A la hora de abordar lo que han sido los 20 años de la reforma, Osvaldo Pizarro, defensor regional del Biobío, precisa que uno de los puntos destacables en la zona ha sido la relación interinstitucional entre la Defensoría Penal Pública, Fiscalía y el Poder Judicial. Señala que esto representa un plus en Biobío, entendiendo que esta no es una zona que normalmente recurre al centralismo o traslade sus problemas a Santiago.

Otro avance destacable, menciona, tiene que ver con la modalidad mixta de funcionamiento que han logrado instaurar al momento de prestar servicios a través de abogados, de los cuales el 30% son institucionales, mientras que el 70% son licitados. Una tercera línea apunta a que desde un inicio el organismo logró identificar "que no se puede defender a todas las personas de la misma manera y con el mismo conocimiento", lo que trajo consigo la necesidad de instaurar defensas especializadas, como la Responsabilidad Penal Adolescente o la Oficina de Defensa Especializada Indígena en Cañete, por ejemplo.

Dentro de los desafíos pendientes, Pizarro plantea que hay un elemento asociado al reconocimiento de la Defensoría como un ente autónomo a nivel constitucional. "Hoy es un servicio relacionado del Ministerio de Justicia, y eso significa que no tiene el nivel de autonomía constitucional que tiene el Poder Judicial o el Ministerio Público, entonces esta mesa de tres patas está un poquito coja de un lado, ya que las tres instituciones debiesen tener el mismo statu quo", dice.

Por último, el defensor regional plantea que hoy se requiere retomar el funcionamiento presencial del sistema, sobre todo en juicios orales, pero reconociendo que las videoconferencias son una herramienta útil, así como también tomar conciencia de la importancia que tiene la presunción de inocencia. Ve también necesario considerar un mayor número de defensores en vista de nuevas líneas de investigación, como el crimen organizado. Esto, por ejemplo, llevó a integrar nuevos profesionales a la Fiscalía Regional, algo que a su juicio significará un aumento en la carga de trabajo de los otros intervinientes.

"Es extremadamente relevante entender que cuando se hace un aumento de dotación a nivel de cualquier institución, las otras deben tener, proporcionalmente, el mismo correlato (...) Y hasta el momento ese correlato no está", subraya.

Son muchos los avances que plantea la ministra Carola Rivas en estas dos décadas. Dentro de los temas que destaca están, por ejemplo, el paso de un sistema inquisitivo a uno acusatorio, la creación de nuevas instituciones como la Defensoría Penal Pública y el Ministerio Público, los juzgados de garantía y los tribunales de juicio oral en lo penal, la mayor transparencia, la oralidad de los procesos, la incorporación de la perspectiva de género, así como la implementación de una serie de nuevas leyes "que con el tiempo han modificado la persecución penal de manera profunda y significativa".

Normas como la denominada Agenda Corta 1 y 2, Ley Penal Adolescente, Ley de Entrevista Videograbada, entre otras, son, a su juicio, "modificaciones legislativas que representan un esfuerzo de capacitación de sus operadores, la especialización de sus unidades y una inversión en infraestructura".

Desde el punto de vista estadístico, a partir de octubre de 2005 al 11 de noviembre del presente año, los tribunales de juicio oral en lo penal de la Región dictaron un total de 21.118 fallos. De ellos, 14.200 terminaron en condenas, lo que equivale a un 67,2%.

Sobre los desafíos pendientes, Rivas afirma que estos se asocian, principalmente, a la incorporación del uso de nuevas tecnologías, en especial en la atención al público. "Creo que eso es algo que podría profundizarse, sobre todo lo que tiene que ver con Conecta Pjud, que facilita a los usuarios el acceso a la información", sostiene, y agrega que en una discusión más profunda igualmente se requiere analizar el uso de inteligencia artificial en los procesos judiciales.

"Otro desafío importante es mejorar la comunicación con la ciudadanía. Después de 20 años de implementada la reforma en la Región, vemos que existe desconocimiento respecto de las funciones de cada órgano, especialmente las que sólo competen al Ministerio Público y no a los tribunales. También se desconocen las distintas etapas del proceso. Por ejemplo, la comunidad no logra diferenciar la prisión preventiva y la condena; desconoce que la prisión preventiva puede decretarse en determinados delitos o que los imputados también tienen derechos que deben resguardarse, tal como lo plantean distintos tratados internacionales", recalca.

Michelangelo Bianchi, fiscal regional (s), ha sido fiscal por 23 años. Desde esa experiencia asegura que hay avances en términos de infraestructura. También destaca el progreso en materia tecnológica, que ayudó en escenarios complejos como el terremoto de 2010, el estallido social o la pandemia, así como la elección del recurso humano, que mayormente se han mantenido en el tiempo.

Pese a que se ha recorrido un camino amplio a partir de la reforma, el fiscal observa desafíos y temas pendientes. En primer lugar, dice que como la delincuencia ha sufrido una mutación a lo largo de los años, se hace necesario revisar constantemente la manera de investigar algunos delitos, algo que va de la mano con análisis criminal, nuevas tecnologías y herramientas judiciales. "Si bien ha habido reformas legislativas y diversos cuerpos que van de la mano como el Código Procesal Penal y el Código Penal, que son valorados, creemos que todavía estamos en pos de obtener más reformas desde el punto de vista legislativo para efectos de investigar de mejor manera delitos de violencia, por ejemplo", indica Bianchi.

También plantea que es clave fortalecer la protección a víctimas y testigos, "con herramientas más eficaces en aquello, la utilización de tecnologías y análisis criminal en determinados delitos y, quizá, más autorizaciones judiciales en medidas intrusivas".

Actualmente, la Fiscalía Regional cuenta con 60 fiscales. En ese sentido, el representante del Ministerio Público insiste en la idea de generar una adecuación de la planta de fiscales producto de que la competencia del Ministerio Público es mucho mayor a la que había al principio, "y por eso se necesitan más fiscales y personal de abogados y de apoyo, pero también superar el concepto de 'fiscalías unipersonales', como los casos de Cañete, Tomé o Lebu".

El último punto que pone sobre la mesa dice relación con la coordinación con la Defensoría Penal Pública y el Poder Judicial, aunque en relación a las capacitaciones del personal. De acuerdo a Bianchi, con el tiempo las capacitaciones interinstitucionales se dejaron de lado, por lo que cree importante hoy retomar el tema y volver a reencontrarse en una "unión permanente de coordinación sobre la capacitación", a través de jornadas en donde estos tres organismos se puedan acoplar.

Cerca de $9 mil millones aprobó el Consejo Regional en iniciativas que buscan beneficiar a la Región, de los cuales $5 mil millones irán en ayuda directa a la Provincia de Arauco. En concreto, un 50% de esta cifra recae en iniciativas de inversión para las comunas de la zona.

Pablo Vegas, alcalde de Los Álamos, comuna en al cual sesionó el pleno, explicó que "se aprobaron más de $1.600 millones en inversión con los grupos de respiración artificial para bomberos, camiones recolectores, taxibuses para transporte escolar y dos sedes comunitarias que vienen a ayudar mucho a lo que hacen los dirigentes sociales en la comuna".

Proyectos

Además, el Consejo Regional aprobó dos proyectos de inversión regional. Se trata de "Transferencia apoyo a trabajadores que reemprenden en la Región del Biobío" por $1.803 millones, ejecutado por Fosis y que permitirá subsidiar 500 emprendimientos, con el objetivo de fomentar la reactivación económica en la Región.

A lo anterior, se suman dos iniciativas que serán ejecutados por Sernatur: "Transferencia, difusión y fortalecimiento del turismo social en la Región del Biobío" y "Difusión y fortalecimiento de la promoción y oferta turística nacional de la Región del Biobío", los cuales suman $2.580 millones parapotenciar el turismo en la Región.

En dependencias del Instituto Nacional de la Juventud (Injuv) Biobío se llevó a cabo una jornada de focus group enfocada en las necesidades de los jóvenes cuidadores de la Región.

El director regional (s) de la entidad, Francisco Donoso, expuso que "es valorable la disposición de las juventudes del Biobío que decidieron participar en la actividad. Pese a lo ocupado que se encuentran estas personas, se hicieron el tiempo y compartieron sus experiencias y requerimientos".

El objetivo principal de esta instancia es levantar las percepciones y subjetividades de las juventudes cuidadoras respecto a las labores de cuidados, las diferencias de género, los obstáculos que se atraviesan al cuidar a otra persona y también el impacto que genera en ellos esta situación.

Juan Pablo Madrid, coordinador de Proyectos de Estudios de la consultora a cargo de la actividad, explicó que con los testimonios e información recogida "elaboraremos un informe con hallazgos principales. Toda la información que se levante va a tributar en el sistema de cuidados nacionales, con el fin de generar programas y políticas pertinentes a la realidad de este grupo objetivo".