Gobierno y estado de excepción: debe "estar siempre en evaluación"
Constanza Martínez contó que se está hablando con todos los actores para determinar si "este tipo de medidas que tienen que ver con restricción de libertades (...) sirven o no y de qué forma podemos implementarlo".
La delegada presidencial de la Región Metropolitana, Constanza Martínez, entregó detalles sobre las conversaciones que está manteniendo con distintas autoridades para determinar si es o no conveniente decretar estado de excepción constitucional en la capital para hacer frente a la ola de hechos violentos y homicidios que vienen ocurriendo en el último tiempo.
En conversación con Mesa Central de Canal 13, la representante del Gobierno fue clara en señalar que poner en marcha esta medida excepcional es una posibilidad concreta, pero que todavía debe discutirse en detalle sus posibles efectos y su implementación.
"Creo que siempre tiene que estar en evaluación. Y tiene que estar en evaluación con quienes más saben de esto, con experiencia comparada, pero también con lo que hemos vivido en nuestro país", dijo.
Sin embargo, señaló que "como Gobierno tenemos que ser responsables, tener capacidad de evaluar y sopesar todas las medidas que tengamos en nuestro sistema político y no hemos tenido empacho en utilizar esta herramienta en otras situaciones. El punto es poder preguntarnos seria y responsablemente si este tipo de tácticas sirve para lugares densamente poblados".
En esa línea, Martínez aseguró que que el Ministerio del Interior, junto con la Subsecretaría de la misma cartera, están realizando reuniones con alcaldes, autoridades, Fuerzas Armadas, Carabineros y Policía de Investigaciones, para lograr "establecer si este tipo de medidas, que tienen que ver con restricción de libertades en lugares densamente poblados, sirven o no y de qué forma podemos implementarlas".
Las voces que piden la medida constitucional se han incrementado a raíz de los numerosos episodios de violencia que han tenido lugar en la Región Metropolitana. Sin ir más lejos, luego del saldo de 17 asedinados en los últimos días, el gobernador de Santiago, Claudio Orrego, exigió su implementación.
Persecución penal
Más allá de si se termina decretando o no el estado de excepción, la delegada presidencial fue clara en señalar que el gran objetivo es disminuir la tasa de homicidios y que esto no se lograría necesariamente con esta medida.
"El 2020, que tuvo una alta restricción de libertades, donde había toque de queda y presencia de militares en la calle, fue el segundo año con mayor aumento en homicidios. Entonces también hay que tener claridad (sobre) cómo fortalecemos las capacidades que ya existen y eventualmente evaluar aspectos como infraestructura crítica y otros", planteó.
Por lo mismo, Martínez apuntó que también deben tenerse en consideración otras alternativas y enfoques para rebajar el número de estos crímenes. "Hemos visto en otros lugares, en experiencia comparada, respecto a cómo se pueden bajar los homicidios, tiene que ver primero con hacer una persecución penal efectiva", dijo. Precisó que para aumentar la persecución penal "desde el mes de noviembre se pudo aplicar el ECOH de Fiscalía, que es parte del plan Calle Sin Violencia, que en la actualidad tiene a más de 220 funcionarios permanentemente trabajando 24/7 para llegar rápidamente a los lugares".