Por Felipe Cuevas Mora

Nuevas revelaciones fueron las que se dieron a conocer a través de un informe final emitido por el capítulo regional de la Contraloría General de la República (CGR), que inspeccionó aspectos asociados a la labor diaria de los consejeros regionales en 2022.

Entre las principales conclusiones del documento, se revela que siete consejeros regionales -que además cumplen labores como funcionarios públicos en otras reparticiones- faltaron a sus trabajos remunerados un total de 1.232 horas para asistir a comisiones y sesiones ordinarias del órgano, de las cuales 353 fueron debidamente compensadas, mientras que aún deben responder por otras 879 horas no justificadas; cuestión que está normada por ley.

Además, los consejeros deben cancelar y justificar montos que alcanzan los $2,2 millones producto de viáticos que no fueron acreditados a nivel de peajes y pernoctaciones, ni localidades detalladas por las cuales solicitaron recursos para visitar.

En total, son 15 de los 28 consejeros que componían el órgano en la actual magistratura los cuestionados, de los cuales cinco ya no están en ejercicio producto que renunciaron para competir en las próximas elecciones municipales: Andrés Parra, Marcela Tiznado, Rodrigo Vera, Jaime Vásquez y Patricio Badilla.

Irregularidades

El documento de más de un centenar de páginas revela entre sus principales puntos que siete consejeros "se ausentaron de sus funciones habituales para atender las obligaciones inherentes al cargo de consejero regional, algunos incumplimientos de la obligación de compensar el horario no trabajado, como asimismo tampoco se les descontó de sus remuneraciones el valor equivalente al tiempo no recuperado".

Del universo de 1.232 horas incumplidas, los únicos consejeros que con justificación fueron Andrés Parra en la Municipalidad de Chiguayante (7) y Eduardo Borgoño ante la Dirección de Educación de Los Ángeles (346 de 545 horas); un caso especial es el de Francisco Reyes, quién se ausentó 161 horas de trabajo en la Superintendencia de Educación y comprometió la restitución de $2 millones de pesos.

En los casos de Jaime Vásquez (130 horas-Servicio de Salud Concepción), Rodrigo Vera (105 horas-Servicio de Salud Concepción), Anselmo Peña (77 horas-Educación Municipal de Lota) y Jacqueline Burgos (207 horas-Servicio Local Andalién Sur), las horas de ausencia no han sido debidamente justificadas y el órgano determinó a cada entidad "iniciar un proceso de regularización de lo observado, previo traslado a los profesionales ya indicados, y si procede, llevar a cabo las acciones necesarias para obtener el reintegro o la restitución de las sumas involucradas".

Además, se estableció que los consejeros Burgos y Vera presentaron licencias médicas y no respetaron el debido reposo, asistiendo a sesiones del consejo.

Otro de los hallazgos que realizó la Contraloría alude a la inexistencia de documentos que justifiquen el pago de $2.080.749 correspondiente a viáticos, "sin que se acredite para las localidades y fechas allí consignadas, la realización de sesiones o comisiones, o la existencia de un mandato autorizado por el Consejo Regional, así como tampoco, el correspondiente certificado de disponibilidad presupuestaria que exige la normativa", además de $141.519 no justificados para viáticos para pernoctar.

Entre los consejeros cuestionados por estos montos están Enrique Krause, Marcela Tiznado, Brenda Vigueras, Ivania Rojas, Roberts Córdova, Patricio Badilla y Leonidas Peña.

Dar respuestas

Consultado por la situación, el gobernador y presidente del Consejo Regional Rodrigo Díaz detalló que "procedió al descuento de las dietas de los consejeros de las cantidades cuestionadas por el ente contralor. Además, se detectó que en el caso de algunas personas habían presentado licencias en sus trabajos y se apersonaron a las sesiones, algo que no teníamos cómo saber acá. El secretario ejecutivo ofició a los consejeros para que informen sus licencias en el futuro porque sobre esta materia no tenemos mucho que hacer".

Pese a que varios de los consejeros involucrados no atendieron el llamado de este medio, quien si se refirió fue la consejera Ana Araneda, a quien se le revisó el viaje que realizó a la COP 27 en Egipto, sin detectar irregularidades.

"El informe nos llegó la semana pasada, y la Contraloría llega a resultados concretos. Varios colegas deberán cumplir con los requerimientos que se hacen, y uno debe cumplir siempre con probidad. En mi caso se señalaba que mi viaje a Egipto no se había hecho de forma administrativa, Contraloría señala que eso es falso y estoy tranquila de que mi labor la he realizado con total probidad", dijo.

2 millones de pesos son los que el consejero Francisco Reyes debe devolver por conceptos de horas laborales injustificadas.

15 consejeros regionales son los cuestionados en el informe emitido por el órgano contralor, cinco ya renunciados.

El artículo 39 bis de la ley N°19.175 señala que los empleadores públicos de quienes ejerzan cargos de consejero regional deberán conceder permisos necesarios para cumplir la labor hasta por 12 horas semanales no acumulables para asistir a las sesiones y comisiones, pero también que dichos permisos "no significa que él pueda sustraerse del cumplimiento del número de horas de trabajo que conforman su jornada ordinaria, añadiendo que si el funcionario no cumple con la obligación de compensar el horario no trabajado, debe ordenarse que se descuente de sus remuneraciones el valor equivalente a las labores no recuperadas".

Este lunes la fiscal regional Marcela Cartagena abordó los avances que lleva adelante el proceso investigativo del Ministerio Público en el Biobío en torno al caso Convenios: se indagan desde mediados de julio 13 causas asociadas a traspasos de recursos a fundaciones por parte del Gobierno Regional y el Ministerio de Vivienda y Urbanismo y defendió la labor ante las críticas por la no formalización de delitos en la Región, sumado al informe emitido por la Contraloría la semana pasada.

"Los fiscales al ejercer nuestro trabajo no sentimos presión. Es muy desajustado a lo que llevamos trabajando por meses y de forma seria, en todas las causas que se están investigando. Hemos ejercido un trabajo exhaustivo que rendirá sus frutos cuando sea necesario. Lo que sientan ciertas personas respecto al trabajo que hacemos no influye en nosotros", dijo, para luego agregar que "no nos vamos a apurar para hacer las cosas mal. Esto lo vamos a hacer de manera impecable; todos quienes han sido requeridos podrán decir la seriedad con que han sido llevado a cabo las diligencias".

Además, dijo que "se ha avanzado en los plazos que nosotros consideramos, tratándose de causas bastante complejas".

En paralelo a la alocución de la fiscal Cartagena, el diputado Eric Aedo (DC) ingresó una querella por eventual fraude al Fisco en el marco del Caso Convenios: "Yo espero que la Fiscalía y la justicia avance mucho más rápido en este proceso ya que el próximo año es un año electoral y van a ir a la elección nuevamente los gobernadores regionales. Necesitamos despejar eso antes de esta fecha".

Luego de que se conocieran los informes de Contraloría vinculados al Caso Convenios la semana pasada, tanto el Gobierno Regional como la Delegación Presidencial confirmaron que ya avanzan los sumarios mandatados por el órgano fiscalizador.

La delegada Daniela Dresdner explicó que en el caso del Minvu "hay sumarios que están en curso, otros que se van a iniciar producto del informe de Contraloría. Acá se trata de poner toda la información que se tenga a disposición de las distintas instancias para llegar a la verdad y si hay personas con culpas dentro del aparato público, deben asumir esas responsabilidades".

Sobre los dos funcionarios cuestionados, añadió que "para probar las faltas a la probidad existen sumarios, que es la herramienta que tenemos para hacer investigaciones acabadas. Si en esos sumarios se detectan faltas a la probidad, se tomarán las medidas correspondientes".

El gobernador Rodrigo Díaz en tanto, explicó que "se detectaron 20 observaciones, de las cuales 18 son de caracter administrativo y respecto de ellas, se establece un plazo de 60 días hábiles para responderlas. En los otros dos casos, se señala que se deben realizar sumarios y eso significa que revisarán particularmente la naturaleza de los convenios y cuatro casos donde una preevaluación no se realizó. Nosotros prestaremos toda la colaboración para que esta investigación sumaria se pueda llevar a cabo".

Sobre su rol respecto a la ONG RedCultivarte, donde la Contraloría dice que hubo falta a la probidad, dijo que "lo que señala en la argumentación, no en las conclusiones, es que no hay un problema con haber entregado esos recursos. Sin embargo, dice que no lo debiera haber firmado yo".