Hoy continuará audiencia por Democracia Viva: fiscal dice que "son todos amigos"
Defensa pidió suspensión del proceso por no alcanzar a leer los 21 tomos de la investigación. Solicitud fue negada y aún se discuten las cautelares.
Alrededor de seis horas duró el control de detención del exseremi de Vivienda de Antofagasta y exjefe de gabinete de la diputada Catalina Pérez (suspendida en RD), Carlos Contreras (exRD), junto al exrepresentante de Fundación Democracia Viva y expareja de Pérez, Daniel Andrade (exRD), por el traspaso de $426 millones destinados al mejoramiento de la calidad de vida en campamentos, obras que se realizaron parcialmente o no se concretaron. Este hecho fue el que desencadenó el Caso Convenios, por el que se investiga el destino de alrededor de $32.000 millones.
La extensa audiencia fue suspendida alrededor de las 18:30 horas, para continuar hoy pasado el mediodía, según acordó el Juzgado de Garantía de Antofagasta, donde fueron llevados Andrade y Contreras desde Santiago para ser procesados, luego de pasar la noche en un cuartel de la PDI. La defensa pidió que los imputados quedaran a resguardo de la misma institución, sin embargo, la jueza Sissi Bertoglio-Talap optó por Gendarmería.
La discusión quedó en la determinación de medidas cautelares, donde la Fiscalía pidió prisión preventiva debido a que a los exmilitantes de RD se les acusa de presunto fraude al fisco, en al menos tres acciones, sumado que proyectos de mejoramiento de calidad de vida para quienes viven en campamentos "se han visto imposibilitado por las conductas de los implicados".
"Los perjudicados han sido los comuneros", argumentó el Ministerio Público, porque "no recibieron nada de parte del Estado" a causa de las transferencias de fondos inutilizados en lo público por Democracia Viva. RD luego se suma a la petición de prisión preventiva.
Parte del debate, asimismo fue el pago de funcionarios a honorarios cuyos impuestos (por boleta) fueron cubiertos con fondos estatales, señaló la Fiscalía, hecho que permanecía en silencio porque "son todos amigos", según se conoció al leer diversas conversaciones de WhatsApp: "Se trata de personas vinculadas".
Medidas "dilatorias"
El fiscal regional, Juan Castro, acusó a la defensa de estar realizando medidas "dilatorias" en la sesión, ya que al comenzar hubo cerca de media hora de debate en torno a que los abogados de Andrade y Contreras declararon no haber alcanzado a leer los 21 tomos de investigación, es decir, alrededor de 11.500 páginas, por lo cual solicitaron suspender la formalización.
Los defensores señalaron que les mandaron los documentos el miércoles, además que "cada 20 minutos nos llega una nota de prensa" con nuevas filtraciones de documentos.
"Que la causa porque tiene muchas carpetas, muchos archivadores, ¿sea suspendida cada vez?", cuestionó la parte querellante mientras se buscaban definir las medidas cautelares ante hechos que, según la Fiscalía, podrían equivaler a una pena de entre cinco a 15 años de cárcel.
A las segunda hora de exposición, la magistrada pidió una pausa de 15 minutos, ante lo cual la defensa abogó por el sobreseimiento temporal de los imputados, ya que hay dineros que se han devuelto durante el proceso, es decir, "no se puede decir que hay fraude si no se sabe cuánto es el monto defraudado", sostuvo uno de los abogados.
La Fiscalía afirmó que se investiga el destino de $426 millones, pero "el tema no son $100 millones más o menos", sino que "en el momento en que se concertan estas dos personas para defraudar al Estado de Chile hay delito", ante a lo cual Bertoglio-Talap apeló a "la puesta en riesgo de los fondos fiscales", por lo que "no es procedente ni sería necesario" suspender el proceso de la fundación que fue creada con fines culturales y derivó en construcción.
"son mis ahorros"
La diputada Pérez, en paralelo, negó haber recibido $15 millones de Andrade: "Esa información es totalmente falsa. No he recibido ningún depósito. (...) Esa suma de dinero corresponde a mis ahorros".
La militante suspendida de RD señaló que el dinero fue depositado a plazo en 2021, "mucho antes de que se firmara cualquiera de los convenios" y traspasado a otra cuenta en 2023.