Las investigaciones en la Macrozona Sur
La fiscal regional Marcela Cartagena indicó en una entrevista a Diario El Sur que "hemos cosechado estas decisiones tomadas tanto como Macrozona como en la Región, por ejemplo, especificando la sustracción de madera con una fiscal especializada en lavado de activos y delitos tributarios, porque siempre sostuvimos que iba por ahí la línea y el tiempo nos ha dado la razón".
El abordaje que han mostrado frente a lo que sucede en la Macrozona Sur cuenta con resultados destacados: como la condena del Juzgado de Garantía de Cañete del pasado jueves a once personas involucradas en delitos de asociación ilícita para el hurto y receptación de madera, delitos tributarios y lavado de activos en la provincia de Arauco, detenidos en marzo del año pasado con bienes incautados que alcanzan los $400 millones.
Más allá de los cuestionamientos que se puedan generar desde distintos sectores por la magnitud de las condenas -que oscilan entre los dos y cinco años de cárcel-, procedimientos de estas características dan cuenta de una decisión manifiesta de la Fiscalía de desbaratar a las organizaciones dedicadas a la sustracción y tráfico de madera, incluso asociadas a otros delitos, atendiendo también los planteamientos que durante los últimos años también hicieran las principales autoridades políticas de la zona.
Esta decisión que, según explicó la fiscal de la unidad de Alta Complejidad Marcela Barahona, considera tres años de indagatorias para identificar a sujetos involucrados e información que permita abrir nuevas líneas para seguir la ruta del dinero obtenido de distintas actividades fraudulentas.
"Siempre se habla de que no se persigue el dinero, que se persiguen delitos individuales, y que se logran condenas que no enfrentan adecuadamente el fenómeno. Pero, gracias a este nuevo modelo de investigación, se logró realizar un procedimiento policial exitoso en coordinación con personal OS9, que realizó una destacadísima labor", manifestó la persecutora, dando cuenta también que los delitos de estas características se han reducido en un 80% durante los tres años de trabajo del foco especializado.
Clave también para esta labor ha sido la coordinación de la Fiscalía con distintos actores, para permitir acceder a información, conectar datos y personas, y facilitar el acceso a la ruta del dinero conseguido en actividades ilícitas, cuestión que hace algunas semanas también destacó la fiscal Cartagena: "Le tomamos la mano al Servicio de Impuestos Internos (SII) y le pedimos que nos acompañaran. No estaban muy animados al principio, y hoy son número puesto colaborando a nuestro lado porque los convencimos de que la mano iba por ahí".
En ese punto, se puede destacar el trabajo complementario de las investigaciones lideradas por el fiscal Juan Yáñez, vinculadas específicamente al robo, hurto y receptación de madera además de delitos contra la propiedad, que daban cuenta de una posible asociación ilícita, junto al trabajo de la fiscal Barahona vinculado a una causa sobre delito de lavado de activos.
Los buenos números relevados por el Ministerio Público permiten también poner en valor dos elementos centrales: por un lado, permiten separar las reivindicaciones de las comunidades mapuches que habitan las provincias de Arauco y Biobío de las actividades ilícitas -pese a que varias organizaciones utilizan consignas, panfletos y distintivos alusivos a agrupaciones indígenas- y por otro lado, la necesidad imperiosa de que los distintos actores vinculados al trabajo en el territorio trabajen de manera coordinada en la búsqueda de permitir a ambas provincias tomar un nuevo impulso tanto a nivel económico, turístico y sobre todo de calidad de vida para sus habitantes.
Procedimientos de estas características dan cuenta de una decisión manifiesta de la Fiscalía de desbaratar a las organizaciones dedicadas a la sustracción y tráfico de madera