de la comisión encontraron sólo 91 firmas no válidas, lo que permitió que postule a la reelección el próximo 17 de marzo.

No pierde la esperanza

"No estoy de acuerdo con la decisión de la Comisión Electoral (...) Recurriré ante el Tribunal Supremo de Rusia", dijo Nadezhdin, cuyo apellido en ruso deriva de la palabra "esperanza".

Insistió en que sus correligionarios recabaron las firmas "de manera abierta y honesta", ya que "todo el mundo vio las colas ante nuestros cuarteles electorales y nuestras oficinas".

"Allí había decenas de millones de personas que querían votar por mí. En los sondeos sumo dobles dígitos, estoy en segundo lugar tras Putin y ustedes me hablan sobre 11 muertos", dijo.

La CEC le advirtió que nunca ha perdido un caso ante el Supremo en las cuatro ocasiones en que los candidatos apelaron la decisión de la autoridad electoral, pero Nadezhdin no se arredró, aunque no aludió a la posible convocatoria de protestas.

Insistió en que los grafólogos no han hallado ni una sola firma falsa y denunció que el sistema está hecho de forma que sean registrados sólo los "candidatos admisibles" para el Kremlin.

"Les pido que no se rindan. Ocurrió lo que muchos no podían creer, los ciudadanos sintieron la posibilidad de cambios en Rusia", afirmó.

Putin, de 71 años y cuya gestión es aprobada por el 80% de los rusos, debería ganar con más votos que en 2018, cuando sumó más del 76% de sufragios.-