Por Karlyng Silva Leal

El Senado aprobó por primera vez una nueva prórroga de 30 días del estado de excepción que se mantiene vigente en las provincias de Arauco y Biobío, además de la región de La Araucanía desde hace más de 2 años. Sobre este nuevo escenario, los parlamentarios de Biobío sostienen que no implica un gran cambio ni impacto, pero que sí favorece la planificación de la estrategia que mantiene a las FF.AA. desplegadas por los hechos de violencia que aquejan a la Macrozona Sur.

A través de una reforma constitucional se estableció que a partir del 19 de enero las prórrogas de estados de excepción desde la sexta instancia sucesiva, se le permitirá al Presidente de la República solicitar la extensión de la medida por periodos de 30 días con el acuerdo del Congreso Nacional, de tal forma que las votaciones no tendrán que realizarse cada 15 días para la situación particular de la Macrozona, tal como se ha estado realizando durante los últimos años.

Al respecto, el senador Enrique Van Rysselberghe (UDI) sostuvo que esta modificación "permitirá dar una mayor perspectiva de tiempo al trabajo del Gobierno, las fuerzas del orden y los vecinos, ya que no tendremos que lidiar con el temor de que esta medida se podría acabar en dos semanas más. En este sentido, creo que la duración de 30 días permitirá planificar mejor y con más tiempo las medidas necesarias para restablecer la paz y el orden en la Macrozona Sur".

Por su parte, el senador Gastón Saavedra (PS), lo relevante de este nuevo plazo requiere especial atención respecto a los reportes que el gobierno haga al Congreso. "Necesitábamos un tiempo mayor de discusión en el Parlamento para ir aprobando este estado de excepción, no obstante, en la fase intermedia la idea es que tanto el Ministerio del Interior como de Defensa, entreguen una cuenta a las comisiones de seguridad para evaluar los avances y dificultades que tiene esta medida".

Diputados

Si bien esta última prórroga fue aprobada por el Senado, el próximo lunes la solicitud presidencial será revisada por la Cámara de Diputados con este nuevo plazo. Consultada sobre este cambio, la diputada María Candelaria Acevedo (PC), que ha votado durante todo este tiempo en contra de la medida, sostuvo que a su criterio "es un proyecto que no generará cambios significativos a lo que tenemos hoy, solo nos ahorraremos el trámite de votarlo cada 15 días, pero en el fondo las condiciones se mantienen, podría darse una planificación a más largo plazo, que en la práctica ya se realiza".

La diputada Marlene Pérez (IND) coincidió con Acevedo, sobre el impacto de este plazo, planteando que "no trae mayores diferencias, pues sentimos que hemos entrado a un status quo, donde el estado de excepción se ha transformado en la norma y no en la excepcionalidad".

En cuanto a la efectividad del estado de emergencia, Candelaria no desconoció el efecto del estado de excepción en la zona, aunque apeló a que este efecto se ha estado diluyendo en el tiempo pues "ahora los grandes operativos que hemos visto, desarticulando bandas ligadas al robo de madera, son liderados por las policías y especialmente por sus equipos de inteligencia".

Pérez por su parte planteó que los avances no son muchos, ya que se siguen registrando atentados violentos. "Las FF.AA. no pueden adentrarse a todo el territorio pues está fuera de su mandato. Por eso uno esperaría que el estado de excepción le diera mayores atribuciones a los uniformados para copar la zona de conflicto y desbaratar estas bandas armadas que atemorizan a la población", agregó la parlamentaria.

En un procedimiento abreviado un total de 11 personas fueron sentenciadas por el Juzgado de Garantía de Cañete a penas de entre 2 y 5 años de cárcel por su responsabilidad en distintos grados en los delitos de asociación ilícita para el hurto y receptación de madera, delitos tributarios y lavado de activos en la provincia de Arauco.

Se trata de Walter Araneda Parra, quien operaba como el líder de la organización, además de Ricardo Escobar Orellana, Guillermo Mesa Huichalao, Gloria Cheuquelao Contreras, Sebastián Toledo Padilla, Felipe Videla Rojas, José Flores Lobos, Lucas Valencia Alarcón, Eduardo Valencia Alarcón, Verónica Parra Orellana y Zunilda Arellano Riquelme.

La fiscal Marcela Barahona, de la Unidad de Alta Complejidad de la Fiscalía Regional del Biobío, detalló que los miembros de la asociación ilícita hurtaban la madera y luego blanqueaban ese producto a través de delitos tributarios, logrando de esta forma esconder su origen fraudulento.

Barahona destacó de este caso que se acogieron prácticamente todas las penas solicitadas, considerando los atenuantes producto del proceso abreviado, se solicitó el comiso de todas las especies incautadas durante la investigación, tales como vehículos, camiones forestales, maquinaria, camionetas, dinero y otras especies. En este sentido, la fiscal comentó que en mérito de la sentencia el tribunal acogió la sanción solicitada.

"Se dispuso el comiso de un inmueble adquirido con dinero proveniente de la actividad delictiva, es relevante destacarlo, porque es la primera situación en que hay un comiso de esta magnitud en las causas de sustracción de madera. El valor comercial (de todo lo incautado) creemos que rodea los $400 millones", aseguró la persecutora.

Las 11 personas condenadas fueron detenidas en marzo del año pasado en un megaoperativo realizado por OS9 de Carabineros en el sector de Elicura y Paillihue en la comuna de Contulmo, esto tras una investigación iniciada en 2020. Durante la formalización el Ministerio Público sostuvo que la organización tendría ganancias por $900 millones a raíz de los distintos ilícitos que cometían.

El Juzgado de Garantía de Arauco dictó las medidas cautelares de prisión preventiva para dos hermanos, un hombre y una mujer, detenidos el día lunes, a quienes la Fiscalía los formalizó por los delitos de incendio consumado, receptación de vehículo motorizado y amenazas a personal de Carabineros.

Según relató la fiscal Karina Bucarey ambos imputados acudieron hasta un predio de propiedad de Forestal Arauco donde comenzaron a quemar matorrales con acelerantes, provocando un incendio que terminó afectando a una superficie de una hectárea de pinos.

Hasta el lugar habría llegado personal de Bomberos, quienes no pudieron realizar los trabajos de contención y extinción del fuego enseguida, ya que los imputados se los impidieron a través de insultos y amenazas, siendo recién cerca de las 14:30 horas cuando pudieron controlar el fuego.

Más tarde, carabineros detuvo a los imputados mientras se trasladaban en un vehículo que mantenía encargo vigente por robo, instancia en que además la mujer amenazó de muerte al funcionario policial.

Como un alunizaje fue catalogado un robo con intimidación perpetrado por un grupo de al menos 8 personas en contra de la sucursal de la empresa Coca Cola en Los Ángeles.

El hecho conmocionó a la comuna, ya que los responsables habrían tratado de abrir una caja fuerte, pero al no lograrlo se dieron a la fuga con $600 mil en monedas, para luego quemar dos vehículos en que se movilizaban en distintos puntos de la ciudad.

Carabineros adoptó en primera instancia el procedimiento, sin embargo, luego por instrucción de la Fiscalía de Flagrancia determinó que la Biro penquista acudiera a realizar diligencias. Al respecto, el jefe de la brigada, subprefecto Danilo Carrera, comentó que los móviles quemados mantenían encargo por robo , los responsables lanzaron miguelitos para facilitar su huida en un tercer vehículo con el que llegaron hasta el lugar.