Establece las bases constitucionales de la organización del Poder Judicial y de la función jurisdiccional. Sus normas hacen posible implementar el ejercicio de derechos fundamentales como la tutela judicial efectiva y el debido proceso. El capítulo consta de doce artículos (156 al 168) y se inicia con la consagración de la función jurisdiccional y de los principios que deben inspirar la actuación de los jueces, para continuar con las reglas sobre independencia y gobierno judicial.

En general, todas las Constituciones reconocen y regulan la existencia de un Poder Judicial independiente como pilar de la democracia y del estado de derecho, una línea que sigue este texto.

En esencia, el artículo 155 define y regula la función jurisdiccional como aquella que permite "conocer y resolver los asuntos, causas y conflictos de relevancia jurídica y hacer ejecutar lo juzgado", lo que radica exclusivamente en "los tribunales independientes e imparciales establecidos por la ley". El artículo se refiere además a la independencia judicial, la potestad de imperio, la inexcusabilidad de los jueces, el principio de legalidad de la función, e introduce dos cambios en relación con el texto actual: los alcances de la cosa juzgada y la promoción de los métodos alternativos de solución de conflictos.

El artículo 156 regula los principios que constituyen las bases fundamentales de la función jurisdiccional, tales como la independencia, la imparcialidad, la inviolabilidad de los jueces, la responsabilidad y la inamovilidad.

En lo referido al gobierno judicial, la propuesta separa las funciones jurisdiccionales de aquellas que no lo son, con la finalidad de que los jueces se dediquen de forma exclusiva al conocimiento y resolución de las causas. Para ello, en el artículo 160 se propone la creación de un gobierno judicial en que el máximo órgano del Poder Judicial sigue siendo la Corte Suprema, pero se crean tres órganos autónomos: uno encargado del nombramiento de los integrantes del Poder Judicial, otro encargado de la formación y el perfeccionamiento de jueces y funcionarios y otro encargado de la gestión y administración del Poder Judicial.

En términos generales, el proyecto mantiene la estructura y tradición constitucional del Poder Judicial chileno, pero incorpora cambios en lo relativo a la orgánica judicial y la modernización de las funciones jurisdiccionales y no jurisdiccionales de los magistrados.

a. Los jueces no podrán dejar de aplicar un precepto legal a menos que el Tribunal Constitucional lo haya declarado inaplicable previamente.

La propuesta pretende cautelar que las funciones de control de constitucionalidad del Tribunal Constitucional sean resguardadas, y que los jueces del Poder Judicial las respeten. Se robustece así el control de constitucionalidad concentrado, que radica en el Tribunal Constitucional. Actualmente, no existen normas jurídicas que vinculen la jurisdicción común a las decisiones del Tribunal Constitucional.

b. Se promueven los mecanismos alternativos de solución de conflictos y la celeridad procesal.

La propuesta promueve las resoluciones alternativas de conflictos, y pone énfasis en la celeridad procesal como fundamento de la tutela efectiva de los derechos.

c. Se fomentan los principios de probidad, transparencia y rendición de cuentas al Poder Judicial.

En la actualidad estos principios no están constitucionalizados respecto del Poder Judicial, sino que están establecidos en el Código Orgánico de Tribunales y en otras leyes.

d. Se constitucionaliza el efecto relativo de las decisiones judiciales y su inoponibilidad.

El efecto relativo de las sentencias está establecido en el Código Civil, y significa que los fallos judiciales sólo afectan a las partes del juicio. La propuesta constitucionaliza este principio, a fin de proteger de los efectos de las sentencias a los terceros que no han sido partes del juicio. Se dispone que sólo la ley podrá determinar efectos extensivos para personas distintas de las partes.

e. Se consagran expresamente los principios de independencia, imparcialidad, responsabilidad, inviolabilidad e inamovilidad de los jueces.

En la actual constitución estos principios están establecidos de forma menos amplia.

f. Se reduce a 20 años el período de ejercicio como Ministro de la Corte Suprema.

En la actualidad no hay restricciones de períodos para el cargo de Ministro de la Corte Suprema.

g. Se establece un tribunal con competencia nacional para las causas penales de mayor complejidad.

En nuestro actual sistema no existen tribunales de estas características. El cambio consiste en que se dispone la creación por el legislador de un tribunal que juzgará delitos de crimen organizado y de alta complejidad, lo que irá acompañado de una Fiscalía Nacional especializada en la persecución de dichos delitos.

h. Se separan las funciones jurisdiccionales de las funciones de gobierno judicial.

La propuesta establece esta distinción entre funciones jurisdiccionales y de gobierno judicial. Para esto último se crean tres órganos, los cuales se encargarán del nombramiento, fiscalización y gestión judicial, respectivamente.

I. Los jueces no podrán dejar de aplicar un precepto legal a menos que el Tribunal Constitucional lo haya declarado inaplicable previamente.

II. Se promueve los mecanismos alternativos de solución de conflictos y la celeridad procesal.

III. Se contemplan expresamente los principios de probidad, transparencia y rendición de cuentas para el Poder Judicial.

IV. Se constitucionaliza el efecto relativo de las decisiones judiciales y su inoponibilidad. Solamente la ley podrá determinar efectos extensivos para personas distintas de las partes.

V. Se establecen expresamente los principios de la función de los jueces: independencia, imparcialidad, responsabilidad, inviolabilidad e inamovilidad.

VI. El período de ejercicio como Ministro de la Corte Suprema se reduce para 20 años.

VII. Se establece un tribunal con competencia nacional para juzgar casos de crimen organizado y de alta complejidad.

VIII. Se separan las funciones jurisdiccionales de las funciones de gobierno judicial.

IX. Para las funciones de gobierno judicial se establecen tres órganos distintos: nombramiento, fiscalización y gestión.