Son muchos los avances que plantea la ministra Carola Rivas en estas dos décadas. Dentro de los temas que destaca están, por ejemplo, el paso de un sistema inquisitivo a uno acusatorio, la creación de nuevas instituciones como la Defensoría Penal Pública y el Ministerio Público, los juzgados de garantía y los tribunales de juicio oral en lo penal, la mayor transparencia, la oralidad de los procesos, la incorporación de la perspectiva de género, así como la implementación de una serie de nuevas leyes "que con el tiempo han modificado la persecución penal de manera profunda y significativa".
Normas como la denominada Agenda Corta 1 y 2, Ley Penal Adolescente, Ley de Entrevista Videograbada, entre otras, son, a su juicio, "modificaciones legislativas que representan un esfuerzo de capacitación de sus operadores, la especialización de sus unidades y una inversión en infraestructura".
Desde el punto de vista estadístico, a partir de octubre de 2005 al 11 de noviembre del presente año, los tribunales de juicio oral en lo penal de la Región dictaron un total de 21.118 fallos. De ellos, 14.200 terminaron en condenas, lo que equivale a un 67,2%.
Sobre los desafíos pendientes, Rivas afirma que estos se asocian, principalmente, a la incorporación del uso de nuevas tecnologías, en especial en la atención al público. "Creo que eso es algo que podría profundizarse, sobre todo lo que tiene que ver con Conecta Pjud, que facilita a los usuarios el acceso a la información", sostiene, y agrega que en una discusión más profunda igualmente se requiere analizar el uso de inteligencia artificial en los procesos judiciales.
"Otro desafío importante es mejorar la comunicación con la ciudadanía. Después de 20 años de implementada la reforma en la Región, vemos que existe desconocimiento respecto de las funciones de cada órgano, especialmente las que sólo competen al Ministerio Público y no a los tribunales. También se desconocen las distintas etapas del proceso. Por ejemplo, la comunidad no logra diferenciar la prisión preventiva y la condena; desconoce que la prisión preventiva puede decretarse en determinados delitos o que los imputados también tienen derechos que deben resguardarse, tal como lo plantean distintos tratados internacionales", recalca.