Estado de excepción: diputados realizan un balance positivo y piden mayor inteligencia
Con la última prórroga aprobada por el Congreso, la medida regirá hasta el 6 de enero de 2024, aunque el gobierno planea mantener la herramienta en el corto plazo en la Macrozona Sur.
A más de 2 años de la entrada en vigencia del estado de excepción en las provincias de Biobío y Arauco, además de La Araucanía, diputados locales realizaron un balance de los avances que esta medida ha generado en la zona afectada por hechos de violencia rural. No obstante, también apuntaron al trabajo pendiente por hacer, principalmente en lo que tiene relación con inteligencia y el combate del crimen organizado.
La semana pasada el Congreso aprobó una nueva prórroga de la herramienta presidencial hasta el 6 de enero del 2024, en la Cámara de Diputados con 100 votos a favor, 23 en contra y 18 abstenciones; mientras que en la Cámara del Senado con 31 votos a favor, 1 en contra y 2 abstenciones.
En la instancia, el gobierno afirmó que no existe la intención de retirar el estado de excepción en el corto plazo, argumentando además que entre 2022 y 2023 los hechos de violencia en la Región del Biobío han bajado un 42%, siendo la provincia de Arauco la que presenta mejores resultados con un 39% de disminución, mientras que en La Araucanía aumentaron estos hecho en un 5%.
Inteligencia
Respecto al trabajo que queda pendiente en el marco del estado de excepción, la diputada Flor Weisse (UDI) indicó que "hay que realizar un trabajo para anticiparse, prever, no basta la reacción de las autoridades. Por otro lado, es fundamental reforzar la presencia de las FF.AA. y dotarlos de tecnologías. Queda pendiente impulsar la Ley de Inteligencia y Antiterrorista que se ha prometido por tanto tiempo, uno de los temas que ha sido difícil de poder atender ha sido precisamente dotar de pruebas, realizar seguimiento efectivos, sanciones efectivas y proporcionales".
El diputado Eric Aedo (DC) comentó que el avance tiene que ver con el rol de las FF.AA. en anticiparse a los ataques que aún se registran. "Creo que Chile necesita de forma urgente un sistema de inteligencia de mucha mejor calidad, para defender al Estado y a los ciudadanos del crimen organizado y de los grupos violentos, la Asociación Nacional de Inteligencia (ANI) no es suficiente", agregó Aedo.
María Candelaria Acevedo (PC), se sumó a este planteamiento e indicó que "a la luz de la penetración del crimen organizado en la zona y en todo el país, creo que es necesario que se entreguen mejores herramientas a las policías para el trabajo de inteligencia. La actual norma está vigente desde 2004, pero desde hace 5 años se ha intentado actualizar, sin éxito, entonces necesitamos dar ese salto modernizando la normativa".
En tanto Karen Medina (PDG), también apeló a mejorar la inteligencia, pero también señaló que se pide al gobierno "que apoye una reforma constitucional de la cual soy co autora, para entregarle facultades al Ejército de hacer controles de identidad y separar el amarre que tiene hoy con Carabineros, porque sabemos que tenemos déficit de funcionarios en todas las comunas de Chile".
Efectividad
Acevedo, quien ha votado en cada prórroga del estado de excepción en contra, señaló que solo querer detener los hechos de violencia no es suficiente, ya que "se requiere generar mejores condiciones de vida, desde cosas tan simples para quienes vivimos en ciudad, como es una buena conexión de internet, porque mi diagnóstico es que hay avances, pero que aún queda mucho trabajo por delante".
Aedo sostuvo que la medida de tipo excepcional que se ha extendido en el tiempo también "ayudó a dar cuenta que detrás de estos hechos de violencia, más allá de las reivindicaciones mapuches que se utilizan como una excusa, hay crimen organizado dedicado al tráfico de drogas y al robo de madera".
Durante este año el trabajo de la Fiscalía junto a la PDI y Carabineros ha permitido detener y llevar a juicio a diferentes bandas dedicadas a delitos de mayor connotación, así como ataques incendiarios y armados, lo que también ha implicado la incautación de armamento, municiones, equipos de comunicación, protección, vehículos, entre otros, que eran utilizados para cometer los ilícitos.
15 días dura cada prórroga del estado de excepción constitucional que los diputados y senadores han aprobado en 2 años