Es revelador comprobar que son cada vez más los interesados en hacer innovación y crear nuevas opciones de negocios. Que las organizaciones que agrupan a los emprendedores crecen y se potencian, y que el espíritu colaborativo en el emprendimiento y la innovación, demuestra que hay tierra fértil para el desarrollo sostenible.

Hasta hace un tiempo, hablar de emprendimiento era sinónimo de informalidad, y pocos se animaban a dejar la seguridad de sus empleos estables y convencionales, para apostar por sus ideas de negocio. Tal vez a partir de la pandemia, cuando cerraron muchas empresas y se generó un alto desempleo, surgieron más pymes para ocupar nuevos nichos de mercado. Y en este favorable escenario se ha comenzado a instalar el concepto de la innovación social, que tiene que ver no sólo con la búsqueda soluciones disruptivas para los problemas actuales, sino que estas soluciones tengan, además, a las personas como propósito central.

Se puede cambiar el foco de atención, innovar no sólo creando productos nuevos, sino que encontrando soluciones prácticas y distintas a problemas cotidianos y tradicionales; pero mejor aún, podemos hacerlo pensando en el futuro.

El cambio climático, el desgaste de muchas de nuestras fuentes de sobrevivencia, el creciente daño al medio ambiente y la desigualdad económica y social que enfrentamos como sociedad, obligaron a pensar en generar negocios sostenibles y sustentables, que no afecten nuestro entorno y que además permitan beneficiar a terceros, porque la economía colaborativa llegó para quedarse y son cada vez más las personas dispuestas a relacionarse desde las confianzas, para construir redes de emprendimiento e innovación socialmente efectivas.

No obstante, la incertidumbre económica del último año volvió a poner en jaque a algunas pequeñas empresas, y sobre todo a los nuevos emprendimientos innovadores, que recién se habían endeudado para impulsar sus negocios. Hay que considerar que así como los vaivenes del mercado y otros factores afectaron a las grandes empresas e industrias, los negocios pequeños y medianos también debieron enfrentar complicaciones.

La alta inflación que vivió el país, hoy más controlada, sumada a a las altas tasas de interés, la estrechez de los créditos, el valor del dólar que en alginos momentos sobrepasó los precios históricos y los incrementos persistentes de los valores de los combustibles, insumo fundamental para muchas pymes, complicaron a muchos provocando crisis económicas que llevaron a la insolvencia financiera de personas naturales detrás de sus emprendimientos. Algunas de las empresas, sobre todo las de menor tamaño, tuvieron que tomar medidas con el fin de poner al sobreendeudamiento que las agobió por meses.

La pequeña y mediana empresa es la gran generadora de empleos, y por lo mismo, cuando enfrentan problemas esto repercute fuerte mente en el mercado laboral. Hay que considerar que las pymes se vieron muy perjudicadas, en especial en el periodo de pandemia, algunas con un funcionamiento irregular o derechamente con cierres por no tener cómo continuar. Influyó que esas pequeñas empresas,especialmentedelcomercio, no pudieron operar con plazos claros para ingresos y pagos, por lo que tuvieron que cerrar sus puertas, de modo que las ventas decayeron fuertemente y no pudieron cumplir con sus compromisos de pagos a proveedores, impuestos, arriendos o sueldos.

De ahí la necesidad de cuidar y proteger a las pymes y los puestos de trabajo durante el complejo momento económico, por lo cual los programas de ayuda, si bien no dejan satisfechos a todos, representan un paso importante para apoyarlas en la superación de la crisis e iniciar el lento camino hacia la normalidad.

Hay que incentivar y promover políticas públicas que apuntan a fomentar el espíritu emprendedor, y apoyarlas sobre todo en el aspecto financiero para evitar una nueva caída.

La pequeña y mediana empresa es la gran generadora de empleos, y por lo mismo, cuando enfrentan problemas esto repercute fuerte mente en el mercado laboral.

A fines de los 60 el ecologista y biólogo norteamericano Garret Hardin publicó en la prestigiosa revista Science un dilema que hasta hoy genera discusión y controversia, pero cuya utilidad para describir ciertos fenómenos permanece intacta. Se trata de la "Tragedia de los Comunes" (Tragedy of the Commons).

Para aproximarse a lo descrito por Hardin primero debemos definir cuáles son los comunes: se trata de cualquier recurso al que todas las personas tienen acceso abierto, gratuito y sin restricciones (Ej. calles, parques y plazas, entre otros) Y su tragedia (de los bienes comunes) sobreviene cuando son explotados o abusados hasta su destrucción. Esto entonces ocurre, según Hardin, cuando varios individuos, que actúan de forma independiente y por interés meramente personal, terminan destruyéndolos.

Pues bien, estas ideas provenientes de la biología han tenido un profundo impacto en la teoría económica y también social. Y desde aquí quiero plantear dos situaciones de carácter cotidiano que afectan la vida en común: el comercio ambulante y los "perros comunitarios" descritos y legitimados en la Ley 21.020 (Cholito).

En estos días la Municipalidad de San Pedro de Atacama por la vía judicial está exigiendo que practique eutanasia a canes que se encuentren sin dueños conocidos, sin vigilancia de un responsable o deambulando por la vía pública. A la fecha, según la casa edilicia, se calculan en unos 4.500 los perros que se encuentran a la deriva en el pueblo, que consta de unos 5 mil habitantes. En poco tiempo habrá más perros que personas en esa pequeña localidad. Apunto que la acción de la municipalidad se basa en tres graves ataques de perros, uno de ellos con resultado mortal.

Según la Ley Cholito se denomina "perro comunitario" al que "no tiene un dueño en particular, pero que una comunidad alimenta y le entrega cuidados básicos". Es decir, un perro que es de todos (común), pero a la vez de ninguno. O sea, vive en el espacio común (come, duerme, defeca, deambula y tiene conductas propias de animales), pero no se identifica a nadie como su propietario o responsable. Y ese es, a mi juicio, el gran problema de la Ley Cholito, pues le entrega a una comunidad (entendido como un grupo de personas indefinida) una responsabilidad que no han concordado y mucha de ellas tampoco la han aceptado.

Hago el punto que he tenido perros (incluso más de uno) desde que tengo uso de razón, pero me cuesta aceptar que alguien pueda obligar a otro a convivir con ellos, menos en el espacio público que es de todos. Entonces ocurre que la libertad de unos -que creen que los perros sin dueño deben y pueden vivir en el espacio común sin ningún responsable- termina sobrepasando y exterminando la libertad de todos hasta el punto de que sobreexplota ese lugar común hasta hacerlo invivible. Ej. San Pedro de Atacama y los perros.

Algo similar ocurre con el comercio ambulante, predicadores callejeros y personas en situación de calle. Todos ellos tienen acceso abierto, gratuito y sin restricciones a los espacios públicos que son de todos, porque entre otras cosas, las autoridades decidieron no actuar. Pues bien, ejercer comercio ambulante (actividad ilegal) o profesar fe a viva voz en la vía pública (interés individual) significa una explotación de lo común que lamentablemente colabora con la destrucción de ese espacio.

Esto es posible de advertir en diversos sitios del Paseo Peatonal de Concepción o la Plaza de Armas y su Odeón, donde lo que es de todos ha sido privatizado y degradado por unos pocos. He ahí la tragedia, pues cada día se agota el atractivo del centro, la seguridad, el valor de las propiedades, aleja turistas y habitantes desde el casco histórico, deteriora el comercio formal y se merma progresivamente la imagen de la ciudad.

Pues bien, Hardin nos dice que "los arreglos sociales que producen responsabilidad son arreglos que generan coerción de algún tipo". Es decir, límites y restricciones. Cuando el Estado ejerce su rol de garante, administrador o incluso coercitivo y protector de lo público, todos ganamos, pues estaremos alejando la tragedia que amenaza lo común. Lo de todos.

Eficiencia

El informe presentado por la Asociación de Desarrolladores Inmobiliarios en relación con un incremento del 25.8% en los tiempos de tramitación de las distintas actuaciones vinculadas a la ejecución de proyectos inmobiliarios, que eleva las cifras promedio a 815 días, nos debe hacer reflexionar y actuar aceleradamente para revertir esta condición. La incorporación a la gestión de proyectos y tramitación de permisos, de condiciones impuestas por un renovado y amplio marco legal, impone a la industria y actores principales- públicos y privados- aumentos de costos e incertidumbre, los que, junto con determinar mayores precios para los consumidores, también llevan al abandono de inversiones, y, a sobrecargas administrativas en consultas, verificaciones, y lobby. Son todos estos, costos sociales que nuestra actual coyuntura de actividad económica y demanda habitacional no pueden soportar.

Es fundamental que analicemos detenidamente esta situación y encontremos soluciones para mejorar la eficiencia en la gestión de nuestros proyectos en conjunto con las instituciones a cargo. Debemos implementar medidas que agilicen nuestros procesos, mejoren el acceso a la información y faciliten el cumplimiento de las etapas intermedias. Las modificaciones a la Ley General de Urbanismo y Construcciones, actualmente en segundo trámite constitucional en el Senado, apunta en la dirección correcta.

La aplicación del criterio de convergencia de los procesos para permitir operar las cadenas de valor en el desarrollo urbano e inmobiliario es crítica ante la diversidad de objetivos y requisitos de nuestro marco legal sectorial.

Pablo Jordán

Océanos

En un hito histórico para la conservación marina, Chile ha tomado la delantera al convertirse en el primer país en ratificar el Tratado Global sobre los Océanos de las Naciones Unidas. Este acuerdo marca un paso significativo hacia la protección de nuestros océanos, enfrentando desafíos críticos como la pesca excesiva y el cambio climático. El compromiso de Chile no solo refleja su responsabilidad ambiental sino también su comprensión de la interconexión global de los ecosistemas marinos. Al unirse a este tratado, nuestro país se convierte en un defensor pionero de la salud oceánica, abriendo el camino para que otras naciones sigan su ejemplo.

La ratificación del tratado demuestra la voluntad política de Chile para abordar la sobreexplotación pesquera, la contaminación y la pérdida de biodiversidad marina. Este paso audaz resuena en un momento crucial cuando la comunidad internacional enfrenta la urgente necesidad de salvaguardar nuestros océanos para las generaciones futuras.

Como ciudadanos conscientes de la importancia de la conservación marina, debemos no solo reconocer sino también celebrar con entusiasmo este logro alcanzado por Chile. El Tratado Global sobre los Océanos ofrece un marco unificado para la gestión sostenible y la conservación, recordándonos que la protección de nuestros océanos no es solo responsabilidad de las naciones costeras, sino un compromiso compartido por toda la humanidad.

Pablo M. Rojas

Descentralización

Las políticas sobre descentralización son miradas automáticamente como algo bueno y necesario, casi sagrado. Sin embargo, hay que tener mucha cautela con su expansión, esto debido a que políticas impulsadas con buena intención, pueden generar en múltiples ocasiones en la que recursos públicos sean mal utilizados, ya sea por ineficiencia o por malicia de quienes los administran.

Este tipo de casos, que se comienzan a asomar como una triste habitualidad son un verdadero obstáculo para quienes pretendemos que las regiones y sus comunas puedan avanzar sin mediar la burocracia central.

Es obligación de los políticos implementar normas que dificulten la realización de actos infames, que impongan sanciones ejemplares y permitan su pronta detección. La obligación de los ciudadanos, es ser minuciosos en las próximas elecciones, para que nuestros representantes den garantías de probidad, transparencia y responsabilidad.

De este modo, podremos avanzar a un sistema más descentralizado, ágil y mejor para todos.

Cristóbal Quiroz N.

Diputado Eric Aedo @EricAedoJeldres: El actual sistema de pensiones tiene una tasa de reemplazo de 11% para las mujeres, algo realmente vergonzoso ¿De verdad queremos mantener ese sistema? Es probable que algun dia la derecha vuelva a gobernar, ¿quieren comprar una crisis social solo por hacer un punto político? ¿Van a pedirle a otras fuerzas políticas el apoyo que hoy estan negando?

Ximena Rincón @ximerincon: Hace más de 4 años venimos insistiendo en eliminar tablas de mortalidad y aumentar las pensiones de millones de personas HOY! Pdte Piñera no quiso escuchar, ojalá Pdte Boric lo haga. Elimine las tablas y garantice la propuesta de Demócratas de un Seguro de Longevidad y no abandonar a los adultos mayores en sus últimos años. El tema de las pensiones no empieza ni termina en el % de cotización, ni a que cuenta va, es mucho más profundo.

Gael Yeomans @GaelDiputada: Chile Vamos está jugando con las expectativas que tienen miles de jubilados que hoy deben subsistir con pensiones de miseria. Este proyecto cumple con el objetivo de que nadie quede bajo la línea de la pobreza. ¿Cómo va a ser tan grande el gustito ideológico para no apoyar eso?

Un acuerdo con énfasis en la superación de la figura del delegado presencial, las rentas regionales y el traspaso de competencias fue suscrito entre la Asociación de Gobernadores y Gobernadoras Regionales de Chile, Agorechi, y representantes del Gobierno.

El documento fue descrito como un paso más para avanzar en la descentralización, que identifica algunos puntos clave que han sido objeto de negociación. La firma se concretó en el marco del primer cambio de mando de la Agorechi, que agrupa alas 16 autoridades regionales del país, y que será liderada por Ricardo Díaz, gobernador de Antofagasta, quien sucede en el cargo a Patricio Vallespín, de Los Lagos. Sobre la figura del delegado presidencial, se acordó la creación del Ministerio de Seguridad, lo que implica un rediseño del Ministerio del Interior que incluirá un cambio de la expresión regional del mismo.