"La ley de aborto más amplia no está incluida en los objetivos para lo que queda del gobierno"
La secretaria de Estado analiza el aumento en las cifras de hechos violentos contra mujeres y femicidios, desliza su opinión sobre la propuesta de texto constitucional y repasa los avances y pendientes de su cartera.
Por Mauricio Ávila Cárdenas
La ministra de la Mujer y la Equidad de Género, Antonia Orellana, asume el rol de cada cierto tiempo salir a opinar sobre actos de violencia contra mujeres. Es algo que no quisiera hacer, pero que se hace necesario cuando situaciones como los futbolistas profesionales involucrados en este tipo de casos quedan relativizadas en medio de la contingencia.
La periodista integra el gabinete del Presidente Gabriel Boric desde el día uno de su mandato y desde entonces se sienta además en la mesa del Comité Político, dando cuenta de lo importante que es la mujer para un Gobierno que se ha definido a sí mismo como feminista.
-Ministra, pasa el tiempo y no se aprecian cambios rotundos en cifras de violencia o de femicidios. ¿Qué nos falta como sociedad?
-Creo que hay que ponderar dos cosas principalmente. Primero, que muchas veces se percibe como que hay cada vez más casos. Pero lo que nosotras vemos, mirando los números crudos, es que los casos cada vez se visibilizan más. Antes esto era algo que estaba relegado a la crónica roja cuando era un femicidio especialmente escabroso. Pero no era algo que se informara. Entonces, en primer lugar, hoy esto es algo visible. Antes no. En segundo lugar, efectivamente hay un aumento desde el 2018 del número de mujeres asesinadas, pero también tiene que ver con el cambio legal. Desde el 2018 se aprobó la Ley Gabriela, que incluye el pololeo. Antes, las víctimas de femicidio en el pololeo no contaban como femicidios. En tercer lugar, no se trata solamente de cifras sí o cifras no: hay una agudización de la violencia a propósito del empobrecimiento de las mujeres.
¿Y cuál es la estrategia que tienen para enfrentar la violencia?
-En primer lugar, fortalecer lo existente. Con el presupuesto del año 2023 recuperamos la capacidad de atención que existía previo a la pandemia y con el presupuesto 2024, vamos a poder pasar de 60.000 a 79.000 mujeres atendidas en nuestra línea de violencia. Hablamos de orientación, atención reparatoria y representación. En el caso de la violencia, estamos aumentando nuestra presencia en distintas regiones, sobre todo con líneas de intervención más especializadas, como los próximos centros de atención a violencia sexual en Iquique y Coquimbo. También estamos cambiando la forma en que atendemos. Tuvimos un informe muy crítico de Contraloría sobre la forma en que se atendió la violencia en pandemia y nos estamos haciendo cargo de esas observaciones, aunque no son de nuestro periodo, pero sí es la misma institución.
-¿Qué decía ese informe?
-Que había poca velocidad, poca capacidad de medición de riesgo, problemas de derivación entre una y otra institución. Que las víctimas iban a buscar ahí y les decían "no, usted tiene que ir para allá, y para allá, y para acá", y en eso terminábamos. Es precisamente porque nos hicimos cargo de muchas de esas observaciones que este año pudimos optar a aumentar nuestro presupuesto de atención a violencia en un 5 o un 7%. Hay que recordar que los programas mal evaluados no se pueden aumentar. Algunos aumentan a la mala por presión política, pero en cuanto a lo técnico, no. Y bueno, la última estrategia tiene que ver con el cambio legal después de más de 30 años de política contra la violencia de género. Hay que recordar que esto no existió siempre, y según hemos visto en otros países, no está garantizado que siempre existan, siempre está en riesgo de desaparecer, pero después de 30 años, lo que tenemos es un cambio de mentalidad muy grande en la sociedad chilena, que pasó de decir "la ropa sucia se lava en casa", a tener vías de denuncia, centros de orientación, etcétera.
-Los últimos casos de violencia, especialmente del fútbol, han demostrado que todavía hay quienes son capaces de justificar la violencia de género.
-Sí, bueno, la respuesta ha sido bien dispar. Hay entidades como el Club Social y Deportivo Colo Colo que ha rechazado desde un inicio y otros que han justificado. En ese caso, nosotras en particular creemos que no podemos dejar de manifestar nuestra molestia por el hecho de que los medios conocieran antes que el Servicio Nacional de la Mujer, que es parte en la causa, y por lo tanto de la víctima, que Jordhy Thompson iba a cambiar su prisión preventiva por cautelar de domiciliario nocturno. O sea, a nosotras no nos habían notificado siquiera y eso muestra también algo.
-¿Qué es lo que falta para que esta situaciones no se repitan? ¿Más leyes, que se exijan protocolos?
-Recientemente junto al Ministerio del Deporte se aprobó una modificación a los protocolos en las instituciones deportivas, de todo tipo, no solo el fútbol, pero que tienen que ver cuando ocurren situaciones entre integrantes de las instituciones. En este caso no es esa la situación, pero ninguna institución necesita que la ley lo obligue. Por ejemplo, hay que revisar el caso de Dani Alves (jugador brasileño enjuiciado por violación en España). El club reaccionó inmediatamente (fue despedido por el Sao Paulo). Claro, hay países en los que los clubes tienen cláusulas y esto no sé si ha sido debatido al interior del directorio de Blanco y Negro, porque es una empresa, aunque me duele decirlo porque soy colocolina, pero claro, tiene que debatirse en el marco del derecho privado.
-Usted misma menciona que la dependencia económica es una de las razones por las que las víctimas muchas veces no denuncian o vuelven a vivir con sus agresores. ¿Hay forma de ayudarles en eso?
-Actualmente, de lo que disponemos es de un mecanismo rápido de acceso al subsidio de arriendo del Serviu. Eso ya está operando y existe desde hace muchos años, no lo creamos nosotros. Se conoce poco, pero las mujeres que se atienden en los centros de la mujer del Sernameg pueden acceder de forma preferente a subsidios de arriendo para poder salir. Hay una especie de afán de pensar que la solución de todo son las casas de acogida. Pero las casas de acogida no son soluciones permanentes. Son sólo para riesgo inminente y grave. ¿Por qué? Porque a la larga pueden terminar siendo peores. Porque es a la mujer a la que se encierra. Por eso nuestro foco en la Ley Integral está en no encerrar a la mujer, sino en fortalecer la vigilancia y las sanciones contra los agresores en épocas más tempranas, no cuando ya estamos llegando a un caso grave.
-Ministra, la Ley Integral lleva seis años de discusión en el Congreso. ¿Qué pasa que no se ha aprobado? ¿No hay voluntad política de los partidos?
-Creo que aquí podemos hablar de varias cosas. En primer lugar, este proyecto de ley lo presentó la Presidenta Bachelet y, lamentablemente, estuvo sin urgencia todo el gobierno anterior. Ahí ya tenemos un rango importante de tiempo. Desde que asumimos el gobierno le ingresamos la urgencia y la hemos ido subiendo. Además, es un proyecto de ley largo. Cuando nosotros asumimos, el proyecto de ley tenía 400 indicaciones y lo simplificamos, por supuesto. Una de nuestras primeras tareas fue sustituir y simplificar el proyecto, y ahora estamos cerca de poder discutir las últimas 10 indicaciones de ese total. O sea, estamos cerca del final de la tramitación en el Senado. Esperamos que pronto pueda ser ley.
-¿En qué mejora la situación actual esta ley?
-Desde la perspectiva de lo que viven las víctimas, hay mejores medidas de protección y cautelares, con más control por parte de las instituciones. En segundo lugar, la incorporación de niños y niñas como víctimas y no sólo como testigos, para que no se usen como moneda de cambio para que las mujeres desistan de las denuncias. Porque eso es lo que ocurre. En tercer lugar, un fortalecimiento del rol del Servicio Nacional de la Mujer que atiende a 60.000 mujeres al año. A mí muchas veces me preguntan, "ministra, ¿por qué usted no se ha referido a este caso?". Y es porque el ministerio, el SernamEG, no puede actualmente asumir una causa de motu proprio, no puede llegar y entrar en un juicio. Necesita la autorización, el patrocinio de la víctima o de sus familiares. Además, eso es incompatible con tener un abogado privado. Es decir, si la familia opta por tener un abogado personal, no puede entrar el SernamEG. Eso nos parece que termina siendo un obstáculo en la búsqueda de justicia, ya que además las cifras nos muestran que cuando Fiscalía y SernamEG actúan juntos desde la primera audiencia, tenemos un mucho mejor juicio, tanto en la experiencia que viven las víctimas, durante el proceso judicial, como en las condenas que se tienen.
-Este Gobierno se ha definido como feminista. En ese sentido, ya llegando a la mitad del mandato y con todas las dificultades que han tenido, ¿ha cumplido sus objetivos personales para el ministerio?
-Bueno, las dificultades son parte del ejercicio de gobernar. Nadie podría esperar que todo pase exactamente igual como se planificó. Ahora, en materia de nuestra cartera, hemos obtenido avances presupuestarios por segundo año consecutivo en un servicio que fue muy castigado en años anteriores. Hemos promulgado ya tres leyes, la de Responsabilidad Parental y Pago Efectivo de Pensiones de Alimentos; la Ley de Reparación Integral a Víctimas de Femicidio y sus Familias, que por primera vez crea una petición de apoyo, reparatoria, para los niños y niñas cuyas madres han sido asesinadas por femicidio, y la Ley Antonia, que fue impulsada principalmente por el padre de Antonia Barra y que a nosotras nos tocó asumir en su trámite final y buscar los acuerdos para que pudiera concretarse. Además, hemos podido implementar el Registro Nacional de Deudores de Pensiones de Alimentos, que fue creado por ley en el anterior gobierno, pero a nosotras nos tocó levantar los planos en realidad; sin recursos, además, porque era una ley que no venía con recursos. Actualmente, además de la Ley Integral, estamos avanzando en la Ley de Sociedad Conyugal, que lleva 14 años pendiente.
-¿Está una ley de aborto más amplia entre sus prioridades?
-Hemos estado buscando un acuerdo con las organizaciones y la ley de aborto más amplia no está incluida en estos objetivos para lo que queda del gobierno, porque hay opiniones muy disímiles. Hay algunas que creen que hay que avanzar a todo evento, hay otras que creen que hay que perfeccionar la existente, ya que las tres causales tienen un amplio apoyo en la población, y si hemos podido implementar las tres leyes aprobadas en forma transversal, es porque siempre lo hemos hecho en conjunto con la sociedad civil. Y estamos a la espera de ese consenso.
-Afirmar la ley vigente igual puede ser un desafío, considerando la propuesta constitucional que se votará en diciembre y de la cual muchos expertos aseguran que pone en riesgo la Ley de Aborto en Tres Causales.
-En eso hemos trabajado de todas formas. Hay que recordar que ya en enero de este año lanzamos el manual de fiscalización de la atención en tres causales. Era algo que estaba pendiente desde que se aprobó la ley, que le tocó implementar a otro gobierno. ¿Y de qué se trata eso? De asegurar que las personas que entran en alguna de estas tres causales reciban efectivamente una atención buena. Considerando además que son tres causales que son dramáticas. No son personas que puedan esperar mucha derivación.
-¿Cómo es tratada la mujer en la propuesta constitucional?
-Yo miré con mucha expectativa cómo, al inicio del trabajo del Consejo Experto, se buscó un ánimo de acuerdo. Creo que eso se perdió en el camino.
-Hay voces críticas que hablan de retrocesos para la mujer.
-Yo creo que, en derecho, en el ámbito jurídico, las palabras significan mucho y no es casual cambiar una por otra. Tiene efectos y esos efectos, en su mayoría, los viven las mujeres. En Chile hemos tenido una historia, desde 1877, desde el Decreto Amunátegui, de continuo avance, en el que cada generación le entrega a la siguiente generación de mujeres una libertad más amplia. Y yo creo que esa es la pregunta que nos tenemos que hacer.
-¿Y cuál es su respuesta a esa pregunta? ¿Hay avances en la propuesta?
-Tengo una respuesta, pero no puedo hablar.
-¿Está satisfecha con cómo lo ha hecho el Gobierno?
-Yo creo que eso es algo que tiene que evaluar la ciudadanía, ¿no? Es muy autorreferente y un poco estético de mi parte decir "lo hemos hecho súper bien". Yo creo que siempre podemos mejorar y ese es el ejercicio en el que estamos.
-¿Ha sido muy duro gobernar? La oposición ha sido dura.
-Hay distintos sectores en la oposición y hay que saber dialogar con los que piensan distinto a uno. Si no, no podríamos lograr mayorías. Nosotras ya llevamos dos leyes de autoría propia que fueron aprobadas sin votos en contra en una situación de minoría legislativa. Creo que nadie puede pensar que gobernar es fácil. Involucra siempre tomar decisiones difíciles, posiciones incómodas, en las que hay que pensar por el bien país y salir un poco de la caja de la idea propia.
"No podemos dejar de manifestar nuestra molestia por el hecho de que los medios conocieran antes que el SernamEG, que es parte en la causa, y por lo tanto de la víctima, que Jordhy Thompson iba a cambiar su prisión preventiva por cautelar domiciliario nocturno".