A dos años del matrimonio igualitario: 176 personas del mismo sexo se han casado
Desde el Movilh se señaló que las cifras revelan el impacto de esta política pública en la calidad de vida y los desafíos a futuros en materia de capacitación y no discriminación.
El 10 de diciembre del 2021 se publicó en el Diario Oficial la Ley 21.400, denominada Ley de Matrimonio Igualitario, que legalizó la unión de parejas del mismo sexo, otorgándoles los mismos derechos y deberes ya preexistentes en la institución. A dos años de su entrada en vigor, el Movimiento de Integración y Liberación Homosexual (Movilh) reveló que se han celebrado un total de 3.803 enlaces a nivel nacional, mientras que la región se realizaron 176, consolidándose como la tercera con mayor cantidad bajo esta norma, sólo superada por la de Valparaíso y la Metropolitana.
La vocera y coordinadora del organismo en el Biobío, Macarena Inostroza, sostuvo que "esos datos son muy significativos, considerando que en algún momento no tenían las facultades administrativas ni jurídicas frente a su relación de pareja. Hace un reflejo de cómo tienden a tener esta necesidad de generar un vínculo que no sólo sea en base al amor, sino que también a la responsabilidad, el resguardo de la economía y de los espacios de salud".
Junto a lo anterior, el reconocimiento de los hijos es uno de los avances más destacados, pues el acuerdo de Unión Civil -vigente desde 2015- no permitía regular esta temática. Por su parte, el desarrollo de nuevas redes de apoyo, la lucha contra la discriminación y la capacitación respecto a la diversidad son algunos de los desafíos que a día de hoy enfrentan las disidencias.
Datos locales
Del total de enlaces realizados en la región, 100 fueron de mujeres, y 76 de hombres. A partir de la difusión de las cifras el organismo apuntó a crear conciencia en la comunidad sobre la necesidad de haber implementado la normativa, pues pese a que los números "no sea tan significativos, existen quienes sí han requerido del matrimonio igualitario para mejorar su calidad de vida, con los derechos fundamentales que tiene cualquier persona", señaló Macarena Inostroza.
En esa misma línea, una de las facultades más relevantes es la posibilidad de reconocer legalmente a los hijos de estas parejas, ya sean anteriores al enlace, nacidos por técnicas de reproducción asistida, o adoptados. "El acuerdo de unión civil fue muy importante para normar principalmente relaciones patrimoniales, es decir, qué sucedía con los bienes, pero todavía faltaban los derechos filiativos", explicó Paola Laporte, abogada e integrante de la Fundación Divergente Vanguardista (Fuvadi), organismo que entrega protección y apoyo a miembros de la comunidad LGBTIQ+.
La coordinadora del Movilh declaró que "la cifra que más nos sorprendió fue la de divorcio -1 a nivel nacional-, que saca ese mito de que dentro de las diversidades sexuales existe una exacerbada promiscuidad, entonces creemos que se logró tanto, que entendemos muy bien lo responsables que tenemos que ser al momento de ejecutar un vínculo tan relevante".
Desafíos vigentes
La abogada y miembro de Fuvadi indicó que las problemáticas en materia de diversidad se van observando según los casos que reciben a diario. Entre ellos aparece la falta de capacitación a funcionarios públicos ante temáticas de salud, por ejemplo, para personas transexuales. El objetivo es "que puedan entregar respuesta a algunas inquietudes, porque es difícil darla cuando estos temas son tan nuevos", afirmó Paola Laporte.
La creación de entornos seguros es otra de las problemáticas, debido a la vulnerabilidad permanente en la que se encuentran aquellos que no disponen de redes de apoyo -por ejemplo, familiares-, lo que igualmente podría influir en su decisión de casarse.
Desde el Movilh además esperan extenderse hacia otras provincias, sobre todo considerando que la situación es más compleja en las del Biobío y Arauco, "que tienen un concepto mucho más conservador, y donde la discriminación es mucho más alta".
Asimismo, se espera trabajar junto a las autoridades para "darle una asistencia a la necesidad de la red de apoyo, no tanto judicialmente, sino que también de quienes pudiesen estar en estado de vulnerabilidad psicológica".