"Lo que uno puede observar
En la víspera a su sexta cuenta pública, la persecutora abordó los hitos de un año marcado por el abordaje de violencia rural e irrupción del Caso Convenios.
La ley orgánica constitucional que establece al Ministerio Público indica que los fiscales regionales deberán rendir cuenta de las actividades realizadas durante el último año en el mes de enero a los resultados obtenidos en las actividades realizadas en el período, "incluyendo las estadísticas básicas que las reflejaren, el uso de los recursos otorgados y las dificultades que se hubieren presentado", apunta el artículo 36.
A dicha instancia concurrirá la fiscal regional del Biobío, Marcela Cartagena, a dar su sexta cuenta en el cargo, en un año en que reconoce en entrevista con Diario EL SUR que "ha habido muchísimos cambios, al interior de la institución en cuanto a modos de trabajo, y también respecto a cómo ha cambiado la criminalidad en Chile: Biobío es como un Chile más chico, porque aquí usted se encuentra prácticamente todos los fenómenos delictuales que nos afectan como país".
"Hemos tenido intensos desafíos, pero hemos sabido tener una buena respuesta a los fenómenos que aparecieron. Y también creo que este es un año de buenas y sólidas respuestas a otros fenómenos que nos afectan como Región de forma emblemática", dice en alusión a la violencia rural, para luego señalar que "tenemos más problemas que nunca, pero en esa dinámica de mucho problema, mucha delincuencia, hemos respondido bien, de buena forma".
"Raya para la suma, los números son buenos sin perjuicio de que yo en lo personal y la institución no somos autocomplacientes: lo más probable es que estos mismos buenos números sean él desde del próximo año", advierte.
-Desde la labor que realizan, ¿ustedes ven que ha existido un cambio en la forma de delinquir?
-En mi caso, al igual que otros fiscales que trabajan en el Biobío, llevamos 20 años con la instalación de la reforma procesal penal, le puedo hablar de lo que ha ocurrido acá con la criminalidad, y es otro mundo. Eso tiene que ver con que nosotros fuimos formados para investigar un autor y un delito, y desde el 2003 a hoy, esa es una forma de delinquir que está casi en retirada, muy a los bordes, muy al margen.
Lo que se ha tomado la delincuencia son las organizaciones criminales en distinto ámbito delinquiendo, y se ve tanto en la violencia rural, en el Caso Convenios y todo lo que tiene que ver con el fenómeno de los homicidios, sicariatos y bandas organizadas. Si se pone a mirar el ambiente, tenemos una criminalidad que cuando comenzó la reforma procesal penal en el Biobío no existía. Tal vez se le insinuaba un poco en el tráfico de drogas, pero era una cosa muy básica y lo que vemos ahora es de otras características.
Caso convenios
Uno de los casos que ha marcado el año tanto a nivel mediático, político, social y también para la labor de la Fiscalía Regional es el Caso Convenios, donde la fiscal Marcela Cartagena cuenta a que "ya formalizamos una investigación y estamos en camino a formalizar todas las demás, esto no va a parar. A nivel interno, en la Fiscalía Nacional estamos bien catalogados desde el punto de vista del funcionamiento que hemos tenido", y expone "lo que uno puede observar es que esto es criminalidad organizada: grupos de personas institucionalizadas desde afuera o desde adentro que se coordinan".
La persecutora cuenta que en la Región del Biobío es donde actualmente se investiga el mayor número de convenios que una región por si sola indaga, pese a los cambios de las últimas semanas, donde la arista de la fundación ProCultura se centralizó en la Fiscalía Regional de Aysén y la de Democracia Viva en Antofagasta.
"Quedamos con trece investigaciones por convenios entre fundaciones y el Gobierno Regional. El estado y la forma de tramitar desde el principio, con la coordinación y apoyo de la Fiscalía Nacional, es llevarlas todas en un proceso ordenado, similar con sus detalles, y no dejar una abandonada, sino que avanzar en paralelo en todas, en la medida de los recursos que tenemos, porque estamos hablando de recursos fiscales y policiales, los que se han debido focalizar en uno u otro aspecto", dice, junto con destacar la labor de la fiscal anticorrupción María José Aguayo. "Ha puesto un empeño admirable en no ir dejando nada atrás. Hace un mes se pudo ver lo de la Fundación En Ti, y lo más probable es que nos vayamos el próximo año, cada ciertos meses, en formalizaciones de las otras aristas que vienen después".
Además, la persecutora hace un punto y aclara que, durante todo el proceso, la Fiscalía solo se ha referido a las indagatorias como Caso Convenios: "Nosotros como institución jamás hemos usado esos términos (Caso Lencería). De hecho, es más, ese aspecto no está en la formalización. Es lo menos relevante".
-¿Usted considera que se está avanzando en los plazos estipulados, considerando los recursos disponibles y las características de la investigación?
-El ritmo que nosotros tenemos ha sido el adecuado. Nos pudimos haber demorado más en lo último que llevamos, del caso Fundación En Ti, fue un récord y vamos a un ritmo adecuado para el tipo de investigación que estamos haciendo. Hay que poner las cosas en la balanza: a quien sí formalizamos, a quien no, a quien le pido prisión preventiva y porque delitos, son todas cosas serias, y hay que irlas aquilatando.
El ritmo es bueno y sostenido, pero también al hacer el camino una vez con una fundación, todo indica que lo que venga después pueda venir con un ritmo mejor, porque todos aprendemos, entendemos un sistema, lo aceitamos y entonces puede ir avanzando todo con bastante mejor ritmo. Y no solo nosotros, sino el equipo policial que nos acompaña también va tomando este ritmo.
En ese punto, dice que no se puede cuestionar a aquellas personas requeridas que aún no prestan declaración al ser requeridas, ya que "cuando una persona investigada se acoge a su derecho a guardar silencio, no es adecuado decir que esta persona no ha sido colaboradora. Ese derecho lo tenemos todos cuando nos investigan y una cosa distinta son las pesquisas, o detectar si una persona me miente u oculta información donde yo sí puedo calificar".
-En entrevista con este medio, el gobernador Rodrigo Díaz dijo que esperaba que se dejaran de lado aquellas aristas o causas donde no se observe la comisión de delitos, para evitar generar un manto de duda sobre la causa.
-El gobernador tiene todo el derecho a plantearlo, me parece razonable de su parte, pero no puedo hacerme cargo porque los ritmos de una investigación son los propios, y eso es lo que me incumbe. Lo otro, lo respeto.
-En algunas intervenciones públicas, la fiscal María José Aguayo ha señalado que la tesis que guía la investigación de la Fiscalía apunta a la creación de mecanismos de defraudación al Gobierno Regional del Biobío. ¿Hacia allá apunta el trabajo que están realizando?
-Lo que no podemos hacer nosotros es descartar todavía. Esa hipótesis planteada por la fiscal Aguayo es una hipótesis que nosotros tenemos que abordarla por completo para llegar a decir que 'esta hipótesis nunca la pudimos probar' o 'si, esta hipótesis se comprobó. Hoy no estamos en condiciones de decir ni lo uno ni lo otro; nos debemos preocupar que cada uno de elementos queden despejados o establecidos durante la investigación.
Violencia rural
La fiscal Cartagena dedica varios minutos para destacar el trabajo que se ha realizado a nivel de Macrozona Sur como una consecuencia del trabajo de años anteriores.
Para ello recuerda algunas de sus cuentas públicas anteriores, donde habló de "innovaciones críticas", y dice que "hemos cosechado estas decisiones, tomadas tanto como Macrozona como en la Región, por ejemplo, especificando la sustracción de madera con una fiscal especializada en lavado de activos y delitos tributarios, porque siempre sostuvimos que iba por ahí la línea, y el tiempo nos ha dado la razón".
En ese punto, destaca también el trabajo que ha hecho la unidad de violencia rural liderada por el fiscal Juan Yáñez, que "ha podido concentrarse solo en eso y también redituó en que tuviesen excelentes resultados este año", y afirma que "el golpe que se le ha dado a la CAM (Coordinadora Arauco Malleco) es innegable, y que hace tres años era un ideal, un sueño y hoy es algo concreto. En el último tiempo se le han dado, de la mano de la PDI y Carabineros, golpes importantes a otras organizaciones que son el foco de nuestro interés".
-Existe un reconocimiento transversal del trabajo realizado, y los números lo refrendan, pero también hay un diagnóstico positivo a distintos niveles.
-Hemos dado pasos concretos, y lo reconocen quienes viven en el sector, las empresas, las autoridades del Gobierno, y me parece que ha habido un cambio.
A renglón seguido, digo que cero relajo por parte nuestra, porque sabemos que donde dejemos un espacio, vendrá otro a traficar madera, o a tratar de meter una línea violenta de acción. Estamos super atentos y seguimos, porque hay mucho por hacer; tenemos una investigación abierta por un acto de violencia rural donde cayó preso un sobrino de Héctor Llaitul con una banda, y eso hay que desarrollarlo. La fiscal Marcela Barahona está terminado con una de las organizaciones, va a pasos agigantados para atrapar a otra, siempre en la línea de las infracciones tributarias y otras cosas interesantes. El fiscal de Cañete está dedicado al tema de otras organizaciones, y estamos fuertemente ocupados, pero muy animados por los resultados que hemos obtenido, y que esperamos sean mejores.
-Desde la visión de la Fiscalía, ¿se ha logrado separar las reivindicaciones de las comunidades mapuches de la criminalidad de las organizaciones investigadas?
-Totalmente. Nosotros lo dijimos: aquí hay organizaciones en la línea de la sustracción de madera y uno no puede decir que hay conexión con quienes persiguen una causa, bien o mal, pero dijimos que hay un montón de organizaciones dedicadas a la sustracción y tráfico de madera, y el único objetivo que tienen es ganar dinero, lucrar. Esas organizaciones estaban submarineadas debajo de lo otro, del gran título, y nosotros, de la mano de la fiscal Barahona, dijimos lo contrario.
Incluso, no me quiero atribuir el mérito por esto, pero le tomamos de la mano al Servicio de Impuestos Internos (SII), le pedimos que nos acompañaran, no estaban muy animados al principio y hoy son número puesto, a nuestro lado colaborando, porque los convencimos de que la mano iba por ahí, sin perjuicio de que hay que perseguir a los violentos, y lo ha hecho con énfasis Juan Yáñez y su gente. Volvimos a mirar, separamos y dijimos que 'por aquí, por allá' y les hacemos más daños dependiendo de que se trate, y se comprobó que aquí había mucha delincuencia pura sin ningún ideal o causa que se quisiera perseguir, sino que sencillamente plata. Y eso lo comprobamos.