Por Karlyng Silva Leal

Un acto solitario, motivado por una ideología personal en apoyo a Palestina, pensado principalmente para llamar la atención y alterar el orden público. De esta forma fueron calificados los hechos que se le imputan a Celso Romanoch Jiménez Sanhueza, quien habría detonado artefactos explosivos en los principales centros comerciales del Gran Concepción el viernes pasado.

El fiscal de Concepción, Jorge Lorca, explicó que durante la formalización no se invocó la Ley Antiterrorista, ya que los antecedentes obtenidos hasta el momento no bastan para cumplir con la serie de circunstancias que se exigen. "Atendidas las características, los elementos utilizados que eran de bajo poder expansivo, en concreto la situación afortunadamente no puso a ninguna persona en riesgo, la Ley Antiterrorista exige que hayan afectados directamente. (En este caso) simplemente fue la seguridad y tranquilidad pública, que provocó la evacuación de estos lugares", agregó.

La magistrada Tania Galgani decretó la medida cautelar de prisión preventiva durante los 4 meses de plazo para la investigación para resguardar la seguridad de la sociedad, la seguridad de los recintos comerciales y un posible intento de fuga.

Formalización

En calidad de autor, Jiménez Sanhueza -estudiante de arquitectura en la Universidad del Bío-Bío- fue formalizado por los delitos consumados de colocar, activar y explotar 8 artefactos explosivos en los patios de comida y baños de los Mall del Centro, Plaza Trébol y Mirador Biobío.

A través de cámaras de seguridad, el fiscal expuso en la audiencia el recorrido realizado por el imputado al llegar al Mall Mirador Biobío a las 14:51 horas, subiendo al segundo piso donde dejó tres botellas plásticas de 500cc que contenían ácido clorhídrico o ácido muriático, junto con una cantidad indeterminada de papeles de aluminio enrolladas en forma de pelotas. Posteriormente repitió esta acción pero en el cuarto piso del Mall del Centro a las 14:51 horas, dejando tres artefactos más; y posteriormente se le registró ingresando al Mall Plaza Trébol a las 15:17 horas colocando dos de estos artefactos en el segundo piso.

El sujeto acudió a los tres lugares en solitario, aparentemente en locomoción colectiva, cambiando elementos de su vestimenta como un polerón, jockey, gafas y guantes, pero en todo momento llevaba una bolsa verde en las manos y una mochila lo que permitió identificarlo.

Jiménez fue detenido por personal de la PDI a las 21:57 horas en la Plaza Perú, teniendo en su poder un arma cortopunzante tipo corvo que no pudo justificar, por lo que también fue formalizado por infracción a la ley de armas.

Motivaciones

La Fiscalía confirmó que en los tres centros comerciales se encontraron panfletos alusivos al conflicto que se desarrolla entre Israelí y Palestina. En atención a que la tarde del viernes se había convocado a una manifestación por este tema, personal de la PDI acudió hasta la Plaza Perú donde ubicaron a Jiménez, cuyas características físicas, vestimentas y, principalmente, el rostro captado en las cámaras coincidían con él.

Al momento de la detención, se le encontró en la mochila 53 bolas de papel aluminio, un rollo de papel del mismo material, las vestimentas y accesorios portados por la persona que dejó los artefactos, es decir, polerón, jockey, guantes, un embudo plástico, una botella, tapas, etiquetas, una inscripción que decía "No al genocidio en Palestina", la bolsa reutilizable divisada en las imágenes y un arma cortopunzante

Luego también se concretó un allanamiento en el domicilio del imputado en Coronel, donde se encontraron impresiones de panfletos como los encontrados en los centros comerciales, una bola de papel aluminio, además de que se revisó el teléfono del detenido donde tenía fotos de estos panfletos y se identificó que en las búsquedas que realizaba en redes sociales había sacado el modelo de la consigna.

"Esta persona guardó silencio, por lo tanto solo podemos deducir en base a los elementos que dejó en los lugares, que decían relación con una causa específica y que tiene que ver con el conflicto palestino (...) No se identifican con ningún grupo, partido político, ni ningún otro antecedente que de cuenta de una organización", agregó el fiscal.

El Tribunal Oral en lo Penal de Concepción declaró culpable al cabo segundo de Carabineros Felipe Alfredo Molina Veloso, condenándolo a dos años de presidio como autor del delito consumado de apremios ilegítimos, ilícito perpetrado en octubre de 2019 en la comuna de Tomé, donde un adolescente de 17 años -al momento de los hechos- resultó herido con lesiones graves y secuelas psicológicas.

El tribunal dio por acreditado más allá de toda duda razonable que el 21 de octubre de 2019 la víctima Y.J.R.M.A. caminaba por calle Maipú en Tomé con dirección a su domicilio cerca de las 20 horas. En esos momentos se encontró con una manifestación en el marco del estallido social, donde carabineros comenzaron a disparar con elementos antidisturbios, por lo que el adolescente se refugió en un puente a la espera de que se calmara la situación.

No obstante, dos funcionarios de la PDI y dos carabineros, uno de ellos el cabo segundo Molina Veloso. El funcionario agredió a la víctima con su bastón de servicio en el labio superior, lo que le provocó la pérdida de una pieza dental -que hasta el día de hoy no puede recuperar por motivos económicos-. Luego el adolescente fue trasladado a la comisaría de Tomé, trayecto en el que fue nuevamente agredido.

A causa de esta situación, el joven resultó con lesiones de carácter grave y secuelas psicológicas, que lo mantienen al día de hoy con un cuadro depresivo mayor con ideación suicida. Además como esta situación se registró mientras la víctima era menor de edad, la ley lo consideró como una agravante.

No obstante, de acuerdo al Código Penal, el tribunal tomó en consideración las atenuantes por la colaboración del cabo segundo en la investigación, además de los planteamientos de la defensa en cuanto a la conducta irreprochable anterior y posterior al delito. Por esto el tribunal decidió sustituir la pena temporal a imponer por la de remisión condicional de la pena, es decir, cumplirla en libertad.

La Corte Suprema resolvió ayer rechazar la solicitud de 16 parlamentarios de remover de su cargo a la fiscal regional del Biobío, Marcela Cartagena, quien fue cuestionada de irregularidades en diversas investigaciones que se mantienen aún en curso y que han sido de connotación pública, como lo es el caso de Tomás Bravo, Sergio Mardoff, entre otros.

El documento evacuado por el pleno del máximo tribunal indicó que la solicitud parlamentaria invocó la causal de negligencia en el ejercicio de las funciones de la fiscal y por ende no estaría capacitada para supervigilar indagaciones. No obstante las pruebas adjuntadas no fueron suficientes para demostrar esta conducta para acceder a la remoción.

El documento indica que se acreditaron deficiencias en determinadas indagaciones, como lo fueron los casos Asipes, la desaparición de Sergio Mardoff, sumarios administrativos de fiscales que finalizaron sin sanciones, entre otros.

Pese a esto se indica que los hechos establecidos no permite atribuir responsabilidad directa a la fiscal regional.