Por Felipe Cuevas Mora

Fue a las 14.24 horas de ayer cuando la fiscal regional Marcela Cartagena inició la primera formalización de delitos en el marco del Caso Convenios, particularmente en la arista de la Fundación En Ti y en contra de los exfuncionarios del Gobierno Regional (Gore) Rodrigo Martínez y Simón Acuña, además de los exrepresentantes de la mencionada fundación, Camila Polizzi, Sebastián y Diego Polanco, todos detenidos la tarde de este lunes.

Luego de tres horas de lectura de cargos y alegatos -y posterior a una mañana marcada por la discusión sobre la legalidad de las detenciones- el juez Iohan León, de la quinta sala del Juzgado de Garantía de Concepción determinó que los imputados conozcan hoy las medidas preventivas y tiempo de investigación, y ordenó que pasaran la noche en custodia de Gendarmería.

La jornada estuvo marcada por las relevaciones que realizó la Fiscalía sobre los últimos cuatro meses de indagación consolidados en 18 tomos, donde se puso el énfasis en delitos como el lavado de activos, usurpación de identidad, estafa, falsificación de documento oficial y fraude al Fisco, en el marco del traspaso de $250 millones para realizar una intervención al Barrio Norte de Concepción.

Fraude al fisco

En la exposición de la fiscal Cartagena, el primero de los delitos identificados responde a la estafa y fraude al Fisco que habría existido en torno a la celebración del convenio entre el Gore Biobío y la Fundación En Ti el 19 de diciembre de 2022 por $250 millones.

Según la narración de la persecutora, los hechos se remontan al inicio del año pasado, cuando Polizzi recurrió a dependencias de avenida Prat para solicitar información para postular a fondos concursables con su fundación Conce Solidario, imposibilitada por no cumplir con la normativa: "La recibió Rodrigo Martínez con quien vio el proyecto y ante las dificultades que tenían para acceder a los fondos, le recomendó que buscara una fundación con la antigüedad suficiente (mayor a dos años) y la derivó a reunirse con Simón Acuña".

Tras ello, y luego de la conversación con el exjefe de división de Desarrollo Social y Humano, el relato apunta a que Polizzi y Sebastián Polanco contactaron al presidente de la fundación En Ti, Gerardo Silva, con quien acordaron el pago de $10 millones para utilizar la fundación para llevar adelante el proyecto, falsificando su firma, la cual luego sería utilizada en reiteradas ocasiones, una de ellas para lograr abrir una cuenta especial de la fundación y otra para recibir un poder total sobre la misma.

"Polizzi y Polanco presentaron la iniciativa engañando al Gore, con el fin de lograr la asignación de capital. Se presentaron rendiciones simuladas, gastos falsos y capacitaciones que no se realizaron, logrando la totalidad de los recursos traspasados por $250 millones (4.098 UTM)", narró Cartagena, apuntando al 27 y 29 de julio del año pasado como fechas clave: en la primera se presentó el formulario de postulación con 45 iniciativas a ejecutar durante seis meses en Barrio Norte, mientras que en la segunda Simón Acuña emitió el certificado de priorización, calificada como "pertinente y urgente, sin intervenciones".

El 19 de diciembre se aprobó la iniciativa a través de un documento que, según el relato de la persecutora, "fue suscrito por Rodrigo Díaz en su calidad de gobernador del Biobío, y concurren con sus firmas los imputados Martínez y Acuña, quienes estaban en conocimiento que la fundación no estaba relacionada con Polizzi y no tenía la expertiz para desarrollar el convenio suscrito".

Diez días más tarde Polizzi solicitó la apertura de una cuenta a nombre de la fundación para luego solicitar una primera transferencia de $75 millones; a inicios de 2023, en tanto, Polizzi realizó dos giros para retirar $21 millones, "tomando el control financiero y jurídico de la fundación, abusando de la discapacidad intelectual de su presidente y bajo engaño de los más miembros de la directiva".

Rendiciones

A la hora de abordar las acciones realizadas durante los seis meses en que se debía desarrollar el convenio, la fiscal regional explicó que se detectó la existencia de listas de asistencia a actividades que no se realizaron -"llevaron engañados a vecinos para firmar los listados"- , la compra de la OTEC Frumisal en enero de 2023 o que se rindieron cuatro facturas ideologicamente falsas por parte del representante de la consultora EQOS y tío del jefe de gabinete de Díaz Eduardo Quezada, por más de $30 millones o una boleta emitida por Matías Godoy por $15 millones por una capacitación que no se ejecutó.

Sobre el rol de Polizzi a nivel financiero, Marcela Cartagena dijo que "luego de recibir los fondos, ella buscaba interrumpir la trazabilidad de los dineros traspasando varias veces los recursos a cuentas corrientes".

En el cierre de la intervención, la persecutora manifestó que los imputados "realizaron una serie de actos de lavado de activos destinados a ocultar su origen ilicito, dándoles una apariencia de legalidad. Para tal efecto, las ganancias ilicitamente obtenidas fueron ocupadas en una serie de actos de adquisición, uso de bienes, fraccionamiento y todo con un ánimo de lucro".

Con las primeras cartas sobre la mesa por parte de la Fiscalía, queda ahora conocer la primera decisión del tribunal y los plazos que se puedan establecer para la comisión de los primeros delitos investigados en el marco del Caso Convenios en el Biobío.

En el marco de la primera formalización por el Caso Convenios en Biobío, el juez Iohan León Espinoza acogió la solicitud del Consejo de Defensa del Estado (CDE) y determinó que el Gobierno Regional del Biobío perdiera su rol como querellante en la investigación en curso, principalmente porque la institución estaría sobrerrepresentada.

En la instancia la abogada del CDE, Gisella Inostroza, apuntó a que el gobernador Rodrigo Díaz en la investigación se encuentra en calidad de imputado. Aunque esta moción fue declarada admisible, la fiscal regional Marcela Cartagena indicó que el gobernador regional se encuentra en calidad de querellado.

A diferencia de lo que se indicó en la audiencia, el abogado del Gobierno Regional, Marcelo Torres, aseguró que "lo que corresponde, según lo ha sostenido el tribunal, es que siga en el carácter de querellante el CDE, no es que se nos haya sacado o quitado (de la investigación), el tribunal entiende que es el CDE quien debe seguir el camino que responsablemente inició el señor gobernador".

Por su parte, Díaz señaló ayer que "el Gore sale, de acuerdo a la determinación del tribunal, pero no la institución, porque queda debidamente representada a través del CDE y por lo tanto los derechos de esta institución van a quedar resguardados".

Primera formalización

Mientras aún estaba en curso la audiencia de formalización, el gobernador aseguró que el Gobierno Regional y él como representante de la institución continuarán colaborando en la investigación según lo requiera el Ministerio Público.

Así también se refirió a algunos de los antecedentes expuestos por la Fiscalía en la audiencia, como lo es que Camila Polizzi, Sebastián y Diego Polanco habrían falsificado la firma que permitieron utilizar la fundación En Ti, lo cual habría sido a lo menos advertido por funcionarios del Gobierno Regional.

Al respecto, Díaz aseguró que "yo recibí algunos contratos con firma electrónica y los firmé. Uno confía en la gente que hace las cosas, particularmente, porque los documentos que llevan mi firma vienen con una multiplicidad de visaciones anteriores".

Por esta situación, Díaz fue cuestionado respecto a la seguridad de la institución para la administración de fondos y también sobre su responsabilidad política, ante lo cual respondió que "tomé y pedí renuncias de personas que estaban nombradas por mi (...) Hice valer responsabilidades políticas por temas de confianza y también por eso estamos haciendo una serie de acciones para poder perseguir responsabilidades en esta materia y los caudales también".

A esto agregó que existe un sumario administrativo que continúa en curso, apeló a que la institución es bastante nueva y que "teniendo condiciones adversas, efectivamente, fuimos mucho más vulnerables a acción de personas inescrupulosas. Frente a la vulnerabilidad que tenemos, las acciones correctivas y de protección que habíamos implementado, se nos quedó una brecha, la cual está siendo objeto de investigación penal y administrativa. Claramente somos una institución más frágil de lo que deberíamos ser".

La fiscal regional Marcela Cartagena mencionó en el relato de la formalización por esta arista del Caso Convenios a una serie de personas que estarían involucradas en los delitos que permitieron defraudar al Gobierno Regional, entre los cuales se encontraban en calidad de imputados Tamara Vidal, funcionaria del Gore Biobío, y Matías Godoy, representante de la Otec Frumisal.

Sobre ellos, la fiscal explicó que "el día de hoy se introdujo respecto de ellos una petición para que sean citados a audiencia de formalización. A diferencia de las cinco personas que fueron formalizadas ayer, las personas mencionadas como imputadas en esta misma investigación serán citadas conforme a la disponibilidad de agenda del Juzgado de Garantía de Concepción, por lo que aún no existe fecha y hora para su realización.

La razón de esta decisión se funda en que el Ministerio Público solicitará medidas cautelares diferentes y más gravosas para quienes hoy se encuentran detenidos en tránsito a diferencia de quienes serán citados. Esto respondería a que los delitos en que habrían incurrido serían diferentes e incluso con penas asignadas mucho menores.