Nuevo informe de Contraloría revela anomalías en traspasos y conflictos de interés en el Gore
Entre las principales observaciones levantadas en el informe están las contrataciones de funcionarios a través de fundaciones y el traspaso de dineros aprobados por el Gore a fondos mutuos.
A poco más de seis meses que el Caso Convenios se tomara la opinión pública en la Región del Biobío, continúan las revelaciones sobre posibles irregularidades en la entrega de recursos públicos desde el Gobierno Regional (Gore) a diversas fundaciones y organizaciones sin fines de lucro, y que actualmente sea indagado por el Ministerio Público en al menos trece aristas, lideradas por las fiscales Marcela Cartagena y María José Aguayo.
Con fecha 22 de enero, llegó hasta las oficinas del Gore el segundo preinforme emitido por la Contraloría Regional, que aborda la relación del órgano público con al menos una decena de organizaciones y donde se detectan una serie de anomalías, desde el pago de remuneraciones a profesionales contratadas por fundaciones a posibles conflictos de interés e incluso la desviación de recursos asignados a proyectos a fondos mutuos.
Estas se suman al primer informe publicado a inicios de noviembre, donde Contraloría pidió respuesta al Gobierno Regional del Biobío por irregularidades en el vínculo con al menos ocho fundaciones.
Nuevos hallazgos
Entre los antecedentes a los que pudo acceder este medio se encuentra la detección de una serie de anomalías tanto en la asignación de recursos como también en el uso de estos, y otras faltas administrativas asociadas.
En el caso de la relación con la Fundación Educación Financiera (Fundeff), se observó la celebración de dos contratos de prestación de servicios con personas naturales para que realizaran labores en el Gore, todo en el marco de la emergencia de los incendios forestales desde marzo, particularmente en el ámbito comunicacional y canalizar la entrega de ayudas.
"Fueron contratadas por Fundeff y sus remuneraciones financiadas con cargo a recursos asignados a esa fundación por el mismo Gore, para la ejecución de la mencionada iniciativa de inversión, la cual no contemplaba gastos por concepto de emergencia de incendios", afirma el documento, junto con señalar que "se cuestiona la legalidad de las contrataciones, así como un eventual manejo de información privilegiada por parte de las prestadoras, quienes carecían de responsabilidad administrativa ante faltas o negligencias en su desempeño".
"Las situaciones expuestas no se ajustan a los principios de transparencia, responsabilidad, control, eficiencia y eficacia, que se disponen que las autoridades y funcionarios deban tener", complementa el documento.
Otro de los traspasos cuestionados apunta al trabajo que desarrolla la Corporación Ciudades con el proyecto CityLab Biobío, y particularmente al destino de $1.587 millones que corresponden a la primera transferencia realizada en julio de 2022, ya que según determinó la revisión, se hicieron cargos bancarios no informados en las rendiciones de gasto del mes de noviembre y diciembre de ese año.
Pero, además se detectó que dichos movimientos correspondieron a "una inversión en un fondo mutuo de bajo riesgo, en moneda extranjera, con la finalidad de resguardar el patrimonio fiscal, evitando el efecto de la depreciación y riesgos asociados", según expuso en un oficio el presidente de Corporación Ciudades, Patricio Donoso al gobernador regional.
"Dichos fondos se encuentran destinados a una finalidad concreta, de manera que únicamente pueden ser empleados en los objetivos específicos para los que fueron conferidos, motivo por el cual no resulta procedente que sean invertidos en el mercado de capitales", apunta la Contraloría en sus conclusiones, junto con señalar que "los frutos civiles que pudieren generar los recursos aportados deben necesariamente ser destinados a la finalidad para la cual estos últimos fueron concedidos".
Además, se detectaron faltas en traspasos de dineros y vínculos con otras instancias como Corporación Motum e Irade.
Acciones
Karen Flores, encargada jurídica del Gore Biobío, explicó que "este es un preinforme con el carácter de reservado. Como funcionarios públicos no podemos hacer referencia a su contenido ni a dar explicaciones respecto a las anotaciones del mismo".
A nivel de consejeros regionales se pidió ahondar en las observaciones del órgano fiscalizador y tomar las medidas pertinentes.
"El gobernador no atendió nuestras denuncias y mucho menos aquellas propuestas que buscaban resguardar los recursos regionales. Continuó transfiriendo recursos en grandes volúmenes", dijo el consejero Javier Sandoval, junto con señalar que "variados informes dan cuenta de la incapacidad de control oportuno de los gastos. Es por esta razón que a nuestro juicio se requiere de una fuerte reestructuración de la división de finanzas del Gore".
Su par Piero Blas apuntó a que "las denuncias que hemos realizado se ven reflejadas en los informes de Contraloría. El segundo informe es mucho más directo en aludir al gobernador y un eventual conflicto de interés que también señalaba desconocer".
"Se responsabilizó solo a una contraparte técnica y las demás continúan trabajando sin ningún tipo de sumario o aprensión. Eso demuestra que todo está organizado, bajo la tutela del gobernador, y espero que ahora que está en un informe, el Consejo tome las acciones correspondientes de sanción en el Tribunal Electoral", complementó.