"La condonación del CAE es un anuncio muy negativo que hace mirar con preocupación el futuro"
El exministro de Economía de Michelle Bachelet plantea que el Gobierno está equivocando la priorización de recursos y enfatiza que avisar la condonación sin tener listo el proyecto de reemplazo "hace que la gente no pague".
Por Luciana Lechuga
En el proceso final de debate presupuestario 2024 el ministro de Hacienda, Mario Marcel, reconoció que seguía en curso el compromiso de campaña de condonar el Crédito con Aval del Estado (CAE), que permite a estudiantes de Educación Superior costear carreras de pregrado en alguna institución acreditada. El subsecretario de Educación Superior, Víctor Orellana, agregó que el proyecto de reemplazo sería presentado durante el primer semestre del próximo año.
Estos anuncios generaron un intenso intercambio de opiniones sobre el costo que implica esta medida -11 mil millones de dólares, según la Comisión Ingresa- y cómo afecta el equilibrio fiscal comprometido dentro de los acuerdos entre el Ejecutivo y los partidos políticos.
Según un estudio del Centro de Políticas Públicas de la Facultad de Economía y Gobierno de la Universidad San Sebastián (USS), la condonación del CAE equivale al 3.6% del PIB. Para cuantificar su magnitud el reporte ejemplifica que: son casi seis años de financiamiento de la gratuidad universitaria; es más de siete veces lo que se destina a la educación parvularia y jardines infantiles; es casi el doble de los recursos asignados en 2023 a la Pensión Garantizada Universal (PGU); es cinco veces el presupuesto anual para los gobiernos regionales; es 12% del presupuesto público para 2024; equivale al 60% del presupuesto de Educación 2024.
Según cifras de la Comisión Ingresa (Comisión Administradora del Sistema de Créditos para Estudios Superiores), los 11 mil millones de dólares se descomponen en 6.300 millones en poder del Fisco (como aval de los préstamos) y 4.700 millones en poder de los bancos. Se deben considerar ambos, debido a que el Estado al igual que la banca espera recuperar esa inversión.
Así como a los futuros alumnos les concierne la eliminación del CAE y la nueva estructura de financiamiento, es también un importante tema de análisis para las universidades.
Hugo Lavados, rector de la Universidad San Sebastián (USS) y ex ministro de Economía de la expresidenta Michelle Bachelet, argumenta que terminar el CAE es una iniciativa regresiva e injusta, que anunciar su fin sin tener listo el proyecto de reemplazo aumenta la morosidad y que el Gobierno está equivocando la priorización de recursos. Advierte que no es un mal sistema, pero requiere ajustes. A continuación, desglosa estos planteamientos.
Lo primero que afirma es que "esto no va a ser inmediato. Lo que se ve es el titular y eso lo que genera es que muchas personas dejen de pagar, entonces cada vez va a ser más complicada esta situación. Lo lamento mucho, pero creo que el Gobierno no ha considerado bien cuáles son las consecuencias de las cosas que están señalando. Los anuncios tienen efectos en el comportamiento de las personas".
-¿Hacia dónde debería apuntar una propuesta de financiamiento?
-Los ajustes tienen que ver con dos o tres cosas básicas. Primero, reconocer que (el pago) para algunos, aunque sea el 10% de los ingresos, es harto. Segundo, que (el CAE) dure solo el periodo de la carrera es no mirar las cifras en general: hay personas que se demoran más en terminar sus estudios. Y en tercer lugar, es necesario ajustar la escala de pago. En otros países, como Gran Bretaña, existe una escala diferenciada de acuerdo a los niveles de ingreso de 4% a 8%, que es el tope. Se debe reconocer que es necesario tener un mecanismo de apoyo para los estudiantes, de manera tal que exista facilidad de recursos para quienes ingresan a estudiar y que se reconozca que los ingresos de quienes estudian en la Educación Superior son bastante mayores que los que llegan nivel técnico. Terminar el CAE es muy poco equitativo e injusto, porque es ayudar a quienes están en el 30% superior de ingresos.
-¿Es razonable condonar el CAE en el actual contexto económico?
-No, para nada. No tiene soporte alguno. Es posible hacer algún tipo de metodología, en que desde el punto de vista de las finanzas públicas afecte menos, pero lo que sí es claro es que hay un efecto inmediato. Si se condona el CAE los bancos van a ejercer el aval del Estado y eso significa pagar de inmediato los 4 mil y tantos millones de dólares. Ahí no hay duda alguna. Y se debe contabilizar el stock de deuda en poder del Estado. El gasto total es absolutamente inviable no solo en este momento, en que llevamos 10 años sin crecimiento. Diría que en casi cualquier escenario futuro es una cifra gigantesca desde el punto de vista de, por ejemplo, el apoyo a los otros niveles escolares. Entonces uno tiene aquí una severa duda, o cuestionamiento, respecto al orden de prioridades que tiene el Gobierno respecto a dónde poner los recursos. Es muy cuestionable que se privilegien montos tan grandes para quienes deben en educación superior.
-Cuando usted dice "no, para nada", uno puede entender el argumento desde el Estado, y quizá desde su mirada como exministro de Economía, pero para una familia puede ser muy importante.
-El CAE no afecta la capacidad económica de las familias, porque se cobra "después de", no durante el periodo en que los alumnos están estudiando. Si hay alguna holgura adicional en relación a la capacidad de la familia y la tranquilidad de los estudiantes creo que hay que ponerla en apoyo durante su periodo de estudio, como ampliar las becas de alimentación, de transporte o, por ejemplo, coordinar mejor la educación online para entregar posibilidades de trabajo a los estudiantes. Pero eso requiere una reflexión seria, con los números sobre la mesa.
-Según un informe de la USS, al desglosar por deudores CAE se ve que el 90% paga cuotas menores a 3 UF. ¿Lo considera un monto alto o bajo?
-Depende, porque hay que mirarlo desde el punto de vista de qué porcentaje representa del ingreso de la persona. Hoy, para quienes están al día en sus pagos, no puede ser más del 10%. Si alguien paga 3 UF mensuales es porque, al menos, está obteniendo ingresos por 30 UF mensuales (cerca de $1 millón). Si una persona está desocupada durante un tiempo, sin ingresos, no tiene que pagar. O sea, el sistema opera bien desde ese punto de vista. Ahora, puede operar mejor, sin duda. Lo que sí ocurre, y requiere un arreglo, es que las personas que no pagan siguen acumulando deuda y tienen dificultades para ponerse al día. Por eso me parecen tan dañinos estos anuncios tan poco claros, tan generales, porque al final están dañando a los propios estudiantes.
-¿Cómo interpreta el énfasis que ha dado el Ejecutivo a mantener abierto este tema pese a que despierta rechazo entre la oposición y se anticipa un complejo debate en el Congreso?
-Esta era una de las banderas de lucha prioritarias del movimiento estudiantil el año 2011, donde entre las personas que marchaban estaban el propio Presidente, dos o tres ministros, mucha gente del aparato público. Hay una visión que uno puede considerar equivocada, pero es legítima, de que todos los niveles educacionales deben ser gratuitos, como existe en otros países. En eso uno puede tener un pensamiento distinto, pero junto a eso, una de las cosas que señalo con énfasis es que hacer estos anuncios antes de que se haya discutido una política, naturalmente lo que va a generar es que la gente va a dejar de pagar. La gente no lee la letra chica, lee el titular y deja de pagar. Me llama mucho la atención que no se haya considerado ese factor.
-La morosidad del CAE llega al 54%, según varios estudios. Varios análisis relacionan el aumento al anuncio de una condonación. ¿Cómo impacta en las universidades esa morosidad?
-En una primera mirada no impacta mayormente, porque está dada por quienes ya terminaron. Lo que sí las impacta directamente son las deserciones. Si alguien deja la universidad, y durante el período que estuvo recibió CAE, hay un aval por un porcentaje importante que es de la universidad y eso tiene que devolverse. Es una de las cosas que es necesario discutir. Desde ese punto de vista, el impacto más grande tiene que ver con lo que el Estado debe utilizar para poder realizar esta mala política que será condonar el CAE y eso, en alguna medida, sí va afectar a todo el sistema porque cuando se utilizan muchos recursos en un propósito posteriormente, al hacer el nuevo presupuesto, eso se va a reducir. El presupuesto de 2024 aumenta mucho los recursos para gratuidad porque han entrado nuevas universidades al sistema. Una de las cosas que observamos es que las universidades van a tener menos recursos porque los aranceles están bastante ajustados y porque hay menos recursos para desarrollar investigación y proyectos de desarrollo tecnológico. En Chile la mayor parte de ese apoyo del Estado va para las universidades, hay muy poca investigación del sector privado.
-¿Existen modelos en el extranjero que podamos mirar como ejemplo?
-En Gran Bretaña y Australia hay sistemas bastante parecidos, que son anteriores al CAE. Este planteamiento de que la educación debe ser gratuita no es solo de Chile, más aún, en esos países la Educación Superior era gratuita, o se pagaba muy poco, entonces era más difícil implementarlo. Se ha ido acumulando evidencia a favor y creo que el sistema de Gran Bretaña, que es muy desarrollado, es el que más hay que mirar, aunque no es perfecto ni libre debate.
-¿Qué plantea ese modelo?
-Como le comentaba, en el caso de Gran Bretaña un tope de hasta el 8% del ingreso y que bajo cierto nivel de ingreso -no solamente en los períodos de ingreso cero- no exista cobro, pero siga corriendo el plazo. Los plazos son inferiores a los 20 años que hay en Chile. Hay tratamiento especial para ciertas carreras que se consideran prioritarias. En Chile podría ser Pedagogía, que de hecho existe un sistema especial de apoyo, o carreras que son muy caras. Pero en esos países se fijan topes a nivel de matrícula, de cobros de aranceles, pero son iguales para todas las carreras.
-¿Qué impacto prevé en las universidades no adscritas a gratuidad una reforma en el sistema de financiamiento?.
-No lo sabemos. Primero depende de la forma en que se va a eliminar. Segundo, por cierto un porcentaje significativo de nuestros alumnos utilizan el CAE. Si uno considera que el CAE es un buen mecanismo de financiamiento por supuesto va a decir que es una mala política condonarlo. Pero no ha sido definido. Y es muy difícil que existan otras formas que no signifiquen gratuidad. Ahí va a haber que pensar en serio si uno entra o no a gratuidad, con los problemas que existen. En el caso nuestro, que tenemos 38 mil estudiantes en total, de los cuales unos 25 mil podrían postular a gratuidad, no sería un buena manera de que el sistema se ampliara. Sería un golpe más o menos importante.
-¿Qué balance hace de la implementación desde 2015 de la política de gratuidad?
-Primero, se expandió más allá de lo conveniente tomando en cuenta los recursos del país. En el mundo de la utopía "sí, que todos estudien gratis", pero para eso hacen falta recursos, y no hay. Y eso, aunque sea triste, hay que decirlo, enfatizarlo, repetirlo: no alcanza para todos. Tenemos la evidencia en las colas de distinto tipo… en la lista de espera de los hospitales, en los temas de vivienda, hay múltiples ejemplos. Segundo, la práctica de la gratuidad ha tenido un problema con fórmulas de cálculo de los aranceles extremadamente complicadas. Tal como vamos, y creciendo en número de estudiantes, la gratuidad es un barril sin fondo y va a terminar en problemas para las universidades mayores a los que ya tienen, porque hoy día las universidades enfrentan problemas porque los niveles de aranceles que les pagan por estudiante son muy bajos. Entonces uno observa universidades estatales y privadas que han reducido las matrículas para algunas carreras más caras y han ampliado aquellas en que pueden financiarse más cómodamente con el valor del arancel. Y si ahora se plantea la condonación y el término del CAE hay un severo problema para todos. Es un anuncio extremadamente negativo y que hace mirar con mucha preocupación el futuro.
-El cientista político Daniel Mansuy dijo hace unos días que "la más grande de las decepciones es que este gobierno haya mostrado tan poco interés en la educación", por ejemplo, nombrando ministros de bajo perfil y mostrando poco interés en reactivación educativa postpandemia. ¿Concuerda con este análisis?
-Si yo digo que las políticas debieran basarse en evidencia, los comentarios de uno también. Y la evidencia dura, sobre todo en términos de los recursos asignados, sí muestra eso. Ahora, yo no creo que al Gobierno le importe poco la educación. Creo que tiene las prioridades equivocadas.
-¿Cuál es su visión de las propuestas del texto constitucional sobre la educación superior?
-Se hacen muy pocas propuestas, o sea, es casi ausente. Yo lo encuentro positivo, porque en definitiva sabemos poco de lo que va a pasar hoy, mañana y pasado mañana, pero lo que sí sabemos es que se va a requerir mucha flexibilidad, que van a aparecer disciplinas nuevas, que los aprendizajes y currículums de los profesionales tienen que ir ajustándose a los nuevos tiempos. Y cuando algo queda en la Constitución y se rigidiza es malo. Creo que la brevedad y la concisión en el texto constitucional son mejores.
-Ha repetido varias veces que el Gobierno tiene un problema de prioridades. ¿Dónde debiera poner el foco?
-Creo que hoy la priorización del Gobierno no debiera ir hacia educación superior. Los otros niveles de Enseñanza Media y Básica requieren mucho más para elevar su nivel. El reporte PISA de la OCDE, los Simce y todo lo que sabemos así lo demuestra. El nivel preescolar, desde sala cuna a kínder, no tiene pruebas (generales de evaluación), pero atiende a un numero todavía muy reducido de niños por distintas razones, pero podemos considerar entre ellas el acceso o la calidad. Por eso creo que están mal enfocadas las prioridades. Pienso, en mi deformación profesional como economista, que siempre hay un uso alternativo de los recursos. No hay nada predeterminado. Hay tantas demandas de gastos sobre los gobiernos, el Fisco, el Estado, que hay que priorizar.