Por Felipe Cuevas Mora

A cuatro meses de que explotara el Caso Convenios a nivel nacional y se conocieran las primeras esquirlas en la Región del Biobío, por primera vez los órganos encargados de indagar las implicancias de las posibles irregularidades en el vínculo de instituciones públicas con fundaciones revelan detalles concretos sobre la profundidad del bullado caso.

En concreto, la Contraloría General de la República evacuó los primeros dos informes con las conclusiones a las indagatorias realizadas tanto al Gobierno Regional del Biobío como al capítulo regional del Ministerio de Vivienda y del Servicio de Vivienda y Urbanización, revelando entre otros aspectos irregularidades en la entrega de $1.280 millones a una quincena de fundaciones entre 2021 y 2023.

La cifra se desprende en $363 millones entregados por Minvu y Serviu a cuatro fundaciones, los cuales el órgano fiscalizador calificó como carentes de fundamentación para ser asignados de forma directa, apelando a que "no se establecen los fundamentos que justifiquen la asignación de los proyectos a las fundaciones, como tampoco se aportaron otros antecedentes que acrediten los motivos de dicha elección".

Los otros $917 millones corresponden al Gobierno Regional, particularmente "gastos observados cuya aprobación y contabilización respectiva aún se encuentra pendiente por parte del Gore", de un universo de $1.802 millones correspondientes a montos traspasados a nueve fundaciones solo este año.

Además, los documentos dan cuenta de una serie de irregularidades tanto a nivel de procedimientos de asignación de recursos, como también en el rol y posibles faltas a la probidad cometidas por funcionarios tanto del Gore como del Minvu, por lo que la Contraloría emitió una serie de recomendaciones para mejorar procedimientos y particularmente en el caso de Vivienda los antecedentes fueron remitidos tanto al Consejo de Defensa del Estado como al Ministerio Público; en el caso del Gore, el informe señala que muchos de los antecedentes revelados "ya están en poder de la Fiscalía Regional".

Ministerio de vivienda

A nivel del Minvu y Serviu, la Contraloría revisó un universo de $730 millones de los cuales se cuestiona la entrega de $363 millones a cuatro fundaciones (Urbanismo Social, ProCultura, EnRed y Espacio Lúdico).

A la hora de revisar el detalle de las conclusiones del extenso informe, se señala que en el caso del Serviu "la entrega de recursos a las fundaciones no había concordancia entre el objeto de la fundación, los giros aprobados por el Servicio de Impuestos Internos y las actividades convenidas que esta debía ejecutar, relacionadas con el PAP".

Mientras que, en el caso del Minvu, "se constató que los convenios suscritos con entidades privadas sin fines de lucro se realizaron mediante asignación directa de recursos, sin que los actos administrativos pertinentes que autorizaron tal método de otorgamiento estén fundados y acrediten documentadamente los motivos que lo justificaron".

Además, se cuestiona el rol de dos funcionarios vinculados con anterioridad a las fundaciones Urbanismo Social y ProCultura, y que luego se sumaron a la unidad que contrajo los convenios con las fundaciones cuestionadas.

Se trata de un funcionario que asumió en octubre de 2022 como encargado del programa de Asentamientos Precarios del Serviu, exdirectivo de Urbanismo Social, y de un funcionario que asumió en septiembre de 2022 como coordinador del programa de Asentamientos Precarios de la Seremi de Vivienda, entre otras funciones, y que había sido encargado territorial de Vivienda y Ciudad Identitaria de ProCultura; en el informe se reserva la identidad de ambos funcionarios.

Mientras el encargado de Asentamientos Precarios del Serviu hizo uso de su derecho de abstención ante proyectos vinculados con Urbanismo Social, el encargado de Asentamientos Precarios de la Seremi no informó posibles conflictos de interés ante la Seremi de Vivienda, al menos hasta el 23 de octubre pasado.

Gobierno regional

Algunos de los hallazgos que establece el informe evacuado la tarde de ayer por la Contraloría, señala que el rango de recursos observados alcanza los $7.037 millones en convenios con nueve fundaciones (ProCultura, Bonhomia, Horizonte Ciudadano, Mi Hogar Asuncionista, Educación Financiera, En Ti, Red Cultivarte, Corporación Ciudades e Impulsa Biobío).

En ellos se detectó falta de consistencia en cuatro casos entre el objeto de la fundación y de los convenios suscritos, falta de antecedentes requeridos en la postulación de ocho programas.

Además, de los $1.802 millones transferidos este año, el documento detalla que $917 millones fueron observados debido a que aún no cuentan con rendiciones desde las fundaciones: el Gore respondió que se "encuentran sometidos a investigación lo que incluyó en algunos casos la incautación de parte de la documentación original, situación que ha ralentizado el proceso habitual de revisión, y la consecuente demora en la aprobación, rechazo o contabilización de los gastos".

A nivel de funcionarios, se detectaron una serie de irregularidades y faltas a la probidad -en varios casos de funcionarios ya fuera del servicio- y la Contraloría recomienda "implementar actividades de control para prevenir la intervención de funcionarios cuando puedan verse afectados por un eventual conflicto de interés".

730 millones de pesos fueron revisados por la Contraloría en el caso de los traspasos desde Minvu y Serviu en Biobío.

7.037 millones de pesos fueron fiscalizados por el órgano público en el caso de los traspasos desde el Gore Biobío a fundaciones.

El gobernador Rodrigo Díaz manifestó que "todas las iniciativas que se revisan, el 100% fueron autorizadas por la Contraloría General de la República, todas fueron revisadas por la Contraloría. Él hace una presentación genérica sobre una cantidad importante de 15 entidades relativas al Ministerio de la Vivienda y habla también de una cantidad superior a la decena de gobiernos regionales".

"Ahora, no estamos libres de que tengamos errores administrativos, no estamos libres de que existan personas que abusen, no siendo funcionarios públicos del sistema, y para eso están las instituciones públicas", añadió.

Consultados tanto la Seremi de Vivienda como el Serviu Biobío, declinaron entregar declaraciones y se apegaron al comunicado emitido por el Ministerio de Vivienda, que señaló que "desde los primeros días de conocerse el Caso Convenios, hemos actuado de manera seria y proactiva, iniciando investigaciones internas, estableciendo responsabilidades políticas y administrativas".

En días anteriores, la delegada Daniela Dresdner en tanto, dijo que "la transparencia es esencial al entregar la información y adoptar las medidas que se nos recomienden en estos informes".

El diputado DC Eric Aedo manifestó que "el informe es lapidario: es un mecanismo para defraudar al Fisco. Se armó una maquinaria para sacar dineros a través de las fundaciones para financiar la actividad política".

Los ejecutivos y personal técnico especializado de EFE Sur destacaron los significativos avances en los trabajos de reparación de los trenes de pasajeros siniestrados en los lamentables accidentes del 1 de septiembre, en el cruce ferroviario de Boca Sur y el 4 de octubre, en el cruce ferroviario Cardenal Silva Henríquez, que causaron graves daños en la infraestructura ferroviaria y en el material rodante involucrado.

Las dos máquinas se encuentran en el Taller ferroviario Hualqui, quedando fuera de servicio debido a los importantes daños causados. Se trata de dos trenes eléctricos, modelo EMU serie 100, fabricados por la empresa china CRRC, con capacidad para transportar aproximadamente 700 pasajeros cada uno.

La ausencia de ambos convoyes ha provocado un impacto significativo en el servicio, ya que se han dejado de entregar cuatro viajes en hora punta en la Línea 2 del Biotren, que conecta las comunas de Coronel y Concepción, afectando a alrededor de 2.300 pasajeros al día.

Atendiendo la urgencia de la reparación y vuelta a la operación de ambos trenes es que se implementó un sistema de tres turnos de trabajo para acelerar los tiempos de refacción, logrando sumar para el próximo lunes 13 de noviembre uno de los trenes a la Línea 2.

Al respecto Pedro Baeza Tapia, gerente de Operaciones de EFE Sur, comentó que "estamos conscientes de que la reincorporación de este convoy no es una solución definitiva, pero permitirá movilizar a aproximadamente 1,400 pasajeros adicionales en hora punta, lo que es un paso importante en la mejora del servicio". En cuanto al otro tren, que sufrió daños más graves, se continúa trabajando en tres turnos y se espera ponerlo en servicio antes de fin de año.

239 millones de pesos costará la reposición tanto del vagón afectado como del cruce Cardenal Silva Henríquez.