Fiscalía indaga delitos de cohecho denunciados por el Puerto de Coronel
Tras recibir una denuncia por parte del Puerto de Coronel sobre pagos irregulares que involucra a públicos y privados en la comuna, el Ministerio Público ha dirigido una investigación desde fines de noviembre que buscan aclarar presuntos delitos de corrupción.
La ejecución de diversas órdenes de entrada y registro por parte de la Brigada Investigadora de Delitos Económicos de la PDI a domicilios de autoridades y ex autoridades de la comuna de Coronel, así como al mismo edificio consistorial sorprendieron a la comunidad coronelina durante la jornada de ayer. Más tarde, desde la Fiscalía aclararon que las diligencias que permitieron incautar evidencia, se enmarcan en una investigación vigente al menos desde fines de noviembre tras recibir una denuncia por corrupción.
La fiscal anticorrupción, María José Aguayo, también parte de la Unidad de Alta Complejidad, detalló que un representante del Puerto de Coronel denunció distintos hechos relacionados a personas de instituciones públicas y privadas, además de empresas. En esta línea se solicitó la autorización del Juzgado de Garantía de Coronel para concretar allanamientos en las regiones de Biobío y Santiago.
"Preliminarmente estamos hablando de delitos de cohecho, pasivo, activo, eventualmente también delitos tributarios, otros delitos de corrupción, entre otros", agregó la persecutora sobre las líneas que se están siguiendo en la indagatoria y que hasta ahora estarían involucradas las empresas Delsava, Puerto Coronel y el Municipio de la misma comuna.
Involucrados
Entre las personas que se encuentran en calidad de imputados, en una causa que aún no está formalizada, la persecutora indicó que incluyen al alcalde de Coronel, Boris Chamorro, el concejal Eduardo Araya y el empresario Hernán Romero (propietario de la empresa Delsava y hermano del diputado Leonidas Romero).
Sobre las diligencias, Aguayo sostuvo que "esto dice relación con poder salvaguardar la evidencia que nos sirva para esclarecer los hechos que se están investigando, participación de otras personas, además de las ya investigadas, pero nos guarda relación con detenciones sin perjuicio que más adelante efectivamente se pueda proceder a las mismas".
Tras conocerse las diligencias en curso, el Puerto de Coronel informó que Patricio Román, quien recientemente fue nombrado gerente general de la compañía y del actual directorio, tomó conocimiento de distintas irregularidades ocurridas previo al inicio de su gestión, lo cual fue informado a los directivos se presentó una denuncia en la Fiscalía Regional y se dispuso el inicio de una investigación interna para determinar irregularidades y eventuales perjuicios a la compañía.
"La empresa se encuentra a disposición de la Fiscalía para adoptar todas las medidas de resguardo, colaboración y aportar todos los antecedentes que le soliciten para esclarecer lo sucedido y proceder según en derecho corresponda", agregó el comunicado.
La investigación de la Fiscalía apunta a que al menos dos ex gerentes del Puerto de Coronel habrían estado realizando pagos irregulares desde la empresa a través de proveedores, como la empresa Delsava, a diversas personas, entre ellos el alcalde Chamorro y el concejal Araya.
Sobre esto, el alcalde sostuvo que se encuentra colaborando en la investigación, al igual que el municipio, asegurando que "es de público conocimiento que no tengo ni he tenido ninguna relación con la empresa Puerto de Coronel ni tampoco con la empresa Delsava". Además, planteó que a su criterio esta situación irregular "se viene arrastrando desde antes, incluso desde cuando el diputado Romero era alcalde de Coronel", apuntando a la vinculación con la empresa Delsava.
Por otra parte, su abogado particular Felipe Urbina, planteó que esta situación responde a una persecución política para desfavorecer la reelección de Chamorro. Además, señaló que "hoy es una obligación autodenunciarse, porque quien está cometiendo un delito es la empresa para tener un beneficio para ellos (...) lo que está claro es que se utilizó la empresa de transportes de la familia Romero, que fue ex alcalde y hoy diputado, para esos pagos".