Por Felipe Cuevas Mora

Esta semana, dos mujeres fueron detenidas en San Pedro de la Paz luego de incumplir el pago de una multa tras no presentarse a cumplir el rol de vocales de mesa en las elecciones presidenciales de diciembre de 2021 -tras la detención pagaron las multas y quedaron en libertad-, cuestión que generó inquietud tanto por lo inédito del procedimiento como también por el desfase con que se realizó la intervención policial.

A nivel de juzgados de policía local de la Región admiten el agobio y retraso en la tramitación del pago de multas de este tipo, producto de la sobrecarga que han sufrido al implementarse el voto obligatorio desde el año pasado: en promedio existe un retraso de un año entre la recepción de las denuncias por parte del Servicio Electoral (Servel) y la notificación a los involucrados.

La acumulación de carga laboral se acrecentó este último año, luego de que en marzo el Servel denunciara incumplimientos electorales de 95 mil personas en la elección del plebiscito de salida de septiembre pasado, a la espera de notificar los incumplimientos de la elección de consejeros constitucionales de mayo.

La jefa de operaciones del Servel Biobío Pamela Manríquez explicó que "como servicio hacemos entrega de las denuncias de los procesos electorales obligatorios, y ya lo hicimos respecto al plebiscito de septiembre del año pasado. Las hicimos en marzo y los juzgados llevan varios meses haciendo las citaciones, cuestión en la que nosotros no tenemos competencias".

Además, explicó que las denuncias de quienes no cumplieron su labor como vocales de mesa son realizadas por las juntas electorales respectivas, y que "el primer proceso electoral obligatorio que se volvió a realizar después de todos los cambios fue el de septiembre del año pasado. Ahí cumplimos con lo que mandata la ley de hacer las denuncias dentro del año calendario, pero nos adelantamos bastante. En el caso de la elección de mayo, estamos en la etapa de confección de denuncias tras la captura de datos de los electores que participaron y que no lo hicieron".

Labor de los juzgados

El juez de policía local de Coronel y presidente del capítulo regional del Instituto Nacional de Jueces de Policía Local (Injpl), magistrado Alex Moya explicó que el procedimiento de detención de personas que incumplen el pago de multas por inasistencia al proceso electoral es más habitual de lo esperado pese a ser una cifra ínfima respecto a quienes cumplen con la normativa, tanto como para presentar las excusas como para pagar las multas.

"Lo que ha ocurrido en San Pedro de la Paz no es algo sorprendente, porque es bastante común en los juzgados de Policía Local ya que estamos facultados para ello. Pero también no es que se aplique la sanción sin que haya una multa previa; por la gran cantidad de denuncias que recibimos, es una consecuencia natural el hacer efectivas las normas de la ley", apuntó.

Junto a ello, el magistrado dijo que "las personas pueden saber por varias formas si fueron vocales de mesa, pueden luego presentar las excusas al momento de ser citados, y si no comparece se presenta la sentencia. Luego de ello viene la multa, y la notificación, habiendo un completo proceso antes de llegar a esa situación", y dijo que en otros procedimientos como asociados a tránsito no se ve esta situación porque hay otros registros que se consideran.

Moya también reafirmó lo señalado en marzo respecto a la sobrecarga laboral que tienen y expuso que "seguimos en la misma situación. Lo que se cambió con Servel en algunas reuniones de trabajo fue la forma de cómo se denunciaba: en el Biobío, las denuncias se han realizado de forma material, en papel y en muchos tribunales las denuncias de Servel han significado el ingreso de un solo año y la tramitación se ha hecho en base al recurso humano que tienen en cada tribunal. Además, recién tenemos las denuncias del plebiscito de septiembre del año pasado, y aún nos falta recibir las de mayo y las que vendrán ahora en diciembre".

"Estamos bastante sobrecargados, pero al llegar las denuncias nosotros inmediatamente las tramitamos", aseguró.

por inasistencia a votar en 2022

159 mil personas no sufragaron en los comicios de septiembre del año pasado, de ellas 95 mil fueron denunciadas.

La municipalidad de San Pedro de la Paz informó este martes, en el marco del concejo municipal, que fue notificado oficialmente de la sentencia al concejal Rodrigo Sutter producto de la causa en su contra por un choque en estado de ebriedad en septiembre de 2021.

Entre los principales elementos que le fueron notificados a la casa edicilia, se informó que junto con la suspensión de su licencia de conducir se contempla la inhabilidad de ejercer cargos públicos por 600 días, por lo cual se le suspendió de su función como edil hasta que termine el periodo municipal en curso.

El director jurídico Marco Mena indicó ante el concejo que "el día de ayer (lunes) se recibió la notificación del Juzgado de Garantía de San Pedro de la Paz respecto de la sentencia definitiva y ejecutoriada por el proceso legal en contra del concejal Sutter. La sentencia que se acompaña refiere en lo grueso que el edil se encuentra suspendido de su cargo como empleado público".

"Al haber tomado conocimiento el municipio al igual que la Contraloría, el concejal se encuentra suspendido de sus funciones por todo el periodo igual al cumplimiento de la pena, sobrepasando el periodo alcaldicio en curso", añadió.

Ante la consulta de la concejala Camila Ortiz, Mena detalló que "la suspensión tiene un carácter temporal, y la sola suspensión no significa la vacancia en el cargo, lo que no requeriría un reemplazo".

El concejal Edgar Navarrete en tanto dijo que "lamentamos lo ocurrido. Para nosotros no fue sencillo comenzar esta labor con este episodio, fue lamentable para las personas involucradas y el concejal Sutter, además de las víctimas del accidente. Desde este concejo se hizo todo para transparentar el proceso, operó la justicia y no me gustaría que a ninguno de nosotros nos sucediera algo similar".

Su par Cristina Burgos dijo que "fue una persona que trabajó mucho en las presidencias que se le dieron, y deseo que en el nuevo camino que asuma le vaya bien, porque esta es una situación compleja".

En días anteriores, el alcalde Guiñez manifestó que "hay temas administrativos para realizar el reemplazo, en caso que sea necesario, porque el está suspendido de sus funciones y la justicia es la que debe actuar".

El concejal Rodrigo

Sutter fue detenido

a inicios de septiembre luego de chocar en estado de ebriedad.

La seremi de Vivienda y Urbanismo Claudia Toledo confirmó que esta semana la unidad que lidera recibió un informe por parte de Contraloría, en el marco de una serie de indagatorias vinculadas al Caso Convenios y sus esquirlas en la Región.

Particularmente, el zoom está puesto en los convenios que suscribió Serviu con la Fundación Urbanismo Social por más de $550 millones en los últimos dos años, considerando que la delegada Daniela Dresdner cumplió labores en dicha organización, razón por la cual la Fiscalía Regional mantiene abiertos trece focos de investigación, entre ellos uno vinculado a la causa ya mencionada.

La secretaria ministerial explicó que "se está analizando la información que viene en el informe que recibimos el martes en la tarde. Pusimos a disposición la información a todos los organismos que la solicitaron, entregamos los antecedentes, debemos analizar el informe en su mérito, junto a los equipos jurídicos y seguiremos con esa disposición para cumplir lo que dice".

La delegada presidencial Daniela Dresdner en tanto dijo que "estos informes llegaron a algunas reparticiones, a nosotros no nos ha llegado nada todavía y lo evaluaremos en los méritos que tiene. Pero hemos dicho que la transparencia es esencial, al entregar la información y adoptar las medidas que se nos recomienden en estos informes".