El año 2018 se estimó que, a nivel mundial, aproximadamente 9,6 millones de personas (56,4% hombres y 43,6% mujeres) murieron por causa del cáncer. En los hombres el cáncer de pulmón lidera el tipo con mayor prevalencia, en tanto en ellas es el de mamas, siendo el factor genético responsable solo del 5 a 10% de los casos y el restante 90-95% está vinculado a factores del medio ambiente y estilos de vida.

Durante el 2018 se diagnosticaron más de 53.000 casos de cáncer en Chile, según la última estadística de Global Cancer Observatory (Globocan). Si hablamos de cáncer de origen ginecológico nos referimos al que afecta al tracto genital femenino como mama, cervicouterino, ovario, endometrio, entre otros, siendo el de mamas el que genera más muertes al año.

A nivel mundial la principal causa de muerte por cáncer en las mujeres es el mamario, seguido del cáncer colorrectal y pulmón, La evidencia sugiere que una de cada ocho mujeres desarrollará cáncer de mama a nivel mundial. En Chile el Departamento de Estadística e Información en Salud (DEIS) señaló que, en el año 2016, el cáncer fue la segunda causa de muerte después de las enfermedades cardiovasculares. En el caso de las mujeres, la tendencia es similar a la mundial siendo el cáncer de mama, colorrectal y pulmón los tres con mayor nivel de mortalidad en mujeres chilenas.

Para el 2040 Chile enfrentará un cambio en el ranking de las principales causas de muerte, estimándose que el cáncer se posicionará en el primer lugar. Por lo anterior es que urgen medidas de promoción de estilos de vida saludables, dado que el desarrollo económico de nuestro país aumenta el riesgo oncológico. Lo anterior se asocia a un cambio en el régimen alimentario y estilos de vida poco saludables tales como consumo de tabaco, alcohol, sedentarismo, obesidad, entre otros, siendo todos ellos factores de riesgo para desarrollar algún tipo de cáncer, entre ellos ginecológico. También el envejecimiento de la población y el retraso de la maternidad empeoran el panorama.

Esperamos el desarrollo de políticas públicas enfocadas en la prevención del cáncer, mejorar el acceso a profesionales de salud capacitados en otorgar herramientas a la población logrando sensibilizarlos respecto al autocuidado, y la importancia de controles de salud periódicos. También se sugiere mejorar el acceso a tratamiento oportuno y de calidad, protección financiera en especial a usuarios de aseguradoras privadas, etc.

En el 2017 se promulgó la Ley 21.040, marcando un hito en la historia reciente de las reformas educativas al establecer la Nueva Educación Pública (NEP). Uno de los aspectos de esta importante reforma está centrada en la responsabilidad del estado en garantizar el servicio educativo, estableciendo como meta la mejora de la calidad del sistema educacional público, al que asiste el 35% de la matrícula escolar de nuestro país.

La transición hacia la nueva educación pública, debido a su carácter intersectorial y de alta complejidad, ha estado lejos de ser un camino exento de dificultades. Esta reforma, por lo tanto, obliga a una mejor coordinación de todos los actores del mundo educativo.

Dos ámbitos claves de mayor coordinación en esta etapa inicial del servicio local de educación pública son: la infraestructura escolar y los aprendizajes de los estudiantes.

En relación con el primer punto, si bien se ha avanzado en una priorización en la inversión, destinada a mejorar las condiciones de habitabilidad en las escuelas públicas, aún falta por realizar una mejor focalización de los recursos para enfrentar de manera oportuna este déficit. Es importante advertir que la evaluación diagnóstica sobre el estado actual de la infraestructura escolar se presenta como una gran brecha a resolver, con un plan mayor de construcción para establecimientos modernos, seguros y adecuados que permitan disponer de nuevos espacios de aprendizaje. Esta tarea forma parte de las principales prioridades en el trabajo de los próximos años para implementar en los establecimientos de las comunas de Lota, Coronel, San Pedro de Paz y Santa Juana.

El otro ámbito para considerar, como segundo punto, es el aprendizaje. Para enfrentar esta brecha de inequidad los pilares orientadores de la nueva educación pública en Andalien Costa son, en primer lugar, el aprendizaje de los niños, niñas, jóvenes y adultos. Así también, son actores prioritarios los profesores y profesoras, junto a los asistentes de la educación que contarán con el apoyo técnico pedagógico necesario para el desarrollo de sus capacidades profesionales, para iniciar así una etapa de mejoramiento escolar sostenido.

Todo lo anterior, debe permitir reflejar el espíritu de la ley, que es asegurar que la educación pública sea de mejor calidad; con foco en los aprendizajes, donde todos sus estudiantes alcancen los niveles de desempeño adecuados y disminuyan los desempeños insuficientes. El no alcanzar dichos logros educativos en los niveles y cursos que corresponda, resta posibilidades de éxitos futuros en la vida de los estudiantes. Para lograr este objetivo central del sistema de educación pública se requiere garantizar un año escolar en forma, que permita la rutina escolar diaria y continua en las escuelas públicas.

Un avance sustantivo en las tareas pendientes de infraestructura y aprendizajes permitirá poner las energías en lo fundamental, que es proporcionar el mejoramiento de los estándares de desempeño desde la educación inicial hasta la enseñanza media, para quienes asisten a nuestros establecimientos educacionales.

La Compañía Siderúrgica Huachipato, uno de los motores productivos de la Región del Biobío, atraviesa probablemente su momento más crítico en sus más de 70 años de trayectoria.

Golpeada por la competencia del acero chino subsidiado, la compañía ha acumulado pérdidas por casi US$1.000 millones desde 2009 y cerca de la mitad de esa cifra en los últimos dos años. Es decir, Huachipato pierde casi US$1 millón por día, un escenario que no muchas empresas pueden resistir por tanto tiempo.

Para revertir este escenario asimétrico y poder competir de manera justa y leal con el acero proveniente de China, la empresa ha presentado una denuncia ante la Comisión Antidistorsiones, que debe decidir si le da la razón a la compañía chilena y fija las medidas antidumping solicitadas.

¿Qué se juega en la decisión de la Comisión? Desde ya, el futuro de Siderúrgica Huachipato, pero sus réplicas llegan mucho más allá y amenazan con impactar al Biobío y a todo el país.

Un reciente estudio elaborado por académicos de la Facultad de Ingeniería y Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas de la Universidad Católica de la Santísima Concepción destaca el valor estratégico de Huachipato para la minería, la construcción, la infraestructura y el sector energético. Sus productos de acero son cruciales para las faenas de las mayores minas de cobre del norte, están presentes en el Puente Chacao e incluso en muchas de nuestras casas y edificios emblemáticos.

La compañía también es de alta relevancia social y económica para el Biobío y para Chile.

Todos en la región conocemos a alguien relacionado con Huachipato. La compañía genera más de 20.000 empleos directos e indirectos y, además, se vincula con más de 1.000 pymes. Es el mayor contribuyente de impuestos de Talcahuano y aporta $524 mil millones a la producción nacional.

Por todo lo anterior, debemos advertir sobre el impacto de un revés de Huachipato en la Comisión Antidistorsiones, que, llevado al extremo de suponer la suspensión o el cierre de la siderúrgica representaría un golpe devastador a la economía, el empleo, y los esfuerzos de sostenibilidad en Chile.

De acuerdo con nuestro estudio, un eventual cierre afectaría la producción en la zona que se reflejaría en una contracción del 3% del PIB total de la región. Esto impactaría directamente en la tasa de desempleo en el Biobío en hasta un 1% sólo considerando los empleos directos, mientras que la inversión podría contraerse hasta 25%.

Con un mercado laboral estancado, una economía débil y un letargo en la inversión, ni el Biobío ni Chile pueden dejar caer a Huachipato.

Se requiere, entonces, de un apoyo decisivo. La Comisión Antidistorsiones debe implementar políticas arancelarias y medidas antidumping contra el acero chino, como ya lo han hecho Estados Unidos, la Unión Europea, Brasil, México, India o Turquía.

Esto no es simple proteccionismo, sino que se trata de emparejar la cancha y permitir que el acero chileno compita en igualdad de condiciones con el acero chino. Huachipato está en su hora crucial. Que no sea una oportunidad perdida depende de las acciones que tomemos ahora.