Por Redacción

El Presidente Gabriel Boric durante el último día hábil de 2022 indultó a 13 personas, entre ellas varias detenidas por desórdenes y otros ilícitos cometidos en el marco de las manifestaciones del 18 de octubre de 2019. Entre estas últimas apareció Luis Castillo, quien al dejar la cárcel dijo que "los insurrectos no nos calmamos". Ahora permanece en prisión preventiva por presunto secuestro con extorsión. A días del Año Nuevo, el oficialismo cuestiona otorgar nuevamente el beneficio a otros.

Castillo está detenido en la cárcel de Copiapó, Región de Atacama. Sin embargo, Gendarmería pidió trasladar al imputado al Complejo penitenciario de La Serena, Coquimbo, debido a su "alto compromiso delictual", la participación "activa de grupos anarquistas antisistémicos", sumado a que es "capaz de vulnerar la seguridad del establecimiento que actualmente lo alberga", según el documento al que accedió ayer El Mercurio.

El ministro de Justicia, Luis Cordero, agregó que en diciembre pasado "negué todos los indultos que estaban pendientes del estallido social", mientras que el Presidente en aquella última tarde de 2022 declaró que "son jóvenes que no son delincuentes". Ayer, al cierre de esta edición, Boric no se refirió al tema, mientras en Instagram pedía que le dejaran preguntas para publicar en sus stories.

El subsecretario de Justicia, Jaime Gajardo explicó ayer en CHV que "Gendarmería hace estos perfiles de quienes pueden ser más peligrosos y, por ende, tienen que estar en un establecimiento que permita tener las características en que estas personas no puedan ser un peligro de fuga o pueda poner en riesgo la seguridad de ese establecimiento penitenciario".

La institución, profundizó la autoridad, determina que "es necesario trasladar a esta persona a la cárcel de Huachalalume en la Región de Coquimbo, donde tenemos módulos de alta seguridad. Primero porque en Copiapó hay una gran cantidad de población penal y, en segundo lugar, porque las características de Luis Castillo podrían eventualmente poner en riesgo la seguridad y por lo mismo, es mejor tener los módulos segregados de alta seguridad".

"Gendarmería está haciendo su trabajo de segregación como corresponde", afirmó el subsecretario de Justicia.

El presidente de la Asociación Nacional de Oficiales Penitenciarios, Mario Benítez, dijo a Radio Bío-Bío que "Copiapó es una de las cárceles con mayor hacinamiento del país. Indudablemente no puede seguir recibiendo reos, además de estas características".

Cambiar la ley

El presidente de la comisión de Seguridad del Senado, Felipe Kast (Evópoli), apuntó a que "con todo lo que cuesta que una persona finalmente llegue a tener condena, que tenga cárcel efectiva, y que un Presidente de la República pueda liberarlo para que finalmente vuelva a delinquir, es algo completamente anacrónico, algo que tenemos que prohibir a futuro. Insisto, hoy día los insultos presidenciales no tienen ningún sentido y deben ser eliminados de nuestra norma".

El diputado Raúl Leiva (PS) añadió que "personas como el señor Castillo no pueden ser objeto de un indulto presidencial, eso requiere una modificación legal en la tramitación y en restringir las causales por las que puede ser beneficiada alguna persona condenada".

Dos balaceras en ferias navideñas se registraron durante la noche del viernes en la región Metropolitana, dejando un fallecido y seis heridos, dentro de los que se encuentran dos menores de edad.

La situación más grave ocurrió en la población Santo Tomás de La Pintana casi a la medianoche. Dos desconocidos dispararon desde un automóvil a un grupo de personas que estaba en la zona, dejando tres adultos y dos menores heridos.

Al ser trasladados al Hospital Padre Hurtado en San Ramón, se constató la muerte de un adulto y otros quedaron internados en estado de gravedad.

El fiscal Christian Toledo, del equipo de Crimen Organizado y Homicidios, detalló que "llegó una camioneta en la cual venía un grupo no determinado de sujetos, quienes, sin mayor provocación, efectuaron una gran cantidad de disparos".

El coronel Fernando Gómez Rojas señaló que, según testigos, "podrían ser bandas rivales de otro sector que podrían estar haciendo sus acciones criminales en estos casos".

Además, dijo que el fallecido "tiene antecedentes policiales" y afirmó que en el momento de la balacera, en la feria "había bajado la cantidad de personas asistentes".

Detenido en puente alto

Por otro lado, en un feria navideña de Puente Alto ocurrió una situación similar y se registraron disparos contra dos personas, quienes se encuentran fuera de riesgo vital.

Uno de los autores del ataque fue detenido por Carabineros y el capitán Freddy Arias señaló que "conforme a las características entregadas por un testigo se comenzó a realizar patrullajes por los alrededores, logrando minutos más tarde la detención de un sujeto". Se investigan los motivos de los disparos.

La delegada presidencial de la región Metropolitana, Constanza Martínez, aseguró que contactaron municipalidades, Subsecretaría del Interior y a Carabineros para "poder redoblar esfuerzos en controles en controles de identidad, vehiculares y también presencia de radiopatrullas y control de orden público dentro del lugar".

"Llevamos más de 175 ferias navideñas donde tenemos un trabajo redoblado y vamos a seguir fortaleciendo las capacidades tanto de primera respuesta como de mayor presencia policial en cada uno de nuestros barrios", sentenció.

El senador Fidel Espinoza (PS) afirmó ayer que en la oposición "se han quedado callados cuando han sido actores de su propio partido quienes han estado involucrados en actos irregulares". Esto, en respuesta a la denuncia al vicepresidente de la colectividad, Arturo Barrios, luego de afirmar que tiene "vínculos con el narco" para trabajar.

El legislador dijo en CNN que esta actitud de silencio la ha visto en "Coloma hijo y otros", es decir, el diputado Juan Antonio Coloma (UDI), quien denunció a Barrios en la Fiscalía.

El diputado Leonardo Soto (PS) escribió en X "qué patético el show" de Republicanos que también denunciaron.

Espinoza agregó que el vicepresidente del PS "nos dejó en una situación horrible por un par de horas" tras su afirmación realizada en un seminario donde también estaba la ex Presidenta Michelle Bachelet. "Nadie es infalible, él cometió un error en sus palabras, se retractó a las pocas horas".

En un hecho inédito en la historia constitucional, en poco más de un año los chilenos hemos rechazado por segunda vez un proyecto de constitución. El 4 de septiembre de 2022 la propuesta redactada por la Convención Constitucional, dominada por la izquierda, fue rechazada por un 62%, y el pasado domingo el texto elaborado por la Comisión Experta y por el Consejo Constitucional de mayoría de derecha, lo rechazó el 55% de los votantes. Se pone así fin a un proceso iniciado en noviembre de 2019, cuando Chile vivía la peor crisis política desde la restauración de la democracia en 1990. Ese mes las fuerzas políticas democráticas representadas en el Congreso, acordaron iniciar el primer procedimiento para sustituir la Constitución de 1980. Se pensaba que aquella crisis tenía relación con el sistema constitucional, lo que hacía imperioso sustituir el texto surgido durante el gobierno del general Pinochet, idea que durante mucho tiempo había sido promovida por buena parte de la izquierda, a pesar de haber sido reformada reiteradamente en democracia. De hecho, la enmienda de 2005 eliminó de manera definitiva los últimos bastiones autoritarios de su versión original, incluida la firma de Augusto Pinochet, que pasó a ser sustituida por la del Presidente Ricardo Lagos.

En los dos procesos constituyentes la Comisión de Venecia hizo un llamado a la búsqueda de amplios consensos y acuerdos, lo que lamentablemente no se logró. El rechazo ciudadano al proyecto de 2022 se debió, entre otras razones, a que imponía una ruptura total con nuestra tradición constitucional, porque abría paso a un modelo similar al de países como Bolivia, Ecuador o Venezuela. El plebiscito se transformó también en una especie de referéndum respecto de la gestión del gobierno del Presidente Boric, que había tomado partido y apoyado abiertamente el texto. Por su parte, el fracaso del texto plebiscitado el domingo pasado tiene nuevamente entre sus principales causas la falta de acuerdos. Si bien no tenía el carácter refundacional del anterior, el mundo político fue incapaz de generar aquellos consensos.

Pero cabe preguntarse si hay además algún factor común a ambos procesos, que explique su estrepitoso fracaso. Pero buscar esa explicación no es simple, sobre todo si se considera que durante la campaña previa al plebiscito del domingo pasado, las fuerzas de izquierda cambiaron su discurso respecto de la Constitución vigente, para dar paso a una defensa de ella, ya sin hacer referencia a su origen en dictadura. La respuesta se hace aún más dificultosa si tenemos presente que la derecha elaboró una propuesta que incluyó por primera vez el concepto de estado social, y que incluso aumentó el catálogo de derechos sociales, lo que hasta hace no mucho resultaba inimaginable.

Estas contradicciones parecen mostrar que todos los sectores del espectro político leyeron mal la crisis de 2019. Probablemente su causa esencial nunca fue constitucional, sino que más bien política. En efecto, pareciera que los acontecimientos de 2019 fueron consecuencia de otros factores, entre los que se cuenta un sistema de partidos sumamente fraccionado (veintiún partidos tienen representación en el Congreso), producto de la reforma de 2017 al sistema electoral. Con ella se puso fin al modelo anterior (el denominado "binominal mayoritario"), el que, a pesar de sus defectos, incentivaba la moderación e hizo posible la estabilidad democrática durante treinta años. En su reemplazo irrumpió un mecanismo proporcional sin limitaciones, que dio paso al protagonismo de partidos basados en defensas identitarias de todo tipo, y a liderazgos políticos surgidos a partir de una supuesta superioridad moral.

En cualquier caso, sería ciego pensar que esa es la única causa de nuestro fracaso. A ella debe agregarse la notable ausencia de líderes políticos con sentido de estado, abiertos al diálogo, y capaces de detectar y atender debidamente a los intereses y necesidades reales de los ciudadanos. En los últimos años los problemas que aquejan a los chilenos son el preocupante aumento de la delincuencia organizada y del narcotráfico, el prácticamente nulo crecimiento económico, la inmigración descontrolada, los inexistentes avances en las necesarias reformas a los sistemas de salud y de pensiones, y la atomización del sistema de partidos. Se trata de problemas que el mundo político ha sido incapaz de abordar adecuadamente, y cuya raíz no es constitucional.

Han pasado cuatro años desde el comienzo del primer proceso constitucional. Durante este período hemos recorrido un largo, costoso (ciento cincuenta millones de dólares) y tortuoso camino, que nos ha conducido devuelta a la Constitución vigente, la que paradójicamente sale fortalecida y legitimada. En efecto, el debate sobre la legitimidad de origen de la Constitución de 1980 queda terminado. Como se sabe, las constituciones pueden nacer ilegítimas, pero la literatura clásica está conteste en que este defecto puede salvarse mediante la legitimidad de ejercicio. La reforma de 2005 y los dos procesos constitucionales de 2022 y 2023 han servido de catalizador para lograr ese efecto.

José Ignacio Martínez Estay

Profesor de Derecho Constitucional e investigador de POLIS,