Por Karlyng Silva Leal

Luego de que la Corte Suprema rechazara la solicitud de remoción de la fiscal regional del Biobío, Marcela Cartagena, familiares de los casos que fundamentaron esta moción parlamentaria expresaron las dificultades que han enfrentado para avanzar en las distintas investigaciones para saber con certeza que ha ocurrido con sus seres queridos, así como el rol que ha tenido la persecutora en este trabajo.

En un fallo de 29 páginas y luego de 5 meses, el máximo tribunal abordó entre varios otros casos, la intervención de la persecutora en la investigación de la muerte de Sergio Mardoff, Tomás Bravo, Bárbara Krumm, Diego Herrera, entre otros. Finalmente el documento señaló que "los hechos establecidos no permiten atribuir responsabilidad directa a la señora Fiscal Regional del Biobío en ninguna de las situaciones que se denuncian".

En esta línea, el pleno indicó que "la prueba rendida no permite demostrar una conducta manifiestamente negligente de la requerida (Cartagena), y si bien de los hechos asentados en el proceso se observan desaciertos en diligencias investigativas, lo cierto es que tales actuaciones aparecen vinculadas a órganos que colaboran con el Ministerio Público".

Mardoff y bravo

El recurso presentado por los parlamentarios incluyó un total de 10 casos, entre ellos los relacionados Asipes, Petróleo Iraní, detención de imputado por homicidio del carabinero Daniel Palma, entre otros. Sin embargo, destacan aquellos que generaron mayor conmoción pública, ya que en primera instancia acusaban negligencias en la investigación sobre la muerte de Sergio Mardoff, cuya familia se enteró en 2018, de forma extraoficial de que el cuerpo llevaba 3 años en el Servicio Médico Legal sin ser reconocido.

Así también acusaron negligencia en la investigación por la muerte del menor Tomás Bravo, quien desapareció y fue encontrado sin vida días después en Arauco. A través de Instagram, Estefanía Gutiérrez, la madre del menor y una de las principales víctimas que apoyaba la solicitud parlamentaria, lamentó la decisión del máximo tribunal y aseguró que "muchos de estos casos llevan años, por lo tanto estos cuestionamientos no comienzan en 2021. Si eso no es negligencia y de importancia para la Corte Suprema, tanto para la opinión pública, entonces de verdad estamos muy mal como país. Hay que entender que un fiscal está para ayudar a las víctimas, y no para perjudicarlas".

Herrera y krumm

Uno de los casos recientes y de alta connotación pública fue la muerte del DJ penquista Diego Herrera al exterior de un pub en Concepción. El padre de la víctima, Carlos Herrera, aseguró que como familia no autorizaron a los parlamentarios a integrar la indagatoria de este caso en la solicitud de remoción y tampoco se generó ninguna conversación al respecto. Por el contrario, aseguró que "la fiscal Cartagena nos ha apoyado en todo, nos ha recibido 3 o 4 veces y cada vez que lo hemos requerido ella nos ha apoyado, pese a que no es la fiscal que lleva la causa de mi hijo".

En el caso de Bárbara Krumm, enfermera penquista que falleció en 2017, según el SML, presentando características de suicidio, la familia ha insistido durante los últimos años en la realización de nuevas diligencias pues apuntan a que la ex pareja de la víctima habría cometido un femicidio.

Valentina Quiero, prima de Bárbara Krumm señaló que luego de 6 años los avances en la investigación han sido demasiado lentos e incluso ya se había registrado un cambio de fiscal en la causa, con lo que finalmente pudieron concretar la exhumación del cuerpo de la víctima para realizar nuevas diligencias.

"En marzo de este año nos reunimos con la fiscal regional para abordar esta situación, ella nos respondió que se haría lo posible, pero desde entonces el fiscal de Talcahuano, José Orella solo ha tomado 3 testimonios de 12 personas que quieren declarar nuevamente en el caso de mi prima, pero el trato que hemos recibido ha sido desgastante y te das cuenta de que no se obtiene justicia", agregó Quiero.

16 diputados firmaron la solicitud de remoción en el segundo intento liderado por el parlamentario local Leonidas Romero

Por unanimidad, el Concejo Municipal de San Pedro de la Paz aprobó ayer la renuncia voluntaria del concejal Rodrigo Sutter, quien desde hace un par de semanas se encontraba suspendido de sus funciones tras ser condenado por conducción en estado de ebriedad, entre otros delitos cometidos en septiembre de 2021, cuando protagonizó un accidente automovilístico sobre el puente Llacolén.

Durante el concejo municipal realizado el pasado martes 14 de noviembre en la comuna, se dio lectura a la carta de renuncia voluntaria del ex concejal, en la cual indicó sentirse orgulloso del trabajo realizado y lamentó haber entorpecido de alguna manera el funcionamiento del órgano colegiado.

"El hecho que motive o justifique mi renuncia es la situación jurídica en la que me encuentro, que es un hecho de público conocimiento y por el cual he sido condenado en la justicia penal (...) que implica la suspensión de ejercicio de cargos públicos durante el tiempo de la condena, razón por la cual me encontraré impedido de reanudar mis funciones como concejal hasta el término del mandato", señalaba la misiva del ahora ex concejal.

A esto agregó que "es preciso velar por el buen y normal funcionamiento del Consejo Municipal y la correcta administración de la comuna, por lo que me veo en la necesidad de renunciar al cargo"

Cabe recordar que Rodrigo Sutter fue condenado por los delitos de conducción en estado de ebriedad causando lesiones graves y daños, no detener la marcha ante un accidente de tránsito, provocar lesiones leves, daños simples y maltrato de obra a carabineros.

Todo esto ocurrió en una seguidilla de hechos, que iniciaron con una colisión provocada por el ex concejal mientras manejaba bajo la influencia del alcohol desde Concepción hacia San Pedro de la Paz por el puente Llacolén. Tras el accidente Sutter se dio a la fuga, siendo más tarde ubicado y detenido por carabineros, lo que fue grabado y difundido por redes sociales.

Posteriormente su defensa apeló para anular el juicio, sin embargo el tribunal de alzada rechazó esta solicitud y confirmó la condena y accesorias legales, entre ellas la imposibilidad de ejercer cargos públicos durante el periodo de cumplimiento de las penas que suman 682 días en libertad.

Por la serie de delitos que fue encontrado culpable, Sutter cumple penas que suben 682 días, pero que debe cumplir en libertad

El OS14 de Carabineros y la Municipalidad de Concepción firmaron un convenio que permitirá realizar patrullajes mixtos, ampliando la cobertura en la comuna para la prevención y reacción ante delitos. tanto en la zona urbana como rural.

El convenio fue firmado por el jefe de la Zona Biobío, general César Bobadilla y el alcalde Álvaro Ortiz junto a vecinos del sector Lorenzo Arenas, con lo que se da inicio a patrullajes mixtos con personal de seguridad municipal y carabineros.

La definición de los patrullajes será parte de la coordinación que se realizará entre ambas instituciones sobre la base del análisis delictual de la comuna, lo que permitirá focalizar aquellas zonas en las que se requiere un mayor control y trabajo preventivo.

"Queremos lograr en cada una de las comunas tener un mayor despliegue policial, tener mayor presencia, mitigar algunos hechos de violencia, ir disminuyendo esa sensación de inseguridad que hoy tiene la población y también acotar los tiempos de respuesta", indicó el general Bobadilla.

En ese marco los inspectores ya iniciaron capacitaciones a cargo de funcionarios especializados de Carabineros, lo que tiene la finalidad de contribuir en sus conocimientos sobre las normativas, protección personal y eventualmente la detención en los casos de flagrancia, además de la participación en procedimientos complejos.