Altos arriendos y lentitud en entrega de permisos complica a migrantes
Desde organizaciones de apoyo a migrantes indicaron que nueva legislación debía regular los costos y que por ello muchos optan por comunas de menor población.
Tras la muerte de 14 personas de nacionalidad venezolana en un incendio registrado este lunes en Coronel, organizaciones de migrantes advirtieron que el alto costo de vida y las dificultades que enfrentan quienes ingresan al país por pasos fronterizos no habilitados ha provocado que familias enteras deban recurrir a el arriendo de menor costo en tomas ilegales. Así también realizaron cuestionaron a las autoridades por la falta de atención a los derechos de los niños migrantes.
Tras reunirse con el embajador de Venezuela para ver la forma de apoyar el proceso de repatriación de las víctimas fatales que incluye a 8 menores de edad, la presidenta de la Organización de Venezolanos (Orve) en la Región del Biobío, Francia Campos, explicó que esta situación es un reflejo de las dificultades que enfrentan los migrantes que aún se encuentran en situación irregular en nuestro país.
"Si bien desde que el Gobierno anunció el cierre de las fronteras la cantidad de venezolanos que ingresan de forma irregular ha disminuido, esta situación se continúa registrando, pero a diferencia de años anteriores ya no llegan directamente a Concepción, sino que buscan comunas un poco más distantes para que se les haga más fácil la estadía", agregó.
Alto costo de vida
Por su parte, la presidenta de la fundación Amigos Migrantes Sin Fronteras, Viviana Yepes, comentó que se ha registrado un alza en los costos de vida en Concepción y sus alrededores, lo que de forma inevitable ha provocado que los migrantes deban buscar otras opciones como Coronel y Lota para arrendar a precios más accesibles, sobre todo cuando se encuentran en situación irregular y no tienen la posibilidad de trabajar legalmente.
"Se supone que la nueva ley migratoria debía regular los arriendos excesivos, pero en la práctica se está empujando al migrante a un estado de vulnerabilidad absoluto, donde desgraciadamente se vio lo que pasó en Coronel y que lamentablemente tuvo también a niños involucrados, entonces es una responsabilidad de la sociedad, de nosotros, del Estado, porque si no les dan la oportunidad a esos adultos al final igual se vulneran los derechos de los niños", planteó Yepes.
En la misma línea, Campos indicó que "quienes ingresan por pasos inhabilitados no pueden arrendar por su situación migratoria, por lo que primero llegan a refugios, en algunos casos a la casa de un amigo en una toma y luego sucede lo que hoy vemos: deben refugiarse en lugares con condiciones precarias, donde no están las medidas de seguridad ni servicios requeridos para tener un poco más de calidad de vida".
Apoyo social
Respecto al apoyo que pueden obtener quienes se encuentran en estado irregular, la Yepes planteó que "en estricto rigor debería ser el municipio quien haga la primera acogida, y no me cabe ninguna duda de que muchos en la región del Biobío están dispuestos a hacer todo lo humanamente posible para acoger al migrante, el tema es que la ley no se los permite, porque como son irregulares no tienen ningún beneficio. Al final quedan a merced de los inescrupulosos que venden o arriendan a alto costo y la solidaridad de las organizaciones".