El diputado y presidente de Convergencia Social (CS), Diego Ibáñez, afirmó que da por superado el impasse con la senadora Ximena Rincón, presidenta de Demócratas, pese a que no se disculpó con la exministra luego de afirmar, durante la discusión en la Cámara Baja de la reforma al sistema previsional, que ella tenía conflicto de interés en la reforma a las pensiones ya que fue directora de una AFP.

"Estos debates que son calurosos en el Congreso. Yo los desdramatizaría. Nosotros estamos disponibles siempre a mejorar las formas, a revisar todos los debates, los diálogos para poner en el centro lo que le interesa a la ciudadanía. Eso lo he conversado con los ministros de gobierno y estamos a disposición para avanzar", dijo Ibáñez a dos días de sus cuestionamientos a Rincón.

El presidente de CS, partido del Presidente Gabriel Boric, recibió críticas incluso dentro del oficialismo por poner en riesgo la aprobación de la idea de legislar la reforma de pensiones que, solo algunos minutos después, fue aprobada en la Cámara Baja con los votos de los diputados y diputadas de la bancada de Demócratas.

"Estuvimos un año y medio tramitando esto en la Comisión de Trabajo. Aquí lo importante es que se aprobó la idea de legislar. Respecto a las formas, los dimes y diretes que se dan en el Congreso, lo doy por superado, ahora estamos a disposición de lo que hagan el ministro Marcel y la ministra Jara", respondió Ibáñez, sin disculparse como lo exigió el partido liderado por la senadora del Maule.

Mientras, el ministro de Hacienda, Mario Marcel, afirmó en radio Pauta que en el debate de la reforma previsional "el Gobierno ha dicho desde un comienzo que no tiene líneas rojas en el proyecto de reforma previsional; lo que tiene son objetivos claros".

En referencia al rechazo a la distribución del 6% de cotización adicional, el secretario de Estado planteó que "en virtud de ese criterio de no tener líneas rojas, en la Cámara de Diputados se hicieron al menos 10 modificaciones importantes al proyecto. Nosotros mantenemos esa disposición al diálogo para el debate en el Senado, ¿por qué tendría que cambiar?".

Por Efe

La Corte Internacional de Justicia (CIJ) emitió ayer medidas cautelares contra Israel para pedirle pasos "inmediatos y efectivos" que impidan la comisión de un genocidio en Gaza y que castigue cualquier incitación al exterminio de los palestinos de la Franja, aunque no le exigió un "alto al fuego" como había solicitado Sudáfrica. A esto, el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, calificó la acusación como "indignante".

El máximo tribunal de la ONU aceptó seis de las nueve medidas cautelares solicitadas de forma urgente por Sudáfrica, país demandante. La Corte consideró "plausible" el riesgo de genocidio de un grupo concreto, los palestinos de Gaza, y en base a los argumentos presentados por Sudáfrica en la audiencia del 11 de enero determinó que hay riesgo de "causar un daño irreparable" a este grupo con la ofensiva iniciada por Israel tras el ataque terrorista del grupo islamista Hamás el 7 de octubre, que se cobró la vida de 1.200 personas. En la reacción israelí ya han muerto 26 mil personas en la Franja.

La CIJ exigió a Israel "tomar todas las medidas en su poder para prevenir la comisión de todos los actos" recogidos en el artículo 2 de la Convención para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio (1948), que, entre otras cosas, prohíbe "matar miembros del grupo" o "infligirles deliberadamente condiciones de vida calculadas para provocar su destrucción física total o parcial".

Israel deberá por ello, entre otras cosas, "asegurarse con efecto inmediato de que sus militares no cometan" ninguno de esos actos y tomar "todas las medidas en su poder para prevenir y castigar la incitación directa y pública a cometer un genocidio" de los civiles en Gaza.

También debe "adoptar medidas inmediatas y efectivas para permitir la prestación de servicios básicos y asistencia humanitaria que se necesitan con urgencia para abordar las condiciones de vida adversas que enfrentan los palestinos en la Franja de Gaza".

Reacciones encontradas

Tras conocerse el fallo, el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, aseguró que la acusación de genocidio contra Israel "no solo es falsa, es indignante", y celebró que el tribunal no ordenara un alto el fuego.

"Como todo país, Israel tiene el derecho básico a la autodefensa. El tribunal de La Haya rechazó con razón la escandalosa exigencia de privarnos de este derecho", dijo el líder de Israel.

Mientras, desde Estados Unidos, principal aliado de ese país, el presidente Joe Biden planteó que no se deben minimizar "los horrores" de Hamás y añadió que "después de la cruel masacre del 7 de octubre hemos sido testigos de un alarmante aumento de un antisemitismo despreciable en el país y en el extranjero que ha dejado a la vista dolorosas cicatrices de milenios de odio y genocidio del pueblo judío. Es inaceptable".

El Departamento de Estado de EE.UU. afirmó además que "seguimos creyendo que las acusaciones de genocidio son infundadas y queremos subrayar que la Corte no llegó a ninguna conclusión sobre genocidio ni pidió en su fallo ningún alto el fuego".

Del otro lado del fren te de guerra, Hamás celebró la decisión de la CIJ y la consideró "un avance importante que contribuye a aislar a la ocupación (israelí) y a exponer sus crímenes en Gaza".

Además cinco países árabes (Egipto, Jordania, Arabia Saudita, Omán y Qatar) pidieron a Israel cumplir el fallo de la CIJ.

El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, recordó que las decisiones de la CIJ "son vinculantes" y añadió que "confía en que todas las partes cumplan debidamente con la orden de la Corte".

Por su parte, Sudáfrica lamentó que no se ordenara un inmediato cese del fuego en Gaza, mientras Chile, a través del canciller Alberto van Klaveren , dijo que "valoramos la decisión de la CIJy pedimos la aplicación urgente de las medidas decretadas. Chile abogará por el cese inmediato de hostilidades, la liberación de todos los rehenes, el acceso a ayuda humanitaria y el respeto irrestricto al derecho internacional humanitario".

El presidente argentino, Javier Milei, afirmó ayer que pese a la falta de reacción en muchos países del mundo en el conflicto en la Franja de Gaza, Argentina "no se silencia ante el terror de Hamás" y exigió "la liberación inmediata de todos los civiles secuestrados", entre ellos 11 de sus compatriotas.

"Hoy muchos países del mundo libre se arrepienten de aquella actitud de silencio frente a las atrocidades de los nazis", dijo el mandatario.

Agregó que "para que la historia no se repita, nosotros, quienes defendemos la libertad, tenemos la obligación de que eso no vuelva a ocurrir. Sin embargo, muchos países reinciden en el mismo silencio, un silencio que aturde. Argentina no se silencia frente al terror de Hamás",

Los dichos de Milei fueron parte de su participación en un acto conmemorativo por el Día Internacional en Memoria de las Víctimas del Holocausto, luego de que la Corte Internacional de Justicia (CIJ) emitiera medidas cautelares contra Israel para pedirle pasos "inmediatos y efectivos" que impidan un genocidio en Gaza.

La Corte Suprema de Venezuela ratificó este viernes una inhabilitación política contra María Corina Machado, electa en primarias como la candidata de la oposición para enfrentar a Nicolás Maduro en las presidenciales de este año.

Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), de línea oficialista, creó un mecanismo de impugnación de inhabilitaciones para quienes "aspiran a postularse" a las presidenciales de 2024, bajo presión de Estados Unidos y en medio de los acuerdos suscritos en Barbados por gobierno y oposición en un proceso de negociación que media Noruega.

Más temprano ratificó igualmente la inhabilitación de Henrique Capriles, que enfrentó al ex presidente Hugo Chávez en 2012 y un año después a Maduro.

Las inhabilitaciones políticas son una vieja arma del chavismo para sacar del medio a sus rivales. Las impone la Contraloría, facultada por ley para tomar medidas contra funcionarios bajo investigación, aunque la Constitución establece que solo una sentencia judicial "definitivamente firme" impide aspirar a la presidencia.