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La excandidata a gobernadora regional metropolitana y a senadora Karina Oliva quedó sujeta a las medidas cautelares de arresto domiciliario nocturno y arraigo nacional tras ser formalizada ayer por el delito de fraude de subvenciones junto a otros 10 exmilitantes de Comunes.

La Fiscalía Sur, que lleva la investigación de este caso, los acusa de la emisión de boletas y facturas ideológicamente falsas en el marco de la campaña de Oliva, por servicios no prestados o con montos abultados. Con esto, según la acusación, buscaban disfrazar los gastos electorales para solicitar devoluciones improcedentes al Servicio Electoral (Servel), perjudicando al Fisco. Dicha defraudación habría superado los 293 millones de pesos, mientras que en segunda vuelta se habría intentado defraudar 110 millones de pesos.

Junto a Oliva enfrentaron la audiencia su expareja y expresidente de Comunes, Jorge Ramírez; Camila Ríos, exsecretaria ejecutiva del partido; el exadministrador electoral Martín Miranda; Jean Flores Quintana, José Robredo Hormazábal, Diego Corvalán Pérez, Juan Pablo Sanhueza Tortella, David Castillo Palma, Marcelo Riffo Sáez, Diego Corvalán Pérez y Ailine Ramírez Amaro.

Ramírez y Ríos quedaron con las mismas medidas cautelares que Oliva. Sanhueza, Robledo, Riffo, Castillo, Romero y Ramírez fueron calificados como coautores del delito consumado y frustrado de fraude de subvenciones y quedaron con firma mensual. Corvalán quedó sin cautelares y Flores no compareció, pues no fue notificado.

Descargos

A la salida del tribunal, Oliva alegó inocencia y dijo que es víctima de una persecución política: "Muchas veces me lo he preguntado, porque no entiendo por qué, y espero que al final de los 100 días de investigación también se sepa cuál fue la intención de allanar la sede del partido en que yo era militante, que fue 48 horas antes de la elección a senadora (en noviembre de 2021), que nunca había ocurrido en democracia".

"El Servicio Electoral ha sido contundente en decir que la cuenta está aprobada, que está en regla, que está en norma, que sólo tuvo problemas el administrador electoral de impericias y no de actos dolosos", agregó la cientista política.

Por su parte, Ramírez calificó de irrisorios los cargos: "Se me acusa de una cuestión que es imposible. Se dice que yo, con dos o tres personas más, definíamos los candidatos y las candidatas. Quiero recordar que Karina Oliva es candidata porque ganó una primaria, no porque yo la haya nominado. Eso parece que se les olvidó a algunos. Los candidatos y las candidatas los nómina y los denomina el consejo general de los partidos políticos, no los presidentes".

"hay antecedentes"

El abogado Cristián Ramírez, representante del Consejo de Defensa del Estado (CDE), querellante en la causa, sostuvo que "aquí existen antecedentes que dicen relación con delitos que constituyen perjuicio al erario público, al Fisco, al Estado. En consecuencia, hoy estamos en esta audiencia haciendo valer nuestros antecedentes".

"El Consejo presentó querella por el delito de fraude de subvenciones, que va en la misma línea de la formalización que hoy día hemos escuchado del Ministerio Público y cuyos antecedentes se están exponiendo en la audiencia", detalló Ramírez.

Banmédica y Vida Tres anunciaron ayer que renuncian a la Asociación de Isapres en medio de la crisis que viven las aseguradoras privadas de salud y que llevó al Gobierno a pedir encarecidamente a los parlamentarios que aprueben el adelanto del reajuste del Indicador de Costos de la Salud (ICSA) ante la amenaza de que tres o cuatro de estas empresas podrían caer en incumplimiento de indicadores en los primeros meses de 2024.

A través de un comunicado de prensa, ambas compañías informaron que "la decisión responde a la necesidad de fortalecer de manera enérgica desde nuestras isapres que la solución planteada por el gobierno, y que hoy se discute en el Senado, en ningún caso logra recomponer el déficit que se genera a partir del 1 de enero producto de la aplicación del fallo GES".

"Por ello, a través de esta vía, buscamos agotar todos los caminos necesarios para encontrar una fórmula efectiva que se transforme en la solución puente a la discusión de la ley corta que esta norma pretende ser", añadieron.

Discusión en senado

La misiva fue conocida horas después de que la ministra de Salud, Ximena Aguilera, expusiera a la Comisión de Hacienda del Senado que "esta reducción tan brusca de ingresos (por la aplicación del fallo GES) puede llevar a que los indicadores queden en una situación de incumplimiento en forma progresiva a partir del mes de febrero en el caso de algunas, pero después, en marzo o abril, pueden consecutivamente a mostrar indicadores de incumplimiento las isapres, llegando a tres o cuatro de las isapres abiertas durante el primer semestre, o incluso durante el primer trimestre del próximo año".

Ante esta exposición, el integrante de la Comisión de Hacienda y presidente del Senado, Juan Antonio Coloma (UDI), prefirió no adelantar posturas, pero manifestó que el artículo ICSA debería quedar ya resuelto y despachado desde la Cámara Alta a más tardar hoy.

El Ejecutivo salió ayer en bloque a defender la última propuesta de reforma a las pensiones que anunció esta semana y que incluye una fórmula de reparto del 6% de cotización adicional, con cargo al empleador, en la que el 3% va a solidaridad, el 2% a cuentas individuales y el 1% a financiar medidas en favor del empleo formal de mujeres. El presidente Gabriel Boric y los ministros de Hacienda, Mario Marcel, y del Trabajo, Jeannette Jara, defendieron dicha iniciativa.

El Mandatario expuso que "es momento de abrir una nueva etapa de acuerdos y resultados que sean palpables para las familias chilenas, de dejar los cálculos mezquinos. Me quiero referir nuevamente a proyecto de reforma previsional. Necesitamos, Chile les exige, un acuerdo. Una de las grandes lecciones que dejan tanto el plebiscito del pasado domingo como el de septiembre del año pasado es que Chile quiere soluciones ya; no nos quiere seguir ver peleando, sino que lleguemos a acuerdos".

En la misma línea, la titular del Trabajo dijo en radio Cooperativa que "nosotros hemos cedido, recogiendo ideas que vienen desde la misma oposición y que son buenas. No entiendo (por qué) lo que ayer era bueno, hoy es malo. Después de todo un año de conversación, llegó la hora de tomar definición". Y Marcel pidió "poder ir avanzando en esta materia en lugar de buscarle la quinta pato al gato a las propuestas del Gobierno".

Sin embargo, la oposición mantiene firme su negativa a la solidaridad en pensiones. Así lo expresó el presidente del Senado, Juan Antonio Coloma (UDI): "Nosotros estamos en la mejor disposición a subir la PGU y aumentar la cotización para mejorar las cuentas individuales, que es lo único que asegura mejores pensiones futuras".

Más tajante fue Luis Pardo (RN), quien señaló que las indicaciones del Gobierno "no cambian sustantivamente el proyecto totalmente estructural y refundacional que presentó en principio en materia de pensiones", al tiempo que criticó que la ministra Jara "haga figurar como que está cediendo, y más encima diga que eso es todo lo que está dispuesto a ceder".

El subdirector jurídico del Servicio de Impuestos Internos (SII), Marcelo Freyhoffer, explicó ayer la razón para que el organismo se demorara un año desde que la Fiscalía le informara de la autodenuncia de un implicado en el caso tributos, en 2018, para presentar una querella.

El funcionario afirmó a radio Cooperativa que si bien recae en el organismo la responsabilidad de iniciar un proceso penal por delito tributario, "esa querella tiene que estar bien fundada. Hay que verificar los antecedentes que se proporcionan sobre un caso con lo que es el proceso que tenemos definido".

La Fiscalía solicitó cadena perpetua contra el chileno Nicolás Zepeda, quien enfrenta un juicio de apelación en Francia por el asesinato en 2016 de su ex novia japonesa Narumi Kurosaki, desaparecida desde entonces.

"Todo, insisto, todo apunta a Nicolás Zepeda en la muerte de Narumi Kurosaki", declaró el fiscal Étienne Manteaux ante el tribunal de apelación de Vesoul (este), subrayando que se trató de un asesinato premeditado.

Se espera que hoy el tribunal dé su veredicto que reemplazará la condena a 28 años de cárcel que se dictó contra Zepeda en 2022.

El Banco Central publicó ayer su Informe de Política Monetaria (IPoM) de diciembre, en el que mantuvo la proyección de crecimiento en un rango de entre 1,25 y 2,25 por ciento para 2024, pero planteó que este 2023 cerrará con un incremento nulo del Producto Interno Bruto (PIB).

La estimación en el anterior IPoM apuntaba a una variación negativa de entre -0,5 y 0 por ciento para el año en curso. Desde el ente emisor explicaron que la economía local "ha evolucionado" con una inflación que "ha seguido retrocediendo en el marco de la resolución de los desbalances macroeconómicos".