Por Redacción

La Cámara de Diputados aprobó y despachó ayer el veto del Gobierno a la Ley de Usurpaciones, con lo que el cuerpo legal que incluye 14 indicaciones del Ejecutivo quedó listo para su promulgación por parte del Presidente Gabriel Boric.

Estas observaciones fueron presentadas por La Moneda luego de que se aprobara originalmente la ley que fue calificada como negativa por la ministra del Interior, Carolina Tohá, quien cuestionó que se visara la legítima defensa privilegiada o la obligación de imponer penas de cárcel a quienes usurparan terrenos sin importar si la acción se hacía de forma no violenta.

Tras el veto se excluyó la figura de la legítima defensa privilegiada y las sanciones dependerán de la gravedad del delito: las penas llegan hasta cinco años por usurpaciones violentas; hasta tres por usurpaciones con daño sobre las cosas y hasta 541 días o multa por usurpaciones sin violencia, según decida el juez.

Debate álgido

No fue una discusión sencilla en la Cámara Baja luego de que las disposiciones fueran aprobadas en el Senado. De hecho finalmente los diputados de oposición se dividieron, lo que se evidenció al momento de argumentar antes de la votación.

Henry Leal (UDI) dijo que "espero que ningún parlamentario de derecha vote con el Gobierno, sería impresentable e inconcebible para nuestro electorado. Con mi voto y con los votos de la UDI ese triunfo no lo va a tener el Gobierno".

Esto fue cuestionado por José Carlos Meza (Republicanos): "A quienes quieren parecerse a los Republicanos: no se conviertan en una versión Fruna de los Republicanos, porque cuando se trata de la seguridad de los chilenos nunca hemos negado el apoyo a las víctimas. Los gustitos políticos no están para estos proyectos".

Mientras que Francisco Undurraga expuso que "desde Evópoli vamos a apoyar el veto. Creemos que es el mal menor".

Finalmente RN y la UDI votaron en bloque contra el veto, mientras que Evópoli y parte del PDG y Republicanos lo aprobaron. Ante ello el diputado Andrés Longton (RN) afirmó que "el Partido Republicano votó a favor de un veto diseñado por el Partido Comunista y el Frente Amplio para que las usurpaciones se mantengan en la impunidad".

Oficialismo dividido

No solo la oposición votó dividida; en el oficialismo se descolgaron también algunos legisladores del Partido Socialista, el Frente Amplio y el Partido Comunista.

Ante ello la ministra Secretaria General de Gobierno, Camila Vallejo, dijo que "hubo avances, hubo cambios de posición y otras aprensiones que, lamentablemente, quedaron hasta el final, pero que en el saldo final nos arrojan un resultado positivo. Yo lamento que se hayan mantenido esas aprehensiones porque las indicaciones o el veto del Gobierno estaba debidamente fundamentado".

"Nos hubiera gustado contar con todos los votos a favor de todos los parlamentarios, incluyendo la bancada del Partido Comunista, es cierto, pero esto es parte de la democracia y lo importante es que avanzamos en la conversación y avanzamos en las posiciones gracias al esfuerzo el trabajo de los equipos de Gobierno y también a la disposición de las bancadas", añadió la vocera.

La ministra del Interior, Carolina Tohá, cabeza de las negociaciones por parte del Ejecuti vo, valoró que "creemos que esto va a permitir que la Ley de Usurpaciones reformada, después de todo este esfuerzo legislativo, sea una ley que dé mayores garantías de efectividad para reponer el derecho de quienes son víctimas de este delito, dé herramientas efectivas para que las policías reaccionen cuando este delito se comete, y que, al mismo tiempo, las sanciones que se aplican sean proporcionadas a las distintas expresiones que este tipo de delito tiene".

La ministra del Interior, Carolina Tohá, reconoció ayer que cinco atletas cubanos que desertaron de su delegación en la última jornada de los Juegos Panamericanos "se acercaron a solicitar refugio" a las oficinas del Servicio Nacional de Migraciones.

La jefa de gabinete sostuvo que "no podemos decir quiénes son porque este proceso tiene una característica de reserva, tampoco los méritos de la solicitud, porque tienen que analizarse el proceso para eso, pero hecha la solicitud, entra en este procedimiento de análisis".

En esa misma línea, complementó diciendo que sobre "las demás personas que no se fueron, o se retiraron con su delegación, nosotros no sabemos dónde están y hasta que no venza su visa, están legalmente dentro del país; pueden estar en cualquier situación, no tenemos ninguna información al respecto".

Incluso en una intervención previa había pedido "no especular" respecto a la situación migratoria de los deportistas, ya que "perfectamente pueden estar en Chile haciendo turismo".

Mientras, el director de Migraciones, Luis Thayer, afirmó en radio ADN que "vamos a evaluar las solicitudes que recibamos caso a caso, con un criterio técnico, y en función de eso, se propondrá, a la subsecretaría de Interior el otorgamiento o rechazo de la solicitud". Consultado por el contexto que hay detrás de la situación de los deportistas, Thayer comentó que "siempre hay un contexto político, y en el caso de Cuba, de Venezuela, de países donde se puede identificar y han llegado personas que declaran que tienen problemas de persecución, en fin, nosotros evaluamos el caso a caso".

Agregó que las solicitudes se aprueban o rechazan "no por el hecho de ser cubano o venezolano. De hecho Brasil lo hizo, otorgar refugio por el hecho de ser venezolano, pero ese criterio en Chile no se ha aplicado".

La crítica situación que afecta a la educación pública en la Región de Atacama, cuyos profesores mantienen un paro desde hace más de dos meses, llevó a que todos los integrantes de la Comisión de Educación del Senado firmaran una solicitud de audiencia para que el Presidente Gabriel Boric los reciba para que puedan proponerle una solución que pasa por la paralización temporal del traspaso de los establecimientos. Mientras, profesores de esa región llegaron a Santiago para pedir la declaración de "emergencia educativa".

"El cambio de sostenedor de los establecimientos de educación pública que significó la Ley 21.040 -pasando de la administración municipal a los denominados Servicios Locales de Educación Pública (SLEP)-, hoy nos tiene en una situación de crisis pedagógica, administrativa y de convivencia escolar de la educación pública que veníamos enfrentando desde la pandemia, y se ha tornado un problema de primera preocupación", expone el texto firmado por José García Ruminot (RN), Yasna Provoste (DC), Carmen Gloria Aravena (Republicanos), Fidel Espinoza (PS) y Gustavo Sanhuenza (UDI).

Los parlamentarios aseguran que "se hace urgente realizar una pausa en los procesos de traspasos que incorporan más territorios a esta nueva forma de administración de la Nueva Educación Pública".

"Esta pausa debe estar destinada a evaluar, corregir, reformar y orientar las acciones de corto y mediano plazo para que vayan correctamente direccionadas a superar el actual estado de crisis y mejorar la educación pública desde la educación inicial a la educación media, incluyendo a la técnico profesional y la educación de adultos", agregaron los legisladores.

"No es una pausa para retroceder sino para corregir las dificultades de la implementación inicial, hacer las correcciones legislativas y consensuar transversalmente un Plan de Recuperación de la Educación Pública en Chile", precisaron.

Piden audiencia

Paralelamente, una delegación de profesores de Atacama llegó a Santiago con la intención de que el Presidente Boric los reciba para abordar la crisis.

Yariela Ardiles, líder del Colegio de Profesores de Copiapó, acusó en CNN que "la subsecretaria (Alejandra Arratia) y los asesores que llegaron a Atacama mostraron incapacidad, porque esto se transformó en un plan local. Ellos saben que las empresas privadas y una municipalidad son las que están trabajando en los establecimientos. Las autoridades del nivel central fueron incapaces de llevar dineros frescos".

También apuntó que "quedaron obviamente deslegitimados" cuando no frenaron la prueba Simce, que estudiantes atacameños rindieron ayer pese a las reparaciones que siguen en curso en diversos colegios. "La subsecretaria dijo que iba a suspender el Simce y no lo hizo", remató la dirigenta.

Junto con ella el presidente del magisterio en Atacama, Carlos Rodríguez, sostuvo que "vinimos a conversar con la ministra del Interior a establecer un 'estado de emergencia educacional' para Atacama. No hay otra salida, porque necesitamos funcionarios, profesionales tanto del ministerio, de la DEP (Dirección de Educación Pública) trabajando en Atacama, no visitándola. El ministro se equivoca, no estamos negociando con él; él tiene que cumplir la obligación de tener adecuadamente las escuelas y liceos para hacer clases dignas a nuestros niños, niñas y jóvenes de Atacama".

Incluso el recién asumido defensor de la niñez, Anuar Quesille, se sumó al debate y afirmó que en el organismo que lidera "estamos evaluando la interposición de recursos judiciales" en favor de los estudiantes atacameños.

El Instituto Nacional de Estadísticas (INE) informó que la inflación tuvo un aumento del 0,4% durante el mes de octubre, con lo que el IPC acumula 3,7% en lo que va del 2023 y un alza a 12 meses de 5%, bajando una décima desde la última medición. La meta de los especialistas es que el año cierre con un 4% de inflación a 12 meses, aunque la disminución del dato ha sido lenta desde agosto. Y con este resultado, se prevé que la Unidad de Fomento (UF) suba 145 pesos, pasando de los 36.461 a 36.606 pesos hasta el 9 de diciembre.

La presidenta del Banco Central, Rossana Costa, señaló que "nos parece un dato positivo llegar a una inflación del 5%. Es un avance adicional en el proceso de convergencia inflacionaria. Son todavía inflaciones que hay que seguir controlando, todavía hay tarea pendiente. Pero sigue marcando una tendencia que va alineada con las proyecciones".