Por Redacción/Agencias

La Justicia chilena condenó ayer a 86 años de cárcel a Francisco Solar y a otros 12 a su expareja, Mónica Caballero, como cómplice, por enviar y colocar explosivos en Santiago contra el exministro Rodrigo Hinzpeter y Carabineros entre 2019 y 2020, y ser culpable del delito de homicidio frustrado. En España, ambos colocaron en 2013 un explosivo que estalló en la Basílica del Pilar de Zaragoza.

"Es una de las condenas más altas que hay en el sistema de justicia penal por este tipo de delitos, esto implica que el sistema de persecución penal funciona, funcionan los tribunales con estas penas altísimas, funciona el Ministerio Público y funcionan las policías", indicó tras la lectura de la condena el fiscal regional de la Fiscalía Metropolitana Sur, Héctor Barros, que pedía más de 170 años de cárcel para ambos.

Aunque deberán cumplir la sentencia con cárcel efectiva, se conmutará el tiempo que ya pasaron en prisión preventiva como parte de la pena cumplida.

El juicio, que se inició el 18 de julio de este año, tuvo lugar por dos explosivos que fueron enviados el mismo día como encomiendas a través de correos a la 54 comisaría de Carabineros de Huechuraba y a las oficinas de Rodrigo Hinzpeter, exministro del Interior de la primera administración de Sebastián Piñera.

Mientras Carabineros interceptó el envío y logró evitar que el segundo explosivo se concretara, el primero detonó y dejó heridos a cinco efectivos.

También se investigó la colocación de dos bombas (una en un basurero y la otra detrás de un asiento) en un edificio de Vitacura.

Solar recibió finalmente cuatro condenas de 12 años por atentados explosivos (48), 15 años por homicidio frustrado en la comisaría, 12 por el homicidio frustrado de Rodrigo Hinzpeter, seis por lesiones graves a carabineros en funciones, 600 días por lesiones menos graves a carabineros, 500 por cinco consumados de lesiones leves a carabineros y 818 días por daños calificados en la 54 comisaría.

La confesión

A fines de 2021, Solar confesó los hechos ante el Ministerio Público: "Pensé en realizar una acción como respuesta, como venganza contra personas ligadas a la represión y al poder empresarial, ambas características las cumplía a cabalidad Rodrigo Hinzpeter".

Solar sostuvo entonces que decidió "atacar" al ex ministro porque, junto con otras personas, "fue objeto de sus delirios represivos" once años antes por una serie de bombas que estallaron entonces en el sector más pudiente de la capital.

"Nos encarceló inventando pruebas, contratando a presos dispuestos a corroborar la tesis de la Fiscalía, que se refería a la existencia de una asociación ilícita terrorista", aseguró.

Absueltos del primer caso

Solar y Caballero, junto con otras 12 personas, fueron acusados en el llamado Caso Bombas por varios explosivos que estallaron entre 2006 y 2010, uno de las cuales explotó a siete cuadras de la casa del entonces presidente Piñera.

Después de más de seis años de investigaciones, en octubre de 2012 la Corte Suprema absolvió de los cargos de "asociación ilícita para el terrorismo" a todos los acusados, entre ellos los dos condenados ayer.

Al recuperar su libertad, ambos decidieron salir del país y viajaron a España, donde en noviembre de 2013 fueron detenidos por la policía por colocar un explosivo que estalló en la Basílica del Pilar de Zaragoza.

Tras ser juzgados y pasar casi cuatro años en la cárcel en ese país, Solar y Caballero fueron deportados a Chile en marzo de 2017.

La jueza de la Corte de Apelaciones de Santiago Paola Plaza González rechazó ayer un requerimiento del Partido Comunista y de la familia del poeta y premio Nobel de Literatura, Pablo Neruda, para reabrir el caso sobre su muerte, ocurrida en el 23 de septiembre, días después del golpe de Estado, en la Clínica Santa María, Región Metropolitana.

En su escrito de desestimación, la magistrada argumenta que el Estado chileno puso a disposición todos los medios posibles para esclarecer los hechos y sostuvo que por ello las diligencias solicitadas por los demandantes no conducirían a resultados diferentes.

"Aun cuando la parte querellante, Partido Comunista de Chile, sostenga a fojas 4950 que el Estado no ha empleado todos los medios a su alcance para averiguar la verdad, basta la revisión del proceso para constatar que todos los recursos disponibles se han puesto al servicio de la investigación", se expone en el escrito.

La investigación, añade, "incluyó la intervención de expertos nacionales y extranjeros y el uso de tecnologías inéditas en la indagación criminal, más la obtención de relatos de testigos, pericias de diversa índole, búsqueda de documentos e informes policiales, entre muchos otros, abarcando cada arista propuesta por las partes para el esclarecimiento de los hechos".

El Partido Comunista, al cual perteneció el poeta, solicitó este año, tras el cierre del sumario y a través de su presidente, Lautaro Carmona, reabrir el caso, pues las pruebas, según él, señalaban que la causa del fallecimiento no habría sido el cáncer que padecía.

"El podría haber sobrevivido mucho tiempo a ese cáncer", afirmó.

Art. 169. Composición del Tribunal Constitucional y sistema de designación de sus ministros.

Art. 170. Requisitos para ser ministro del TC.

Art. 172. Atribuciones del TC: control de constitucionalidad de proyectos de ley y de preceptos legales ya vigentes. En ciertos casos, también resolverá cuestiones de constitucionalidad sobre decretos con fuerza de ley, decretos supremos o resoluciones del Presidente de la República, y autos acordados aprobados por tribunales, además de otras atribuciones.

Art. 173. Efectos de las sentencias del Tribunal Constitucional.

a. Composición del Tribunal Constitucional. Hoy, el TC está integrado por diez ministros. En la propuesta se aumenta el número a once ministros, lográndose un número impar de integrantes, lo que es regla general en los tribunales colegiados. Esto elimina la posibilidad de que el Presidente del Tribunal tenga voto dirimente.

b. Duración en el cargo y requisitos. La duración en el cargo se aumenta de nueve a once años. Los requisitos para ser nombrado ministro son similares a los actuales: tener al menos quince años de título de abogado y no tener impedimento alguno que inhabilite para ser juez. Pero, se precisa que deben contar "con reconocida y comprobada competencia e idoneidad profesional o académica en el ámbito de sus funciones".

c. Sistema de nombramientos. En la actualidad, tres de los ministros del TC son nombrados por el Presidente de la República y otros tres por la Corte Suprema, y el Senado nombra cuatro. De estos, el Senado designa dos directamente y los otros dos a propuesta de la Cámara de Diputados.

La propuesta modifica este procedimiento. Se comienza con un concurso público de antecedentes ante la Corte Suprema, la cual en una única votación elabora una quina. Luego, el Presidente de la República de entre esos cinco nombres elabora una nómina de dos candidatos que envía al Senado. Y este, tras una audiencia pública en un plazo de treinta días y por mayoría de los tres quintos de sus integrantes en ejercicio, debe escoger una de las personas propuestas.

Si en el plazo fijado ni uno ni otro candidato reúne en el Senado la aprobación por los tres quintos, la Corte Suprema debe completar la quina con dos nuevos nombres, iniciándose un proceso similar al primero en que intervendrán el Presidente de la República y el Senado. Y si en esta cámara tampoco una de las dos personas propuestas por el Presidente logra ser elegida, la Corte Suprema hará un sorteo entre los cuatro candidatos que al comienzo fueron propuestos por el Presidente para ser ministros del Tribunal Constitucional.

d. Control preventivo de proyectos de ley. En la Constitución actual, el control de constitucionalidad preventivo es obligatorio para las leyes interpretativas de la Constitución y las leyes orgánicas constitucionales, y facultativo para cualquier ley si durante su tramitación el Presidente de la República, la mayoría de una u otra Cámara o la cuarta parte de sus miembros en ejercicio lo requieran en cualquier momento de la tramitación del proyecto. Si el TC declara inconstitucional una o varias partes del proyecto de ley examinado, las mismas no pueden convertirse en ley.

La Propuesta contempla cuatro modalidades distintas de control preventivo, todas ellas de carácter facultativo:

1. Posibles infracciones a normas de fondo de la Constitución por parte de proyectos de ley. El control puede ser solicitado por el Presidente de la República, la mayoría de los integrantes en ejercicio de una u otra de las Cámaras, o la tercera parte de los miembros de una de ellas, dentro de los diez días siguientes al despacho del proyecto. Si el TC acoge el requerimiento por los tres quintos de sus miembros, las disposiciones declaradas inconstitucionales no pueden convertirse en ley, y se da un plazo al Congreso para que repare el vicio que motivó la declaración de inconstitucionalidad.

2. El TC tiene atribuciones para resolver infracciones a normas de procedimiento o de competencia durante la tramitación de proyectos de ley, reforma constitucional o de aprobación de los tratados internacionales. Para declarar la inconstitucionalidad en estos casos el Tribunal requiere de la mayoría de sus integrantes en ejercicio.

3. El TC tiene atribuciones para resolver si una determinada moción o indicación a un proyecto de ley es de iniciativa exclusiva del Presidente de la República. Para declarar la inconstitucionalidad en estos casos el TC requiere de la mayoría de sus integrantes en ejercicio.

4. Una competencia nueva del TC se refiere a la descentralización administrativa. Puede resolver, por las tres quintas partes de sus integrantes, las cuestiones de constitucionalidad que se susciten durante la tramitación de proyectos de ley relativos a la creación, ampliación o traspaso de competencias a los gobiernos regionales y locales. El Tribunal revisará el asunto a requerimiento de la mayoría del Consejo de Gobernadores o de un Consejo de Alcaldes.

e. Control de preceptos legales vigentes. El Tribunal conserva su competencia para declarar la inaplicabilidad de un precepto legal cuya aplicación en una gestión pendiente que se siga ante un tribunal resulte contraria a la Constitución. La nueva propuesta explicita que la sentencia del Tribunal Constitucional en esta materia "será obligatoria para el tribunal en cuya gestión haya de producir efectos y deberá ser expresamente considerada en los fundamentos de su decisión".

Otro cambio se refiere a que la declaración de inconstitucionalidad de un precepto legal declarado con anterioridad inaplicable exige que el Tribunal la acuerde por una mayoría cualificada de las tres cuartas partes de sus miembros en ejercicio. Tal como ocurre actualmente, el efecto de esta sentencia es que el precepto legal declarado inconstitucional se entenderá derogado.

f. Control de autos acordados. Tal como ahora, el Tribunal Constitucional tiene la facultad de controlar la constitucionalidad de autos acordados dictados por tribunales. La diferencia se centra en que, con la propuesta, si el control es solicitado por una persona que es parte en un juicio por afectar el auto acordado sus derechos fundamentales, la sentencia del TC solo tendrá efectos en el juicio concreto.

g. Contiendas de competencia. En la Propuesta se suma la atribución del Tribunal Constitucional de resolver las contiendas de competencia que pudieren suscitarse entre las autoridades nacionales, regionales, provinciales o locales.

h. Declaración de inconstitucionalidad de partidos u organizaciones. El TC conserva la atribución que tiene para declarar la inconstitucionalidad de los partidos políticos, movimientos u organizaciones cuyos objetivos políticos, actos o conductas no respeten los principios básicos del régimen democrático, o que hagan uso de la violencia, la propugnen o inciten a ella, causales que hoy existen. Se añade una nueva causal de inconstitucionalidad, que es la de adjudicarse la realización de actos o conductas terroristas.