Familiares de víctimas difieren en la evaluación sobre la labor investigativa de la fiscal regional
Investigaciones de connotación pública fueron abordadas por los diputados que solicitaron la destitución de la persecutora, entre ellos el caso de Diego Herrera, Tomás Bravo y Bárbara Krumm.
Luego de que la Corte Suprema rechazara la solicitud de remoción de la fiscal regional del Biobío, Marcela Cartagena, familiares de los casos que fundamentaron esta moción parlamentaria expresaron las dificultades que han enfrentado para avanzar en las distintas investigaciones para saber con certeza que ha ocurrido con sus seres queridos, así como el rol que ha tenido la persecutora en este trabajo.
En un fallo de 29 páginas y luego de 5 meses, el máximo tribunal abordó entre varios otros casos, la intervención de la persecutora en la investigación de la muerte de Sergio Mardoff, Tomás Bravo, Bárbara Krumm, Diego Herrera, entre otros. Finalmente el documento señaló que "los hechos establecidos no permiten atribuir responsabilidad directa a la señora Fiscal Regional del Biobío en ninguna de las situaciones que se denuncian".
En esta línea, el pleno indicó que "la prueba rendida no permite demostrar una conducta manifiestamente negligente de la requerida (Cartagena), y si bien de los hechos asentados en el proceso se observan desaciertos en diligencias investigativas, lo cierto es que tales actuaciones aparecen vinculadas a órganos que colaboran con el Ministerio Público".
Mardoff y bravo
El recurso presentado por los parlamentarios incluyó un total de 10 casos, entre ellos los relacionados Asipes, Petróleo Iraní, detención de imputado por homicidio del carabinero Daniel Palma, entre otros. Sin embargo, destacan aquellos que generaron mayor conmoción pública, ya que en primera instancia acusaban negligencias en la investigación sobre la muerte de Sergio Mardoff, cuya familia se enteró en 2018, de forma extraoficial de que el cuerpo llevaba 3 años en el Servicio Médico Legal sin ser reconocido.
Así también acusaron negligencia en la investigación por la muerte del menor Tomás Bravo, quien desapareció y fue encontrado sin vida días después en Arauco. A través de Instagram, Estefanía Gutiérrez, la madre del menor y una de las principales víctimas que apoyaba la solicitud parlamentaria, lamentó la decisión del máximo tribunal y aseguró que "muchos de estos casos llevan años, por lo tanto estos cuestionamientos no comienzan en 2021. Si eso no es negligencia y de importancia para la Corte Suprema, tanto para la opinión pública, entonces de verdad estamos muy mal como país. Hay que entender que un fiscal está para ayudar a las víctimas, y no para perjudicarlas".
Herrera y krumm
Uno de los casos recientes y de alta connotación pública fue la muerte del DJ penquista Diego Herrera al exterior de un pub en Concepción. El padre de la víctima, Carlos Herrera, aseguró que como familia no autorizaron a los parlamentarios a integrar la indagatoria de este caso en la solicitud de remoción y tampoco se generó ninguna conversación al respecto. Por el contrario, aseguró que "la fiscal Cartagena nos ha apoyado en todo, nos ha recibido 3 o 4 veces y cada vez que lo hemos requerido ella nos ha apoyado, pese a que no es la fiscal que lleva la causa de mi hijo".
En el caso de Bárbara Krumm, enfermera penquista que falleció en 2017, según el SML, presentando características de suicidio, la familia ha insistido durante los últimos años en la realización de nuevas diligencias pues apuntan a que la ex pareja de la víctima habría cometido un femicidio.
Valentina Quiero, prima de Bárbara Krumm señaló que luego de 6 años los avances en la investigación han sido demasiado lentos e incluso ya se había registrado un cambio de fiscal en la causa, con lo que finalmente pudieron concretar la exhumación del cuerpo de la víctima para realizar nuevas diligencias.
"En marzo de este año nos reunimos con la fiscal regional para abordar esta situación, ella nos respondió que se haría lo posible, pero desde entonces el fiscal de Talcahuano, José Orella solo ha tomado 3 testimonios de 12 personas que quieren declarar nuevamente en el caso de mi prima, pero el trato que hemos recibido ha sido desgastante y te das cuenta de que no se obtiene justicia", agregó Quiero.
16 diputados firmaron la solicitud de remoción en el segundo intento liderado por el parlamentario local Leonidas Romero