Un nueva jornada de decisión ciudadana
Hace poco más de un año y tres meses, fueron un 1 millón 184 mil 845 personas de la Región del Biobío las que asistieron a las urnas en el primer plebiscito constitucional realizado el 4 de septiembre de 2022, marcando una participación histórica de 88,15%, cifra que incluso superó la proyección que en su momento plantearon algunos analistas.
El voto obligatorio y la inscripción automática, así como la relevancia misma de la votación fueron factores claves para motivar a la ciudadanía a salir de sus casas y acudir a las urnas, en lo que se aseguró era un proceso electoral inédito y que, incluso, fue calificado como el más importante de las últimas tres décadas.
Se trató del cierre de una etapa que en lo formal comenzó en 2020, con el plebiscito de entrada para determinar si la ciudadanía optaba por una nueva Constitución, que siguió con el trabajo de la Convención Constituyente electa para la labor de redacción y luego con la entrega de la primera propuesta a votar.
Para este 17 de diciembre la ciudadanía volverá a decidir si desea adoptar una nueva propuesta de Carta Magna, esta vez elaborada en un proceso distinto y que concluyó en el Consejo Constitucional y a través de las opciones A Favor o En Contra.
Se trata del segundo proceso constitucional del país en tres años, considerando que el primero se inició en 2020, y el Servicio Electoral (Servel) contabiliza 1 millón 356 mil 298 inscripciones a nivel regional, aunque a diferencia de la primera oportunidad el nivel de participación se prevé un poco más bajo, según lo han hecho saber investigadores del mundo académico, que afirman que el porcentaje en cuestión podría caer en cerca de ocho puntos porcentuales.
Aunque de todas formas se trata de un número que sigue siendo alto, se estima que podría ser influenciado por la desinformación reinante, el desinterés ciudadano tras procesos electorales continuados desde 2020, la fecha fijada para este nuevo plebiscito y la pérdida de temor a las sanciones por no asistir, pese a que se trata de una votación obligatoria.
Chile ha experimentado a partir de 2019 por circunstancias diversas un fenómeno de creciente polarización e inestabilidad que se expresa no solo en el clima político, sino también en la economía, las relaciones sociales y hasta la forma en que se discute en los ámbitos más íntimos, como la familia y los amigos, los temas centrales asociados a la agenda pública. Es en este escenario que se requiere reforzar la relevancia de ejercer el deber y derecho ciudadano de votar, legitimando esta opción como una fórmula central para fortalecer nuestra democracia, que a veces parece tambalear debido a brotes de violencia que suelen justificarse como método de acción política, con nefastas consecuencias posteriores.
Desde el punto de vista de las expectativas de la jornada, no hay duda de que se trata de una votación muy singular, que se repite tras un corto periodo de tiempo transcurrido desde la primera, cuyo resultado en un principio no dejó claro en la ciudadanía la posibilidad de que se realizara por proceso similar por segunda vez y con nuevas reglas. Según analistas consultados en estas mismas páginas hace una semana, una de las características de la campaña electoral previa al plebiscito es que ha sido difícil encontrar espacios o carteles en las calles que llamen a votar por una u otra alternativa.
A diferencia de otros procesos electorales, la estrategia y la propaganda callejera se ha caracterizado por la falta de fuerza y un clima que algunos califican de tibio o, derechamente frío, poco entusiasta, aunque no hay que desconocer que en esta última semana algunos stands se instalaron en el centro de Concepción y en la Plaza de la Independencia.
En el plebiscito de 2022 la Región del Biobío contabilizó 1 millón 160 mil 658 votos válidamente emitidos, de los cuales 1,48% fueron nulos y 0,56% blancos. En la última elección de mayo 2023, la de consejeros constitucionales, el porcentaje de nulos y blancos aumentó considerablemente a 18,33% y 4,44%, respectivamente.
Sin embargo, es en el resultado donde los expertos no coinciden ni tampoco proyectan un tendencia definitiva, por las características distintas de ambos procesos, la ausencia de un clima electoral marcado y, sobre todo, la preocupación ciudadana por otras temáticas. Todo este conjunto de elementos no ayuda a delinear la posible votación final de esta jornada.
De todas formas, esperamos que por el significado que tienen los procesos electorales para nuestra democracia, la ciudadanía responda a la obligación de votar, con una participación acorde a la tradición de nuestro país, pero por sobre todo con la convicción de que cada voto es importante y que la decisión ciudadana es una herramientas valiosa en todos los contextos históricos.
Se trata del segundo proceso constitucional del país en tres años, considerando que el primero se inició en 2020, y el Servicio Electoral (Servel) contabiliza 1 millón 356 mil 298 inscripciones a nivel regional.