Factores tras la violencia que se vive al interior de las cárceles
Los actores involucrados advierten que se trata de un problema constante. No sólo preocupan los casos registrados entre internos, sino que también la violencia que hay de parte de agentes del Estado. Sobre este último punto, la Defensoría Penal Pública contabiliza 22 denuncias este año.
Por Nicolás Álvarez Arrau / nicolas.alvarez@diarioelsur.cl
Entre 2017 y lo que va de 2023 se han realizado 623 denuncias al Ministerio Público por agresiones a internos de los centros de detención preventiva de Lebu, Yumbel, Arauco y Mulchén, además del Complejo Penitenciario Biobío. La cifra entregada por Gendarmería de Chile, vía Transparencia, da cuenta de agresiones corporales, contundentes y cortopunzantes, siendo la primera la que tiene el registro más crítico (263). Las otras dos contabilizan 147 y 213, respectivamente.
Sólo este año se han presentado a Fiscalía 127 denuncias, aunque hay que tener en cuenta que el año aún no culmina. La estadística más crítica se evidenció en 2019, cuando se concretaron 143 de estas acciones.
Desde Gendarmería detallan que el número de denuncias responde a agresiones entre internos ocurridas en los cinco recintos penales del sistema cerrado que hay en la zona, concentradas principalmente en el Complejo Penitenciario Biobío. El coronel y director regional (s) de Gendarmería, Renato Montecinos, cuenta que el foco de preocupación está, justamente, en este último espacio, "que concentra la mayor cantidad de eventos críticos, pero que a su vez posee altos estándares de seguridad, capaz de albergar a todo tipo de internos, independiente del grado de compromiso delictual".
Actores ligados al tema plantean que los casos de violencia al interior de los recintos penitenciarios de la zona son una constante, motivados por una serie de factores como la juventud de la población penal, por ejemplo. También plantean que la cifra entregada por Gendarmería está subrepresentada, ya que por miedo a represalias muchos de los internos evitan realizar denuncias al Ministerio Público.
Discrepancias sobre las cifras
A partir de la evidencia recogida a diario por los equipos operativos, Gendarmería dice que es posible ver una disminución en el tiempo respecto a los casos de violencia, lo que no lleva a descuidar las medidas de control preventivo y los protocolos de seguridad, "que regularmente son actualizados y deben atender las nuevas formas de criminalidad organizada que surgen desde la cárcel y se replican en el entorno social, o viceversa".
El coronel Montecinos, de hecho, pone sobre la mesa la realidad nacional, en donde se observa un aumento de población penal que bordea los 10 mil internos en el último año, cuyo segmento podría llegar en total a 50 mil en 2024, "lo que obliga al Estado a destinar más recursos en infraestructura carcelaria y, en consecuencia, a Gendarmería a categorizar o recategorizar con mayor precisión el nivel de complejidad de sus recintos, según la infraestructura, barreras de seguridad existente y el nivel de compromiso delictual de los internos que alberga".
A diferencia de esta respuesta institucional, hay dirigentes de Gendarmería que ven un aumento en el nivel de violencia, escenario que a su juicio responde a una razón multifactorial. En primer lugar, esbozan, está el hecho de que la población penal es joven y con una media de edad que no supera los 30 años, "y si eso lo llevamos al plano de las personalidades, podemos decir que el interno joven es más violento, más agresivo, algo que va de la mano con el alto consumo de drogas que se produce, incluso dentro de las cárceles".
El suboficial mayor Selin Nur, presidente de la Asociación de Gendarmes Técnico-Profesionales de la Provincia de Concepción -instancia que reúne a unos 150 gendarmes-, sostiene que el fenómeno también se asocia al incremento en lo delitos de tráfico, la formación de bandas al interior de los penales y la disputa de los territorios, temas que inciden en el número de eventos críticos y su complejidad. A eso agrega como factor la mayor presencia de "población afuerina", es decir, aquella que llega desde otros lugares, como el norte, con una cultura distinta. "En la cárcel no hay hechos aislados en términos de riña, porque es algo propio (...) Hoy, por ejemplo, podemos registrar en la zona hasta ocho casos, pero años antes esa cantidad era menor", plantea el gendarme.
A su parecer, el asunto se agudiza aún más cuando a nivel local se advierte un déficit de personal que llega al 40% y de recursos para una implementación adecuada del servicio. Por lo mismo, enfatiza que todo esto incide de forma negativa en los equipos y en la salud mental de los trabajadores, "algo que está al debe y complica al funcionario en su sistema nervioso", y que en muchas ocasiones ellos mismos se ven vulnerables frente a una población penal numerosa, con un sólo gendarme por patio en momentos.
El rol de la defensoría penal pública
Una de las funciones de la Defensoría Penal Pública es salvaguardar la integridad física y la vida de las personas privadas de libertad, lo que considera a sujetos en prisión preventiva y a los condenados. El jefe de Estudio Regional de dicha entidad, Cristian Sleman, explica que hoy está comprobado por estudios que en las cárceles existen vulneraciones de derecho. Precisa que Chile encabeza un ranking sobre la cantidad de asesinatos al interior de las cárceles, de acuerdo a un informe realizado en 2019 por la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, y que entre 2010 y 2016 el país contabilizó 90 muertes por cada 100 mil internos.
"Acá en Chile hay una crisis carcelaria, una cuestión que se ha develado en todas las acciones judiciales y en las denuncias que se han hecho", dice Sleman.
Cuando la Defensoría toma conocimiento de alguna vulneración de derecho, ya sea de parte de otro interno o un gendarme, agente del Estado, activa medidas de resguardo a través de varios canales. Dependiendo del tipo de agresión, se pueden implementar acciones administrativas dirigidas directamente a Gendarmería, concretar presentaciones a los tribunales de garantía con la denominada "cautela de garantía", que exige que el juez en cuestión resuelva alguna situación urgente y tome las medidas correspondientes, o también la posibilidad de solicitarle un amparo ante el juzgado de garantía para que este se traslade al lugar en donde ocurre la vulneración. Otro nivel de acción es interponer amparos ante las cortes de apelaciones.
En paralelo, pero sólo en el caos de que el interno lo decida, se materializan las denuncias ante Fiscalía. "No son pocos los casos en que los internos deciden no denunciar por miedo a las represalias, porque siguen bajo los mismos custodios. Es compleja la situación (...) Cuando tienes a un interno que esté siendo vulnerado por gendarmes o agentes del Estado, él sabe que de no existir una medida de protección efectiva, lo que puede acarrear una denuncia es más vulneración de garantías", puntualiza el profesional, quien explica que el miedo a denunciar también está cuando los agresores son otros reclusos.
Violencia institucional
Aparejado a esta labor, en el país se implemente desde hace algún tiempo el Sistema de Registro, Comunicación y Atención Integral a Víctimas de Violencia Institucional Carcelaria (Sircaivi), una herramienta que registra todos los hechos de agresión sufridas por las personas privadas de libertad, pero sólo por agentes del Estado. Sleman cuenta que ese registro puede o no tener aparejada una denuncia al Ministerio Público, dependiendo de la voluntad del imputado.
"Sircaivi no es que lo hayamos inventado nosotros, sino que es una cuestión que está funcionando en otros países de Latinoamérica y que fue promovido por Eurosocial acá en Chile, a través de la Defensoría Penal Pública. Se firmó un convenio con el Ministerio Público, Gendarmería de Chile, Servicio Médico Legal, Instituto Nacional de Derechos Humanos y la Fiscalía del Poder Judicial para intercambiar información, a fin de que lo que se registre llegue a estas instituciones y así cada una ejerza su rol en lo que tiene que ver con prevención de delitos que afecten los derechos humanos", subraya.
En resguardo de la integridad física y psíquica de los privados de libertad se puso en marcha en 2022. En la Región del Biobío su implementación trajo consigo una capacitación a más de 80 funcionarios y colaboradores, donde se les entregaron herramientas para detectar casos, visibilizarlos y frenar nuevos abusos a través de la denuncia oportuna.
Durante 2022 se recibieron 28 denuncias en la Región, y este 2023 se registran 22 (19 hombres y tres mujeres). Las denuncias incluyen agresiones físicas, sanciones disciplinarias ilegales, aplicación de medios de coerción, falta de atención médica y trato discriminatorio de parte de Gendarmería.