Una mujer de 80 años y su bisnieta de 12, comparten cama y un precario dormitorio. La vivienda original, construida por el marido fallecido de la bisabuela, ha sido carcomida por las termitas. Hoy viven en parte de la derruida construcción. Con el dinero de los IFE en pandemia, hicieron una pequeña ampliación, donde hoy funcionan la cocina y el estar común.

Son unos 16 metros cuadrados con piso que no se hunde. Pero todo lo demás se cae a pedazos. Ahí viven tres generaciones de mujeres: bisabuela, nieta y bisnieta, más la pareja de la nieta y su hijo menor de tres años. La madre de la niña y nieta de la mujer mayor, que es la cuidadora de esta última, intenta mediar. Tener la fiesta en paz, pero es complejo. En rigor, ella y sus hijos, son allegados en el sitio de la bisabuela, pero por otro lado, ella es la que ha invertido sus pocos ingresos en mejorar la casa para todos. "A su edad, mi bisabuela merecería paz para descansar en las noches, pero mi hija es joven y conversa con sus amigas, escucha música", reflexiona. Pero cuando le preguntamos si no ha pensado en buscar una residencia donde dejar a su abuela, se escandaliza. "Esta es su familia. Ella debe estar con nosotros".

El caso resume parte de los múltiples bemoles de un tema que hoy es noticia. El recién publicado informe del Observatorio del Envejecimiento UC-Confuturo indica que 260 mil personas mayores no tendrían acceso a residencias de cuidado en caso de necesitarlo. En Chile, existen 1.223 centros de este tipo, formales e informales, públicos y privados, con 24 mil plazas, según el SENAMA. Es un déficit crónico, señalan los especialistas, que sólo empeorará dado el creciente envejecimiento de la población. Eso, mientras también crece la proporción de mujeres que ejercen esas labores de cuidado, pasando de ser un 75,8% al cuidado de personas con dependencia leve y un 96,3% para las con dependencia severa.

Con esta escasez de oferta residencial, ¿cómo lograr que la bisabuela se mantenga en casa? Es fundamental contar con una oferta de servicios de apoyo y cuidados. Adecuados a la particularidad de cada caso y contexto, donde los programas residenciales sean la última y no la única respuesta al proceso de envejecimiento.

Consistente con este planteamiento, desde el Hogar de Cristo hemos fortalecido nuestro trabajo territorial con estos programas de apoyo y cuidado domiciliarios para adultos mayores. Son servicios que deben ser gestionados y articulados con otros. Así se logra generar o potenciar las redes de apoyo dirigidas a las personas mayores, considerando también a sus familias.

Desde esta experiencia, es fundamental acelerar el avance del Sub-Sistema Nacional de Apoyo y Cuidado. Y aprobar la Ley de Envejecimiento Digno, Activo y Saludable, actualmente en tramitación en el congreso.

Ambas iniciativas deben ser políticas sociales centrales del Chile actual. Un país que sigue envejeciendo y maltratando a los viejos y a quienes los cuidan, que son en su mayoría mujeres, como sucede con la bisabuela y la bisnieta que comparten cama, y con su nieta-cuidadora abrumada.

Para nadie es una sorpresa que Chile y el mundo atraviesan por momentos complicados en materias económicas, y la región del Biobío no está ajena a esta realidad. En nuestro último Boletín Regional Faro UDD estudiamos a fondo cómo ha evolucionado nuestra región en los últimos 5 años, donde nos encontramos con algunas buenas noticias, y otras, no tanto.

En términos generales, se observan avances significativos en algunas áreas, pero también se evidencian importantes desafíos. Una noticia positiva, por ejemplo, es el aumento de un 39% que ha registrado el ingreso laboral mediano en la región, pasando desde $356.100 en 2018 a $495.181 en 2022. Por otro lado, destaca positivamente la sostenida caída de la incidencia de la pobreza en la región, que ha pasado desde un 12,3% de la población en 2017 a solo un 7,5% en 2022. De igual forma, se observa que el número de empresas ha aumentado en los últimos cinco años, y los flujos de ventas, que cayeron de manera importante durante 2020 debido a las restricciones de la pandemia, se han recuperado incluso a niveles superiores que los observados en años previos a la emergencia sanitaria.

Sin embargo, no todo son buenas noticias. En materias de seguridad, los delitos de alta connotación social han registrado un aumento significativo en los últimos años, pasando desde poco más de 30 mil delitos ingresados al tercer trimestre de 2018 a más de 46 mil delitos al tercer trimestre de 2023. Por otro lado, y en línea con lo que ha significado la desaceleración del crecimiento económico a nivel país durante la última década, se observa que los flujos de inversión que han ingresado al Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) en la región han experimentado una baja importante, pasando desde 2.679 millones de dólares en 2018 a poco más de 1.600 millones de dólares a noviembre de 2023.

¿Qué podemos hacer para potenciar las tendencias positivas? Sobre la base de las cifras, sin duda la región puede hacer mucho y esta frente a una gran oportunidad. Uno de los grandes desafíos para impulsar con mayor fuerza la inversión, es disminuir y ajustar los tiempos de las tramitaciones ambientales. Durante 2022 la tramitación de un Estudio de Impacto Ambiental (EIA) en la región demoró en promedio un total de 1.666 días, mientras que a nivel nacional la demora fue de 1.059 días. Esta diferencia implica un costo mayor para las futuras inversiones, y también atenta con perder oportunidades importantes de generación de empleos.

La clave está en impulsar y poner en el centro el fomento de la inversión, y durante los próximos años el gran desafío es asumir ésta tarea como un trabajo compartido. Las autoridades locales, el sector privado y la sociedad civil deben unir fuerzas de cara a un solo objetivo en común: impulsar y conseguir que el Biobío continúe recuperándose y sobre todo, que siga avanzando por la senda del progreso.

Comunicar de manera transparente y efectiva los atributos de un producto, de una acción o de una organización, es una muestra de responsabilidad y honestidad de parte de las empresas con sus grupos de interés y el entorno en el que operan, así como la sociedad en su conjunto. La autorregulación del mercado y una mayor presencia de consumidores informados implica mayor exposición a cuestionamientos y reacciones críticas cuando éstos se perciben afectados por la veracidad declarada por las organizaciones respecto de sus valores ambientales, éticos y sociales.

Es indispensable entonces contar con información veraz, fácil de entender y de verificar, sobre las características que declaran las empresas respecto de una acción o un producto. La definición de Marketing Verde incorpora no sólo la protección del entorno natural, intentando minimizar el potencial impacto en el medio ambiente, sino también, aquellos relativos a lo social y de gobernanza. Esta tendencia del marketing deriva el concepto de Greenwashing, que es la difusión de información falsa o incompleta para presentar una imagen pública responsable desde el punto de vista medioambiental, social o ético.

En ocasiones, las empresas caen en estas prácticas por desconocimiento, falta de capacitación o control, en la temática, por parte de sus equipos de marketing o la contratación de agencias no especializadas ni sensibilizadas en estos temas. La Organización de las Naciones Unidas presentó un informe en la COP27, en el cual denuncia el greenwashing haciendo un llamado ante las poco convincentes promesas de reducción de emisiones contaminantes. El informe presentado recomienda prácticas contenidas en cuatro áreas clave definidas por el Secretario General: la integridad medioambiental, la credibilidad, la responsabilidad y el papel de los gobiernos.

Una de las herramientas que pueden ser utilizadas por las empresas para fundamentar sus declaraciones en la acción climática, es supeditar sus indicadores a Science Based Targets, así como también, en relación a sus productos, realizar el proceso del Análisis del Ciclo de Vida. Organizaciones como Pacto Global de Naciones Unidas, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, la ISO 26.000, GRI y diversos estándares, contribuyen a evaluar los efectos negativos que puede tener un producto, servicio o actividad en el medioambiente, los Derechos Humanos, las relaciones laborales y la sociedad en general. A nivel global, en países como España, Francia y Estados Unidos, se han generado legislaciones para regular el greenwashing.

En Chile, no existe una legislación específica que ayude a controlar este tema. El marco de la Ley 19.496 sobre la Protección de los Derechos del consumidor podría utilizarse para actuar en estos casos. No obstante, existe un proyecto de ley para prevenir y sancionar el Greenwashing, en la Cámara de Diputados. La discusión que esta legislación en desarrollo conlleva, debería ayudar a clarificar este tema en el país, pese a la dificultad para constatar y resolver los casos, así como para evaluar las posibles infracciones, de manera correcta y precisa. Por ello, entendemos que la visión y los aportes desde distintos sectores, resultan vitales para contribuir a la definición de la regulación que se está desarrollando en el Greenwashing.