Comercio informal: alertan por falta de denuncias
Representantes de las instituciones que atacan hoy el problema relatan las dificultades que han tenido para mermar la expansión del fenómeno. Concuerdan en que se trata de un problema complejo y que es necesaria una mejor coordinación con los juzgados de policía local.
Por Nicolás Álvarez Arrau / nicolas.alvarez@diarioelsur.cl
El comercio informal es, sin duda, uno de los grandes problemas que enfrentan las grandes ciudades del país. Es un fenómeno que se observa en Santiago y también acá, en Concepción. Es igualmente una de las grandes batallas que ha debido enfrentar el alcalde Álvaro Ortiz, quien desde que asumió como jefe comunal penquista no ha podido desprenderse de estos comerciantes que colman las calles. A mediados de la década pasada hubo ideas y esfuerzos para erradicar el fenómeno: congelamiento en la entrega de nuevos permisos municipales para la venta callejera, las estrategias de copamiento policial o la reubicación de la venta ilegal de calle Caupolicán, con la puesta en marcha de una feria. Nada de eso, al parecer, dio resultados.
Así lo grafican diversos actores, como Carabineros, la Delegación Presidencial y un reciente informe publicado por Faro UDD, que indica que durante 2022 se observó un aumento anual significativo de 38% en los casos de comercio ilegal, pero desde el punto de vista de la Región del Biobío en su conjunto. El informe precisa, además, que esta alza es el mayor incremento porcentual de casos de comercio ilegal registrado en el promedio del resto de las regiones, e, incluso, mayor al aumento de este fenómeno en la Región Metropolitana durante el año de análisis.
Características actuales del fenómeno
Las ventas informales de productos no son sólo un problema que se palpa en el paseo peatonal Barros Arana o calle Caupolicán, vías tradicionalmente usadas por estos grupos. Se advierte en gran medida también en sectores de Aníbal Pinto, Los Carrera, el Hospital Regional y, últimamente, en la Diagonal Pedro Aguirre Cerda, con jóvenes dedicados a ofertar elementos de vestuario usado, libros o antigüedades. En su mayoría, eso sí, se caracteriza por la venta de verduras, frutas y comidas preparadas, gran parte bajo un alto grado de coordinación y desplazamientos.
Marco Millar, coordinador regional de Seguridad Pública, reconoce que el tema en el centro penquista es complejo, más aún en fechas cercanas a fin de año a causa de la ocupación que se hace del espacio público. "Hemos podido observar un aumento respecto al año pasado. Si bien ese año se generó esta estrategia de copamiento durante el primer semestre, a largo plazo no ha sido posible mantener esa acción, entendiendo que hay una necesidad transversal de unidades de Carabineros. Eso llevó a generar estrategias alternativas, focalizadas y de menor impacto, pero que sí generan una acción policial", explica.
El profesional precisa un punto que obstaculiza los avances y que dice relación a la falta de información y de denuncias, elementos que ayudan a la persecución penal. Según dice, tanto las personas como los locatarios formales de Concepción no están denunciando los casos de venta ilegal. De hecho, se estima que alrededor del 70% de los casos detectados nacen del accionar policial y no de las denuncias ciudadanas, tema que desde su punto de vista se explica por la desconfianza en las instituciones, el temor a las represalias y porque se cree que al efectuar una denuncia no se conseguirá nada. Pese a todo, espera que lo anterior pueda ser revertido en los próximos meses a través de un trabajo colaborativo con la Cámara de Comercio de Concepción denominado "Somos barrio comercial", además del programa "Denuncia seguro".
En su análisis, el experto aprovecha de aclarar que el escenario actual, visto desde el número de controles, multas o casos policiales, "está lejos de la realidad evidenciada entre 2014 y 2018, pues en 2017, por ejemplo, hubo casi el doble, con más de 5 mil casos, lo que tampoco quiere decir que ahora sea menos complejo". Desde la Delegación Presidencial informan que entre enero y noviembre se efectuaron 38 operativos de fiscalización, de los cuales 28 corresponden a Concepción, línea que se aborda dentro del Plan Regional de Seguridad Pública y de una mesa táctica que funciona mensualmente. Esos operativos, desarrollados unas cuatro veces por mes, llevaron a registrar en la zona 1.202 controles vehiculares, 758 controles de identidad y 185 infracciones de comercio ilegal, además de 10 detenidos, eso sin contar los resultados del plan Navidad Segura.
Millar indica también que al tratarse de una falta o una incivilidad con multas asociadas a los juzgados de policía local, es difícil poder avanzar en los procesos de persecución de aquellos casos de mayor gravedad, no así en la línea de los procesos de investigación que lidera Fiscalía.
Durante el segundo Consejo Regional de Seguridad Pública, realizado el 6 de diciembre, los alcaldes asistentes solicitaron una mayor coordinación con los juzgados de policía local por el comercio ilegal. "Uno de los compromisos que tomamos fue lograr una mayor coordinación con los juzgados, entendiendo que hay una figura un poco extraña, ya que dependen del municipio, pero quien coordina es la Corte de Apelaciones, y ahí es donde los alcaldes dicen que hay una desconexión en esta materia", precisa.
El rol de carabineros
En Carabineros ven a este fenómeno como una "explosión paulatina" que responde al crecimiento natural de población en el país, "una línea que avanza en paralelo", pero igualmente a factores sociales y económicos, muchos de ellos activados a raíz de la pandemia. "Este no es un problema policial, sino que social y que tiene una mirada distinta de ser abordado y que va más allá del control que podemos hacer como institución", dice el mayor José Rubio, comisario de la Primera Comisaría de Concepción, quien plantea que el problema debe ser resuelto, por ejemplo, mediante la incursión de una feria estable o la utilización de espacios que hoy no son utilizados.
Este 2023, su comisaría contabiliza a noviembre un total de 861 infracciones cursadas, un número menor que el registrado a igual fecha del año pasado, cuando se materializaron alrededor de 911. A eso se suman casos llamativos, como el de un vendedor informal que este año ha sido multado 20 veces, o el de un grupo de 20 personas que suman 215 citaciones a los juzgados de policía local.
"Carabineros realiza un gran esfuerzo para hacer planes operativos en ciertas fechas importantes. Hoy hay menos gente de la habitual en la oficina, porque trabajan un rato para luego potenciar la calle, pero después hay que seguir trabajando acá. Eso se nota porque es cosa de transitar por la vía pública estos días y se ve una presencia distinta de seguridad, pero eso no es permanente en el tiempo", reconoce.
En línea a la falta de coordinación con los juzgados de policía local que mencionan en la Delegación Presidencial, Rubio también dice que como institución no tienen un feedback respecto a las personas que son citadas, es decir, no saben en qué termina el proceso jurídico, lo que entrampa los procesos. Agrega que en calles como Barros Arana, que permite una mejor instalación para el comerciante informal, es difícil muchas veces para el personal policial llegar a mitad de cuadra y retener a un vendedor, "porque tenemos que tomarlo, recuperar especies, llevarlas hasta la esquina más próxima para subirlas a un dispositivo policial, pero muchas veces ellos actúan acompañados y se pueden iniciar trifulcas entre el fiscalizador y el fiscalizado (...) Es complicado hacer una fiscalización de la forma más segura, ya que no podemos actuar como si estuviéramos frente a un delito de robo, porque esta es solamente una falta".
Ahí, Rubio agrega de inmediato que la entidad que tiene la obligación de hacer esa fiscalización es el municipio, "pues nosotros tenemos la facultad". Y añade: "El municipio es el responsable por ley del espacio público de la comuna".
Dentro de las posibles soluciones, el comisario llama, en primer lugar, a que las personas tomen conciencia de no comprar productos en lugares no autorizados. En segunda instancia, propone la idea de comenzar un trabajo con el comercio ilegal para darles una formalidad en un lugar que no afecte el espacio público, de tal manera de separar a la gente que tiene un problema social de aquella que sólo lo hace un por asunto lucrativo.
Trabajo municipal
A través de una respuesta escrita, el alcalde Álvaro Ortiz asegura que esta problemática se viene trabajando hace años mediante campañas comunicacionales orientadas a destacar los riesgos a los que se expone la ciudadanía al comprar este tipo de productos. Dice que se ha fiscalizado de forma permanente la ordenanza vigente de comercio ilegal, cursando alrededor de 300 infracciones anuales.
"En el marco de la nueva ley que se aprobó en la materia, realizamos ajustes y mejoramos nuestra normativa municipal a objeto de generar un trabajo más efectivo en terreno de parte de nuestros equipos. Asimismo, mantenemos participación activa en la mesa de comercio ilegal que lleva la Delegación Presidencial, poniendo a disposición todos nuestros recursos humanos y logísticos para realizar operativos semanales, además de despliegues especiales por fiestas de fin de año", plantea Ortiz, quien añade que su administración ha establecido una política de ordenamiento y de apoyo al comercio establecido, "en donde todas nuestras acciones de seguridad van orientadas en esa línea".
Por esa misma razón, sostiene, se han instalado cámaras en las galerías, altavoces en el centro, o desarrollado una causa por asociación ilícita que trabajan Fiscalía y la PDI. "También enviamos modificaciones de la ley de comercio ilegal al Congreso con la finalidad de robustecer sus alcances y durante 2024 vamos a presentar proyectos concretos que nos permitan mitigar este problema en el sector céntrico y despejar nuestras calles para contribuir a un desplazamiento seguro", subraya.
Los concejales independientes Emilio Armstrong y Andrea de la Barra advierten que hay que tener en cuenta una serie de elementos a la hora de buscar soluciones. El primero, por ejemplo, cree que así como hay que reprimir estas faltas para cuidar el bien común, "por otro lado hay que ofrecer alternativas de salida y trabajo (...) A lo largo de todos estos últimos gobiernos se ha estado intentando avanzar en ambos frentes, cada vez en forma más urgente, y veo que el actual gobierno está reaccionando más que los otros en esas líneas, pero porque la situación es más grave".
Por último, De la Barra insiste en que aún hace falta un plan efectivo de varios actores, "que sea no de un gobierno, sino que del Estado (...) Todo lo que se ha planificado y presentado no ha sido efectivo a la fecha. Necesitamos algo efectivo, en especial para las personas discapacitadas que no pueden transitar por el centro de Concepción".