La CChC Concepción presentó, recientemente, el primer "Observatorio de Conectividad Crítica" para el Gran Concepción, una plataforma que pone en línea los proyectos que se requieren con urgencia para mejorar la movilidad y el desplazamiento en la capital regional de aquí al 2035.

El instrumento mantiene un banco de obras que son claves para el desarrollo local y las prioriza de acuerdo a factores, como su cobertura territorial, la demanda y su importancia logística, entre otros.

Se trata de 16 iniciativas pertenecientes al Sistema Nacional de Inversiones, en las áreas de transporte y vialidad. Son proyectos que tienen su origen en la Dirección General de Concesiones y en la Dirección de Vialidad del Ministerio de Obras Públicas; en el Serviu, del Ministerio de Vivienda y Urbanismo y en EFE-SUR. En su totalidad, involucran una inversión de US$ 5.400 millones.

En esta plataforma, los proyectos son visualizados en sus distintos ciclos de vida, desde algunos que están a nivel de diseño, prefactibilidad o ad portas de su licitación.

En términos estratégicos, el "Observatorio de Conectividad Crítica" busca, en primer lugar, visibilizar los proyectos que se requieren para optimizar la conectividad regional y con ello entregar un mayor bienestar a los habitantes. Es decir, nos hace conscientes de la infraestructura necesaria para mejorar la calidad de vida de los ciudadanos.

Además, permite conocer cuáles son las iniciativas planificadas para la Región en infraestructura de transporte hasta el 2035, año en que se estima estarán ejecutándose la mayoría de los proyectos priorizados en esta plataforma. Con ello, y lo más importante, es que se podrá hacer una tarea de seguimiento a las obras y así impulsar su concreción.

Aunque no ha sido materia de estudio en este observatorio, los antecedentes recabados por el académico de la Universidad de Concepción y miembro del Consejo de Políticas de Infraestructura (CPI), Tomás Echaveguren, quien realizó esta priorización, han puesto de relevancia el extenso periodo que este tipo de proyectos alcanza antes de su construcción: por lo menos 8 a 10 años. Esto, si la permisología imperante para las inversiones les permite avanzar sin contratiempos.

Por esta misma demora, es necesario planificar para las décadas venideras. Incluso más allá del 2035. Luego de este periodo, no existe una cartera de iniciativas programadas. Por eso, la preocupación también debe enfocarse en tener un marco institucional que permita gestionar obras a largo plazo, además de llevar adelante las ya planificadas.

En lo inmediato, el Observatorio es un aporte único para monitorear y supervigilar la infraestructura regional en el tema de la conectividad. La próxima tarea es identificar los nudos críticos y buscar las fórmulas para ir resolviéndolos. Sabemos que ésta es una discusión que va más allá de este análisis, pero que debemos abordar como una prioridad para la Región y el país.

En la región del Biobío son más de 11 mil niños, niñas y adolescentes que son parte del Servicio de Protección Especializada a la Niñez y Adolescencia. Por ello, en este día donde se conmemora el día Internacional de los Derechos Humanos, Declaración Universal que ha impulsado el respeto, protección y promoción de estos como uno de los fundamentos de la democracia y de los Estados de Derecho contemporáneos, es relevante reflexionar y concientizar respecto de como garantizamos su promoción en las niñeces y adolescencias de Chile y nuestro territorio.

En ese sentido,quiero destacar que nuestra misión y labor permanente como servicio, cual es proteger y restituir los derechos humanos de niños, niñas, adolescentes gravemente amenazados o vulnerados, con el propósito de garantizar, así, su desarrollo y bienestar integral y un mejor futuro para esta y las próximas generaciones.

Desde esa perspectiva, relevar que desde la entrada en vigencia de la Ley 21.302 que crea el servicio, hemos focalizado nuestro trabajo en el ámbito intersectorial, participando activamente en nuestro rol de secretaría ejecutiva en la Comisión Coordinadora de Protección, presidida por el Seremi Hedson Díaz Cruces y donde participan diversos organismos del Estado.

Se suma a lo anterior el que cada vez más Familias quieran ser parte de nuestro programa de Familias de Acogida Especializada, que permite desinstitucionalizar a NNA, basado en la restitución del derecho a vivir en familia, otorgándoles un ambiente de amor, seguridad y contención emocional. Mencionar que solo en la provincia de Concepción, desde el año pasado, 46 familias han finalizado el proceso formativo y certificadas como idóneas para el cuidado de NNA, por lo que saludo y felicito a cada una de ellas por la noble tarea que decidieron emprender y también a nuestro equipo y profesionales que se desempeñan en esta área.

Tampoco puedo dejar de mencionar los importantes procesos de transformación en materia de oferta. Destacar El Diagnóstico Clínico Especializado que será la puerta de entrada al Servicio y permitirá realizar un exhaustivo análisis de la situación de cada niño, niña y adolescente que ingresa al programa, permitiendo una atención más personalizada, considerando todas las dimensiones.En esta misma materia, igual de importante es la implementación del Programa de Acompañamiento Familiar Territorial que tiene por objetivo el desarrollo de procesos terapéuticos con NNA para el abordaje de experiencias adversas, además de realizar procesos de acompañamiento terapéutico familiar para el desarrollo de prácticas de crianza protectoras.

En el gobierno del presidente Gabriel Boric estamos comprometidos con la garantía de derechos humanos de las niñeces y juventudes para avanzar en una sociedad más respetuosa, con la convicción de proteger y cuidarlos integralmente.

Este domingo la Declaración Universal de Derechos Humanos cumple 75 años. Fue aprobada por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948 en París como respuesta a los "actos de barbarie ultrajantes para la conciencia de la humanidad" cometidos durante la Segunda Guerra Mundial. Su adopción reconocía que los derechos humanos son la base de la libertad, la justicia y la paz.

Desde el punto de vista teórico-jurídico se considera que el Artículo 19 de esa declaración es el germen del hoy ampliamente reconocido "Derecho a la Información", cuando señala que "todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión. Este derecho incluye el de no ser molestado a causa de sus opiniones, el de investigar y recibir informaciones y opiniones y el de difundirlas, sin limitación de fronteras, por cualquier medio de expresión".

Pero esta no fue una referencia directa. De hecho, la primera expresión explícita del término fue en un texto que recientemente cumplió 50 años: el Decreto Pontificio Inter Mirifica de Paulo VI del 4 de diciembre de 1963, que señala: "existe en la sociedad humana el derecho a la información sobre cuanto afecte a los hombres individual o socialmente considerados y según las circunstancias de cada cual".

Más allá de la conmemoración cronológica, por estos días resulta especialmente relevante la reflexión en torno a la importancia que como país le damos a la información como insumo fundamental para el desarrollo pleno y exitoso de nuestra vida social.

Y es que hoy, el acceso a dispositivos tecnológicos y la democratización de Internet permiten la transmisión inmediata de muchísima información, lo cual es una garantía frente a un proceso que debe ser participativo y conocido por todos. Sin embargo, estas mismas herramientas generan la circulación de todo tipo de datos que en lugar de informarnos, terminan generando un extravío informativo donde los cuestionamientos abundan, así como la polarización, la exacerbación, el rechazo, la incerteza y -por qué no decirlo- la violencia, en las más diversas plataformas.

¿Qué tan conscientes somos de la trascendencia de la información veraz y oportuna para comprender y evaluar los hechos que suceden en nuestro entorno y a partir de allí tomar las decisiones correctas como resultado del ejercicio de nuestra libertad?

En los últimos meses, hay ejes de discusión recurrentes en torno a la redacción de una nueva Constitución: educación, salud, pensiones. Existe un consenso claro frente a la demanda de contar con una Carta Magna que los reconozca y los proteja como derechos fundamentales, pero al mismo tiempo preocupa que la información no haya tenido el mismo foco.

¿Consideraremos a la información sólo como un bien de consumo producible, vendible y transable al mismo nivel de la ficción y la entretención? Los hechos revelan la importancia de que se le reconozca como un bien que debe ser defendido y protegido, en tiempos donde su uso malicioso puede provocar más daño del que podemos imaginar, pues al esparcirse sin freno y sin filtro, puede convertirse en un arma con un poder destructor poderosísimo.