Por Redacción

Tras la revelación de una posible intervención de una tía del jefe de asesores de La Moneda, Miguel Crispi, en el Caso Convenios, se abrió una nueva arista de problemas para el Gobierno, que ha defendido reiteradamente al funcionario, parte del círculo de hierro de la Presidencia.

Este dato se dio a conocer el martes, cuando la defensa de Carlos Contreras, exseremi de Vivienda de Antofagasta involucrado en el caso Democracia Viva, quien destapó este escándalo que más tarde se extendió al resto del país, pidió que se fijara una declaración de la destituida autoridad y reveló que se apuntaría a la actuación de Verónica Serrano, exjefa de Asentamientos Precarios del Minvu y hermana de la madre de Crispi.

Según información dada por los abogados, Serrano presuntamente presionó para que sellaran los tratos con Democracia Viva y también habría aprobado la contratación de personal con cargo a los mismos convenios.

Ayer el Presidente Gabriel Boric se refirió a este tema y afirmó que "una de las cosas a las que estamos permanentemente dedicados en el Gobierno es a tratar de que salgan adelante las cosas y por cierto que todas las personas, independiente de quienes sean, tienen que responder ante las responsabilidades administrativas y legales que correspondan y en eso nadie está excusado".

Añadió que "yo juzgo a la gente por su cumplimiento a la ley, por sus méritos y trayectoria y no por las relaciones familiares que tengan".

Dicho eso, afirmó que "quiero ser absolutamente claro que en esto: el ministro Montes y yo personalmente hemos instruido que se pongan todos, absolutamente todos los antecedentes a disposición y por eso hemos visto que últimamente se han realizado diferentes diligencias que han permitido ampliar el marco de la investigación. Acá cualquier persona que haya contribuido a defraudar a la fe pública y utilizar o mal utilizar recursos, va a tener que responder y en eso no hay defensas corporativas para absolutamente nadie".

¿asesor de montes?

Otro tema que involucró ayer a este caso fue la publicación de supuestos antecedentes que desmentirían al ministro de Vivienda, Carlos Montes, en cuanto a su relación con Ricardo Trincado, a quien se le pidió la renuncia esta semana como jefe de Asentamientos Precarios.

En un documento publicado por T13, con la firma del ministro, se estima que "es necesario disponer de la contratación en referencia, en calidad de asesor, toda vez que la persona cuya contrata se designa en este acto administrativo prestará una asesoría altamente calificada en la División Política Habitacional, resultando imperativo para dicha División".

También se establece que la contratación del exfuncionario se efectúa con cargo al número máximo de 15 personas que constituye la cuota autorizada por el inciso 2° del Art. 13 del DL. N° 1608 de 1976". Ese último Decreto Ley al que hacen referencia explícita a que por cada ministerio se pueden contratar hasta 15 personas "asimilados a un grado o sobre la base de honorarios, para labores de asesoría altamente calificadas".

Sin embargo, ayer el Minvu insistió en un comunicado que "el señor Ricardo Trincado entra al ministerio invitado por el ministro de la cartera en cupo ministerial, tras la renuncia voluntaria de la señora Verónica Serrano". "Esto significa -como señala la resolución- una asesoría, pero NO al ministro Montes, sino a la División de Política Habitacional, como encargado de Asentamientos Precarios".

Un tribunal neerlandés condenó ayer a 14 años de prisión a una mujer chilena que ejercía la prostitución y residía ilegalmente en Países Bajos, acusada del asesinato a puñaladas de uno de sus clientes, un crimen que la acusada aseguró que fue en "defensa propia" tras haber sido presuntamente atacada por su víctima.

El tribunal de la ciudad de Dordrecht, en Holanda del Sur, condenó a Daniela D., una chilena de 32 años, por homicidio, después de que la autopsia demostrara que asestó al menos 214 puñaladas y cortes a un hombre de 36 años el día antes de la Navidad de 2022, en la propia casa de la víctima cerca de Róterdam, donde acordaron citarse.

Durante el juicio, la acusada aseguró que el asesinato tuvo lugar después de una discusión violenta, con ambos bajo efectos del alcohol y drogas como la cocaína, y alegó que la víctima la arrastró del pelo hasta la cocina, lo que la obligó a actuar "en defensa propia" y uso un cuchillo que el propio cliente le "había arrojado" después de "atacarla", señaló.

Pero la fiscal y el tribunal rechazaron esta explicación, consideraron que había varias inconsistencias en el relato de Daniela D., y las pruebas toxicológicas tampoco detectaron la presencia de las sustancias alucinógenas que, según la acusada, influyeron en sus acciones, según recoge el diario neerlandés De Telegraaf.

Además, los expertos forenses aseguran que la historia de la acusada no coincide con el patrón de salpicaduras de sangre que había en la pared, mientras que los psicólogos tampoco lograron identificar ningún trastorno específico que pudiera haber influido en el homicidio.

La Corte, que describió el homicidio como "repugnante, brutal y despiadado" con puñaladas "infligidas con ira", condenó a Daniela D. a 14 años de cárcel y al pago de una indemnización de más de 119.000 dólare) a los familiares de la víctima por, entre otras cosas, ataques nerviosos y pérdida emocional.

La Asamblea Nacional (AN, Parlamento) de Venezuela, controlada por el chavismo, prevé aprobar dentro de una semana la ley de anexión del territorio en disputa con Guyana, en cumplimiento del referendo unilateral celebrado el domingo relacionado con este conflicto, aseguró el presidente de la Cámara, Jorge Rodríguez.

"Esperamos, en una semana, tener lista y aprobada la Ley Orgánica para la Defensa de la Guayana Esequiba", dijo Rodríguez, luego de que los diputados aprobaran, por unanimidad, el título del proyecto, a la espera de un debate pormenorizado de los artículos.

Señaló también que, según lo planeado, la AN aprobará un conjunto de leyes relacionadas con la creación del estado Guayana Esequiba, el área en litigio, "antes de que concluya el período legislativo", sin dejar claro si se refiere al fin de las sesiones de este año o al cierre del quinquenio en diciembre de 2025.

Rodríguez adelantó que, entre las posibles leyes a aprobar se encuentran una para la protección de bosques y de recursos que se hallan en esta zona rica en petróleo, así como otros marcos legales en materia de Defensa y para definir el "funcionamiento del estado número 24" de Venezuela.

Aseguró que los diputados están actuando como "instrumento de un mandato" recibido el 3 de diciembre, cuando, según datos oficiales, el 50,7% de los venezolanos aprobó la anexión de la zona bajo pleito, que el país no controla desde 1899 y que representa dos tercios del territorio administrado por Guyana.

Ahora la Comisión de Política Interior de la AN someterá a consulta pública el proyecto de ley, presentado el martes por el jefe de Estado, Nicolás Maduro, para entregar un informe final ante la Cámara la próxima semana, cuando prevén aprobar el texto en una sola sesión.

Comunicación abierta

Venezuela y Guyana acordaron mantener "abiertos" los canales de comunicación ante su disputa territorial, luego de que sus respectivos cancilleres conversaran hoy por teléfono.

Este contacto se concretó un día después de que Maduro lanzara un plan de acción sobre la zona, que incluye el otorgamiento de licencias para la explotación petrolera y despliegues militares en localidades cercanas al área bajo pleito, pero sin anunciar, de momento, una incursión en la zona, donde habitan unas 125.000 a las que no se les ha dado opción de decidir si quieren ser guyaneses, venezolanos o, simplemente, esequibanos independientes.

El presidente guyanés, Irfaan Ali, dijo ayer que el plan de Madurp representa "una amenaza inminente" para la integridad territorial de su país y la paz mundial, por lo que anunció "medidas cautelares" para proteger la nación y elevó el caso al Consejo de Seguridad de las ONU.

El chavismo acusa

Por su parte, el Gobierno de Maduro denunció ayer que la ONU pretende "forzar" a Venezuela a reconocer el carácter vinculante de los fallos de la Corte Internacional de Justicia (CIJ) ante la disputa.

En un comunicado, Caracas rechazó las recientes declaraciones del secretario general de la ONU, António Guterres, en las que recordó a Venezuela y Guyana que los actos de la CIJ, que admitió el pleito en 2018, "son vinculantes".

Estas palabras "no pueden sino ser definidas como ilegales y parcializadas, pretendiendo forzar al Estado venezolano a reconocer la jurisdicción obligatoria de la CIJ", dice el escrito.

El presidente de Argentina, Alberto Fernández, se despidió ayer de la Casa Rosada antes de viajar hoy a Brasil y de dejar el cargo el 10 de diciembre, cuando asumirá el libertario Javier Milei.

El mandatario llegó al encuentro con los trabajadores de la Casa Rosada y de otros organismos públicos cercanos y con los periodistas acreditados en sede de Gobierno comentando que "quizá" era su "último día", considerando que este jueves se trasladará a Brasil para participar en la Cumbre del Mercosur, que comenzó hoy en Río de Janeiro.

"Me voy con la tranquilidad de haber puesto todo lo que había que poner en este tiempo, para ayudar a este país. Estamos dejando un país que está funcionando", aseveró durante su brindis, en coincidencia con las celebraciones de fin de año.

Frente a las acusaciones de corrupción que han golpeado al peronismo, el presidente señaló: "Me voy con la conciencia tranquila por la misma puerta por la que entré, con el mismo auto con el que entré y me voy a la misma casa de la que salí".

En toda su alocución se refirió al presidente electo como "el que me sucede" y no por su nombre, Javier Milei, y resaltó la labor de los trabajadores estatales que, en su opinión, han sido "injustamente tratados".

"No lo hubiéramos podido lograr sin el apoyo de ustedes. Fueron la columna que mantuvo al Estado en marcha", aseveró.

Fernández ofrecerá un mensaje en cadena nacional este sábado para despedirse de la ciudadanía y el domingo participará en el acto oficial de investidura de su sucesor, al que entregará el bastón y la banda presidenciales en el Congreso de la Nación.

Antes, hoy viaja para participar del encuentro de jefes de Estado de la Cumbre del Mercosur, bloque que Argentina comparte con Brasil, Paraguay y Uruguay, y regresará durante la jornada, según confirmaron a Efe fuentes oficiales.

Anoche ya se encontraba en Brasil participando de la reunión de ministros de Economía y de Relaciones Exteriores previa al cónclave de líderes la secretaria de Relaciones Económicas Internacionales de la Cancillería argentina, Cecilia Todesca Bocco.

En esta ocasión, el canciller, Santiago Cafiero, no forma parte de la expedición, ya que, como él mismo explicó, deberá jurar hoy su cargo como diputado para la próxima legislatura tras ser elegido en los comicios del 22 de octubre.