Por Francisca Pacheco Pérez

De entrar en vigor la Ley 21.553 -denominada Ley EAT- tal como se establece actualmente, cerca de la mitad de los 118 mil operadores de Uber a nivel país quedarían inhabilitados del sistema, y en el Gran Concepción la disponibilidad de viajes se reduciría hasta en un 92%. Así lo señalaron directivos de la empresa, que en su paso por la capital regional conversaron con EL SUR sobre esta temática, abordando también las críticas sobre seguridad.

La ley que controla la actividad de aplicaciones de movilidad fue promulgada el pasado 19 de abril, pero comenzará a regir en enero de 2024, pues el Ministerio de Transportes aún se encuentra estableciendo su reglamento definitivo. Por ello, desde Uber solicitan al jefe de la cartera, Juan Carlos Muñoz, la conformación de una mesa de trabajo para abordar esta problemática.

En relación con la seguridad, desde la empresa afirman que la gran mayoría de sus viajes se desarrolla de manera óptima, y que además se trabaja permanentemente para generar un entorno confiable, a través de distintas tecnologías, cuya implementación igualmente considera las experiencias recopiladas en otros países de Latinoamérica, y que los problemas que se han dado en esta línea responderían específicamente a desafíos de bienestar público.

Ley eat

Entre sus requisitos, la normativa considera una antigüedad máxima de siete años del vehículo, la integración a un Registro de Conductores, y una cilindrada mínima de 1,4 litros. Es sobre estas normas que se demanda flexibilidad al Ministerio, "porque no son realistas con lo que la industria ve", subrayó la gerente de Comunicaciones de Uber Chile, Verónica Jadue.

Junto con la reducción de alrededor de un 50% de sus choferes a nivel país, también se reduciría significativamente la disponibilidad de viajes para el Gran Concepción. La comuna más perjudicada sería Tomé, con un 92%, mientras que Coronel tendría la menor afectación, aunque con un 70% menos de alternativas. Estos datos fueron revelados a partir de un estudio realizado por la Universidad Diego Portales, que midió el impacto de dicha regulación para esta plataforma. "Nos preocupa el efecto que va a tener el empleo en todas las ciudades", advirtió Jadue.

Cumplir lo propuesto en el reglamento implicaría que -al menos Uber- se concentrará en zonas específicas de cada ciudad. "Probablemente, en Concepción sea sólo en el centro o donde la gente esté dispuesta a pagar por viajes mucho más caros y esperas más largas, y eso termina desfavoreciendo a gente que encontró en toda esta industria una forma de movilidad en su ciudad que antes no se le ofrecía", sostuvo.

Garantías de resguardo

El director de Comunicaciones de Seguridad de Uber para Latinoamérica, Eduardo Reyes, se refirió a las críticas sobre esta materia. La más reciente surgió a través de una carta enviada a El Mercurio, en la que un padre denunció un eventual secuestro y robo hacia su hijo por parte de un conductor de Uber en Santiago, aunque desde la empresa respondieron que sus registros indican que el joven habría abordado otro vehículo.

"Este caso y otros que han sido dispuestos públicamente en la misma zona exponen cómo el riesgo realmente no está en la solicitud de un viaje a través de la aplicación, sino que, desafortunadamente, en un reto de seguridad pública, donde hay terceros que se hacen pasar por conductores", aseguró.

Frente a esto, enfatizó en la importancia de verificar toda la información disponible previo a iniciar un viaje, tales como el tipo de vehículo, y la fotografía e información del conductor. Entre las medidas de la plataforma se destaca el código PIN, que permite la verificación del viaje, una función para grabación de audio y un botón de emergencia para comunicarse con las autoridades.

Adicionalmente, "tenemos una tecnología que le solicita de manera aleatoria al conductor que se tome una foto y, si no coincide con nuestro registro, no le permite seguir conduciendo", precisó.

A ello, Eleonora Turk, responsable de Comunicaciones de Seguridad para el Cono Sur, agregó que "siempre alentamos que ante una situación reporten, pues es la forma que tenemos, primero, de ver qué ocurre en el viaje, y segundo, de tomar medidas al respecto y desarrollar herramientas que nos permitan seguir mejorando".

Esta semana se firmó un convenio entre CMPC y la Conaf, donde la compañía le entregó en comodato un terreno de una hectárea situado al interior del fundo Unihue, de la comuna de Yumbel, para la instalación de una moderna base que alojará a sus brigadistas y posibilitará la coordinación de las acciones de combate de los incendios forestales en la zona.

El comodato de este terreno abarca un plazo de 25 años, espacio en el que Conaf podrá proyectar un trabajo a largo plazo con su brigada nocturna para enfrentar de mejor manera los siniestros.

Para Ignacio Lira, gerente de Asuntos Públicos de CMPC, es fundamental la coordinación entre distintos estamentos para enfrentar los incendios forestales. "Son un desafío país que solamente vamos a poder resolver a través de la cooperación público-privada. La trasferencia de este terreno en Yumbel para que Conaf pueda habilitar una base para brigadas que combatirán incendios, tanto de día como de noche, es un ejemplo de esta colaboración que nos permitirá enfrentar el tremendo desafío que tenemos en el país", destacó

Rodrigo Jara, director regional de Conaf, dijo esperar que esto se pueda concretar en marzo, "por lo que es importante comenzar hoy con este hito de firma de convenio para también comenzar con la habilitación del espacio en donde va a trabajar nuestra brigada".

Bajo el nombre de "Servicios Sanitarios Rurales 2023" fue desarrollado un seminario organizado por la Municipalidad de Los Ángeles, en colaboración con Huella Local, con el objetivo de dar a conocer experiencias y normativas para mejorar y ampliar la cobertura de acceso al agua potable en la Provincia de Biobío.

Este evento contó con la presencia de diversas autoridades regionales y representantes de comités de Agua Potable Rural (APR) de las 14 comunas del territorio. Las ponencias del encuentro estuvieron a cargo de trabajadores como Rodrigo Ríos, encargado de la Unidad de Saneamiento Sanitario de la Municipalidad de Los Ángeles, Juan Alarcón, jefe de Unidad del Servicio de Impuestos Internos de Los Ángeles, Rodrigo Romero, jefe nacional de APR de Huella Local, Christian Aedo, agente de Expedientes de la Dirección General de Aguas, Fresia Gómez, jefa nacional del Departamento de Gestión Comunitaria de la Dirección de Obras Hidráulicas, y Juan Pablo Jaque, jefe nacional de la Unidad de Servicios Sanitarios de la Superintendencia de Servicios Sanitarios.

Asistentes y expositores indicaron que la jornada fue idónea para visibilizar la problemática del acceso al agua en localidades rurales de Chile y, también, para avanzar hacia propuestas de optimización de sistemas, diseño de proyectos de inversión, y capacitación sobre gestión y uso del agua potable rural.