Por Redacción

El Instituto de Salud Pública (ISP) reveló ayer que 45 personas han muerto y otras 786 son sospechosas de estar contagiadas por un brote de infecciones intrahospitalarias de la bacteria Burkholderia, que se mantiene activo, a causa de la contaminación de medicamentos del Laboratorio Sanderson.

La coordinadora de gestión de la Agencia Nacional Medicamentos del Instituto de Salud Pública, Alma Belmar, compareció ayer ante la comisión de Salud del Senado e informó que de los 786 casos sospechosos, 563 han sido confirmados con alguna presencia de la bacteria o sus clones.

Y el subsecretario de Redes Asistenciales, Osvaldo Salgado, explicó que "en el caso de la Burkholderia, la mortalidad asociada es cercana al 1%. Cuando se habla de los fallecidos en estos brotes, en realidad se habla de pacientes que han fallecido con la presencia del germen, y no necesariamente porque han fallecido a causa de este".

El ISP instruyó hace cerca de un mes retirar del mercado todos los productos fabricados por el Laboratorio Sanderson debido a una "contaminación microbiológica". Sin embargo, posteriormente la autoridad sanitaria acotó la determinación a sueros.

El comunicado señaló en ese momento que "a partir de hoy, 29 de septiembre, la cuarentena se mantendrá vigente sólo respecto del Cloruro de Sodio al 0,9% cuyo envase primario corresponde a material plástico de gran volumen, que hayan sido fabricados a partir de abril de 2023".

Polémica interna

Esta crisis generó, hace una semana, la petición de renuncia al director del ISP, Rubén Verdugo, fuertemente cuestionado por las acciones que adoptó el organismo en este tema.

En primera instancia se ordenó el retiro de todos los insumos de laboratorio Sanderson, lo que causó que varias atenciones y cirugías del sistemas público se vieran suspendidas. Posteriormente, en un nuevo intento, el ISP aclaró que la cuarentena sólo correspondía al cloruro del sodio al 0,9%.

En esa oportunidad, el Colegio Médico cuestionó duramente la labor de Verdugo (nombrado en marzo), y la ministra de Salud, Ximena Aguilera, mencionó que "hubo un efecto comunicacional y luego se suspendieron prestaciones y es delicado", por lo que instruyó un sumario administrativo.

Así, se determinó pedir la salida del actual director del Instituto de Salud Pública, lo que a juicio de Luis Caroca, presidente de la Federación de Trabajadores de la Salud del ISP, es "sumamente injusto", y apuntó a motivaciones políticas.

Un violento crimen se registró ayer en la comuna de Padre Hurtado, Santiago, cuya víctima fue Sabrina Durán Montero, conocida como "narco reina" del sector y popular influencer en TikTok, apodada Ina. La mujer, que fue asesinada con siete disparos, se encontraba en libertad vigilada desde hacía aproximadamente un mes, luego de cumplir una pena por el delito de microtráfico de drogas. A su haber, además, mantenía antecedentes policiales por receptación de un vehículo motorizado y robo de accesorios de vehículos.

Carabineros indaga, junto con la posible teoría de ajuste de cuentas, un robo del que la joven de 22 años habría sido víctima.

Un video al que tuvieron acceso los medios de comunicación mostró que desconocidos emboscaron a la influencer con su vehículo, del que se bajó otro sujeto, a rostro descubierto, con pantalón y polerón negro, y una arma corta en su mano derecha. Ina se ve tirada en la calle, incapaz de mover la parte inferior del cuerpo, pero sí arrastrándose con las manos y los brazos antes de que el responsable de los disparos la rematara.

El vehículo involucrado luego fue encontrado quemado en la comuna de Quilicura.

Minutos antes de comenzar la votación del veto a la ley de usurpaciones en la comisión de Seguridad del Senado, el presidente de la instancia, Felipe Kast (EVO), anunció que una vez que se promulgue la normativa, Chile Vamos presentará otra para "restablecer las penas de cárcel".

En ese momento, el senador indicó que entre los 14 vetos presentados por el Ejecutivo había un elemento que, como oposición les "dolía mucho", refiriéndose a la graduación de pena de cárcel a multa en algunos casos.

"Dado que para poder imponer la voluntad del Congreso se necesitan 2/3, lo más probable es que el Gobierno haya logrado y logre imponer su voluntad. Por lo tanto será el Gobierno el que tendrá que explicarle al país por qué en Chile, después de su veto, robar un celular en un supermercado va a tener penas de cárcel y usurpar una parcela va a ser simplemente una multa", sostuvo el legislador.

En ese sentido, anunció que desde la comisión no se recalificaría el veto: "Vamos a jugar con la regla del juego en forma limpia y vamos a votar en conciencia", dijo Kast.

Si bien son 14 vetos, el Ejecutivo hizo especial hincapié en dos asuntos: La "autotutela" y la gradualidad de las penas en caso de usurpaciones no violentas, abriendo la posibilidad a que se pueda multar en estos casos y no solo se aplique pena de cárcel.

Con todo, se aprobaron diez vetos y se rechazaron cuatro.

En medio de la compleja situación que enfrenta la educación pública en la Región de Atacama, han surgido distintas voces que cuestionan el proceso de traspaso de los establecimientos desde los municipios a los nuevos Servicios Locales de Educación Pública (SLEP), conocido como "desmunicipalización", como es el caso de la región nortina.

Los profesores de los colegios públicos de Atacama llevan más de 50 días en paro en protesta por las deplorables condiciones de infraestructura de los establecimientos educacionales, situación por lo que responsabilizan directamente al Servicio Local de Educación Pública (SLEP) y a su mala administración, que además ha estado marcada por acusaciones de malversación de recursos.

El gobernador regional, Miguel Vargas (Ind.), comentó que "Atacama fue el conejillo de indias de todo el proceso de traspaso de la educación pública desde los municipios hasta los Servicios Locales de Educación". "Aquí tenemos el 100% de los colegios (públicos) traspasados al SLEP".