La institucionalidad que pretende reconfigurar la propuesta constitucional
Se realza el marco que se quiere otorgar a las regiones a través de los consejos de gobernadores y de alcaldes. Eso sí, hay discrepancias respecto al impacto que podrían tener las nuevas entidades nacionales. Hay quienes dicen que son positivas, otros, en tanto, sostienen que el texto no profundiza el rediseño institucional.
Los días corren y ya queda menos de un mes para el plebiscito constitucional del 17 de diciembre. Esta semana, el Gobierno inició la campaña informativa con la entrega de miles de copias de ejemplares. En la Región del Biobío, el proceso comenzó en las oficinas de la Seremi de Gobierno, con una proyección que se estima sobre los 4 mil textos a distribuir en la zona. El documento, además, está disponible en la web, como la página oficial del Proceso Constitucional, o en la plataforma Chile Vota Informado que dispuso el Ejecutivo.
Mientras todo eso ocurre, asoman también los análisis que inclinarán a la gente a votar "A favor" o "En contra". Académicos de la Región aprovechan esta página y plantean sus impresiones sobre los efectos de la nueva institucionalidad que propone el trabajo que lideró el Consejo Constitucional y la Comisión Experta. Parte de ellos dicen que los cambios realizados respecto a la actual Carta Magna representan modificaciones positivas, porque recogen demandas ciudadanas transversales, porque son parte de una necesaria actualización del ordenamiento constitucional, o porque son respetuosos con la tradición constitucional chilena. Otros, en tanto, advierten que grandes cambios no hay y que buena parte de los nuevos órganos que se explicitan son meros titulares que carecen de contenido.
En el reportaje participan el abogado y profesor de Derecho Constitucional UdeC Carlos Maturana, el coordinador del Proyecto Constitucional de Faro UDD, John Henríquez, y la académica de Derecho USS Patricia Labra.
Consejos de alcaldes y gobernadores
Dentro de lo regional, hay dos organismos que vienen a plantear una nueva forma de gestión territorial: los consejos de gobernadores y de alcaldes. Mientras el primero se define como una instancia de participación y coordinación entre los gobernadores y el Presidente de la República, el segundo se propone como un espacio consultivo y representativo, en donde se espera estén presentes todos los alcaldes de la Región, además del gobernador.
Para Patricia Labra, dichas entidades, inexistentes en la actualidad, vienen a ser una especie de innovación que posee características "positivas y destacables", entendiendo que su posible puesta en marcha permitirá coordinar y fomentar la cooperación entre los gobiernos locales. De esta manera, dice la profesional, "se fortalecen los gobiernos locales y regionales a través de una descentralización progresiva, pero con un necesario marco de probidad y combate a la corrupción, como se consagra en el artículo 8 de la propuesta".
Desde la óptica de John Henríquez, junto con mejorar la coordinación, el establecimiento de estos consejos ayudará a priorizar problemas, pero también a incorporar herramientas para acelerar y hacer efectivo el traspaso de competencias a los gobiernos regionales y locales. Estos elementos, sumados al acápite sobre descentralización fiscal, hacen que el texto "marque un hito histórico en el proceso de descentralización de nuestro país", según enfatiza el experto UDD.
Ahora bien, desde la UdeC el profesor Carlos Maturana precisa que en el tema regional existe una visión que es sustantivamente más positiva en relación a otras materias. "Hay una visión sin desarrollar tanto, pero si uno lee, se fija que hay un cambio en los énfasis, porque se refuerza la capacidad de gestión regional", plantea, a la vez que agrega que el rol de los representantes del Presidente de la República aparece muy disminuido y se refuerza mucho el rol de los gobernadores, que pasan a tener funciones de gobierno y administración Interior.
Pese a todo, el académico aclara que esa visión distinta no se traduce en un cambio sustancial en la institucionalidad, pues la institucionalidad ya está creada. "Se crean algunos elementos, pero es más bien un cambio en la administración de las competencias", puntualiza.
Nuevos órganos y funciones nacionales
A nivel nacional, son varios los órganos nuevos que buscan reconfigurar, en cierto grado, la institucionalidad chilena. Dentro de los cambios más mencionados por los académicos están, por ejemplo, la creación de la Fiscalía Supraterritorial, espacio con el que se pretenden investigar los delitos de crimen organizado y de alta complejidad, siempre en coordinación con las fiscalías regionales. Según Labra, su puesta en marcha lograría subsanar una falencia de la organización actual y tener una visión integral de las investigaciones sobre estructuras criminales que actúan en distintos territorios, "por lo que su consagración constitucional permite tener unidad de acción a través de decisiones uniformes en las distintas regiones del país".
Otro de los elementos que se realzan son el desarrollo del Servicio Nacional de Acceso a la Justicia y Defensoría de las Víctimas, que no se limitará sólo a la asesoría jurídica, sino que también tiene como función brindar apoyo integral de carácter psicológico y social a las personas, la Agencia Nacional Contra la Corrupción y el establecimiento de un órgano autónomo y especializado encargado del nombramiento de los jueces, basándose en criterios objetivos, tales como capacidad profesional, mérito, probidad y experiencia. "Actualmente, éstos son designados por el Presidente de la República a partir de una terna propuesta por la Corte de Apelaciones respectiva, lo cual dio origen a prácticas conocidas como el 'besamanos' y a la recurrencia a contactos políticos y amiguismos", dice la profesora USS, quien cree que estos cambios "son parte del marco habilitante y a la vez imperativo para el legislador y el gobierno de turno".
Su par UDD pone sobre la mesa la creación del Consejo de Evaluación de Leyes y Políticas Públicas, "las modificaciones sustantivas" en la gobernanza del Poder Judicial y el Congreso Nacional y "el fortalecimiento de la autonomía" del Banco Central. Sobre este último punto, subraya que es importante que su autonomía hoy se quiera elevar al rango constitucional, más allá de su Ley Orgánica Constitucional.
"Esta propuesta tiene un adecuado equilibrio entre tradición e innovación. Los cambios propuestos en el Banco Central son positivos, puesto que fortalecen su autonomía. A mayor abundamiento, cabe señalar que el llevar a la Constitución las normas de nombramiento, permanencia y remoción de los consejeros -hoy reguladas en una Ley Orgánica Constitucional- permitirá garantizar su autonomía, toda vez que harán difícil que una mayoría circunstancial pueda modificar estas normas", recalca el también autor del último boletín regional de Faro UDD, donde se abordaron las implicancias de la propuesta de Constitución para las regiones.
A diferencia de estos dos académicos, el profesor Maturana explica que la propuesta que será votada en diciembre es sólo un ajuste a la Constitución vigente y que dentro de los cambios institucionales hay aspectos discutibles. Respecto a los pasajes novedosos, menciona la Defensoría de las Víctimas, "un tema con un desarrollo muy escaso", y otros enunciados, como una institución que se expone para la coordinación de los temas de transparencia y probidad pública, "pero eso es sólo un titular sin mucha sustancia".
"Nada es tan extraordinariamente relevante desde el punto de vista de un rediseño institucional. Tal vez, la única modificación que tiene una profundidad mayor son los cambios que se proponen para la gobernanza del Poder Judicial, es decir, los tres ámbitos que se identifican para la generación de los cargos, el desarrollo de la carrera judicial y de administración y gestión (...) No digo necesariamente que sea un buen cambio, pues yo soy partidario de separar la función jurisdiccional de las labores de gestión en el Poder Judicial", enfatiza Maturana.