Por Karlyng Silva Leal

Tras la firma de un convenio entre empresas de Corma y Conaf, desde ayer se hizo oficial la disponibilidad de 62 cámaras ubicadas en la Región del Biobío para permitir la teledetección temprana de focos de incendio forestal a través de inteligencia artificial. Durante la jornada, además, personal de Conaf, junto a Senapred y empresas de electricidad se reunieron para evaluar el trabajo y medidas que buscan disminuir las probabilidades de siniestros por accidentes con tendidos de alto voltaje.

Según detalló el director regional de Conaf, Rodrigo Jara, "las empresas forestales llevan trabajando con cámaras hace 6 años, desde hace un par de años Conaf podía acceder a las cámaras de Arauco, pero hoy consolidamos ese vínculo, lo oficializamos y además sumamos a esta teleconexión a Cmpc".

Sistema de TELEDETECCIÓN

El sistema de monitoreo permite detectar en tiempo real, día y noche, los incendios que se producen a 25 kilómetros a la redonda desde la ubicación de las cámaras. El software utiliza la inteligencia artificial para reconocer hasta 200 tipos de humos distintos, separándolos de la niebla u otro tipo de factores climáticos que pudiesen confundirse con un incendio.

En este sentido, Jara sostuvo que con la disposición de estas cámaras se puede monitorear cerca del 60% del territorio del Biobío, lo que se espera pueda aumentar a un 75% durante la próxima temporada 2024-2025, con el proyecto aprobado por el Consejo Regional que suma un sistema de teledetección de 15 cámaras más con una inversión de $1.361 millones, aumentando de forma significativa la cobertura local y mejora las posibilidades de responder de forma oportuna a las emergencias.

Por su parte, el presidente del departamento de Protección del Bosque de Corma, Ramón Figueroa, destacó la importancia de generar este trabajo mancomunado, asegurando que "con esto lo que hacemos es que todos tengamos la primera imagen y la mejor información de cuando se inicia un incendio. Por lo tanto, el objetivo es que los recursos que están disponibles, sean públicos o privados, estén muy coordinados de manera colaborativa para poder hacer frente a todas las emergencias".

Accidentes eléctricos

Durante el año pasado la Fiscalía realizó una serie de diligencias respecto a la presunta responsabilidad de empresas eléctricas respecto al inicio de focos de incendios durante el verano pasado, en esta línea, las autoridades regionales y de emergencias se reunieron con las empresas de esta área e instituciones pertinentes para evaluar la evolución de los planes preventivos, como por ejemplo, el despeje de fajas.

En esta línea, el director regional de la Superintendencia de Electricidad y Combustibles (SEC), Manuel Cartagena, detalló que las empresas reportaron una ejecución del 100% de los planes de acción, los cuales contemplan más de 180 actividades y una inversión de $131 millones.

Por otra parte, el director enfatizó que los propietarios del suelo por donde pasan las líneas del tendido eléctrico tiene una responsabilidad por ley. "Aquí es bastante clara la normativa, el dueño del suelo tiene prohibición de plantar, dejar crecer o construir bajo la línea y la empresa tiene un deber correctivo sobre esta situación", agregó.

Al respecto comentó que la acción correctiva requiere que los propietarios colaboren, ya que en caso contrario y tras varios intentos por parte de las empresas se está solicitando la ayuda de personal de carabineros para intervenir la zona de acuerdo al bien mayor y cumplir con las normativas.

"Llevamos más de 252 acciones concretas de solicitudes tanto para que el propietario tome conocimiento de la normativa, así como solicitud de auxilio de la fuerza pública, que se han estado cursando con bastante celeridad por parte de las delegaciones, tanto de Arauco, Biobío y Concepción. La idea es que no le agreguemos tiempo a una corrección que es de riesgo inminente", finalizó Cartagena.

62 cámaras de Forestal Arauco y Cmpc, empresas asociadas a Corma, ahora pueden ser monitoreadas por Conaf

15 nuevas cámaras forman parte de un proyecto presentado por Conaf al Gobierno Regional para ampliar el monitoreo

El fisco fue condenado a pagar una indemnización de $200 millones en favor de un matrimonio de Contulmo, quienes demandaron al Estado por daño moral, pues desde el 2014 han sido víctimas de violencia rural, con lo que además el tribunal acreditó que existió una falta de servicio por parte del Estado al no implementar acciones eficaces para dar seguridad y evitar ocupaciones ilegales en las propiedades de los demandantes.

Las víctimas además de ser afectadas en su propiedad, también han sido amenazadas por integrantes de comunidades indígenas que impulsan acciones de recuperación territorial.

Según indica el fallo del Segundo Juzgado Civil de Concepción, en el Fundo Elicura se han registrado ocupaciones ilegales en diferentes sectores del predio desde 2014, pero agravándose el problema desde el 2018, año en que ocurrió un ataque incendiario el 23 de julio, entre otras acciones de fuerza hacia las víctimas.

En este sentido, el tribunal llegó a la convicción de que "los actores han visto amenazada la seguridad en sus personas, siendo despojados de sus bienes por la fuerza, a través de hechos materiales como incendios, ocupaciones, y amenazados en su integridad física y psíquica".

Con esto se ordenó al fisco pagar la suma de $100 millones a María Lacoste Catalán y otros $100 millones a Jaime Rivas Salas, por concepto de daño moral por la falta de servicio del Estado en materia de seguridad.

$200 millones deberá pagar el fisco a María Lacoste Catalán y Jaime Rivas Salas por daño moral como víctimas de violencia